El primero, al elegir puntillosamente a quién atacar: la petrolera Shell, el gigante siderúrgico Techint y el Grupo Clarín (controlante de Cablevisión) son tres empresas a las que el Gobierno ha puesto claramente en el lugar de enemigos, y éstas, en general, no han acatado sus órdenes.

Por otra parte, incluyó en su embate a buena parte de las consultoras económicas que miden la evolución de la inflación, cuyos resultados suelen duplicar y aun más las proyecciones oficiales en la materia. En 2010, por ejemplo, el índice oficial registró una variación de 10,9%, mientras que para los estudios privados el cálculo rondó el 25 por ciento. Entonces, la preocupación no es la inflación, sino lo que se diga sobre ella.

Por otra parte, nuevamente la acción oficial entra en contradicción con lo que expresan las declaraciones: "No hay inflación, sino aprovechamiento de algunas empresas para jorobar a los consumidores", insistió ayer Boudou en diálogo con Radio Continental. Sin embargo, las iniciativas conocidas ayer muestran que, en realidad, la administración Kirchner sabe que el constante aumento de los precios amenaza la evolución de la economía, cuya consecuencia política puede afectarla de cara a las próximas elecciones.

También tiene raíz política el hecho de que Boudou se haya puesto al frente de estas iniciativas, cuando hasta ahora ese rol lo jugaba el secretario de Comercio Interior, Mario Guillermo Moreno, que en el organigrama depende de Economía pero que ha dado sobradas muestras en todos estos años de que sólo reportaba a la Presidencia. El ministro, es sabido, es uno de los precandidatos del oficialismo a jefe de gobierno porteño.

El otro punto que se confirma es que el Gobierno sigue administrando con normas no escritas o, en el mejor de los casos, tomando como único argumento las viejas leyes de abastecimiento y de lealtad comercial, fuertemente cuestionadas, especialmente en el primer caso. De hecho, la mayoría de las veces que pretendió castigar a alguna empresa o sector basándose en ella, la Justicia terminó revocando la medida.

Excepto en el caso de las tarifas de servicios públicos, la mayoría de los precios en la Argentina, según la legislación vigente, están desregulados desde los años 90. Esto es lo que provoca más incertidumbre entre los empresarios, porque no saben a qué atenerse cuando planean tomar una decisión sobre su actividad, dado que el Gobierno toma medidas sin atenerse a ese marco legal, como cada vez que quiso congelar los precios de los combustibles.

Tampoco nadie explicó por qué se resolvió avanzar sobre la actividad de los estudios económicos que, apenas en diciembre, se reunieron con la delegación del FMI que asesorará al Gobierno sobre cómo debe trabajar el cuestionado Indec. Si realmente se está buscando un acercamiento con el organismo internacional, es difícil entender esta medida. Claramente, el objetivo político en este caso es encontrar algún elemento que le permita desacreditar luego la calidad de esas mediciones.

El gran problema es que ninguna de estas medidas sirve para combatir efectivamente la inflación, como lo comprueban diariamente los millones de consumidores que Boudou dice defender. Los precios de la canasta básica acumularon el último año un aumento del 30 al 40%.