Apenas la Cámara Federal confirmó su procesamiento, Macri aseguró que le gustaría someterse a un juicio oral para obtener una sentencia que, descuenta, será absolutoria. Sólo así, entiende, se despejaría definitivamente el camino para 2011.

Macri intuye que sólo un tribunal oral federal -aseguran en los Tribunales que sus integrantes no cayeron en los vicios que se esparcieron entre varios de los magistrados inferiores- le puede asegurar la imparcialidad para juzgar este caso tan político.

Si el fallo fuese absolutorio, recibiría un puntapié para su candidatura. Pero, aun en ese caso, habría que evaluar cuántos daños habrá sufrido hasta llegar a ese crucial momento, que no será cercano: el juez Norberto Oyarbide maneja los tiempos para acelerar o demorar la elevación del caso a juicio.

Por el contrario, si Macri fuese condenado, verá sepultado su proyecto presidencial. En 2005, la Cámara Nacional Electoral prohibió al ex gobernador de Corrientes Raúl Romero Feris asumir su banca de senador, para la que ya había sido elegido, porque había sido condenado por un delito doloso. Un político condenado no puede competir por el cargo.

Por ahora, la realidad obliga a Macri a ser optimista. Hoy es un precandidato con pronóstico reservado y, si no logra despejar los nubarrones que penden sobre su cabeza, los suyos y sus potenciales aliados no verán atractiva su postulación. Esto también explica la jugada de facilitar su propio juicio político.

A la hora de enfrentar un juicio oral y público, Macri tiene en su favor la endeblez de los argumentos esgrimidos por Oyarbide y por la Cámara Federal, que alcanzaron para procesarlo, pero parecerían insuficientes para fundar una condena de un tribunal oral.

Hay, también, algunos defectos de la investigación que realizó Oyarbide: más allá de la llamada que pudo haber hecho un espía de la SIDE, la causa se inició de oficio cuando, en rigor, el Código Penal dice que sólo puede iniciarse a instancias de la persona perjudicada. La defensa no pudo convencer siquiera a la Cámara de Casación sobre este argumento, por lo que mal podría guardar esperanzas en ese tribunal. Por eso, también, la necesidad de ir a un tribunal oral.

Pero en contra de Macri pesa el hecho de que se le imputa un delito que es objetivamente grave -ser parte de una asociación ilícita-, por prácticas de escuchas telefónicas similares a las que se le endilgan al gobierno nacional y a la SIDE: aún cuando salga indemne de la instancia judicial y del juicio político, Macri, empujado por el kirchnerismo a los suburbios de las prácticas políticas, corre el riesgo de ser confundido con sus acusadores.

La doble jugada de juicio oral y juicio político apunta a que ambas se potencien recíprocamente.

El juicio político lo podría transitar con buenas expectativas, porque el apoyo de sus legisladores y de algunos aliados lo salvaría de ser destituido. Y, de paso, mientras construye alianzas y su propia candidatura, le resta margen y oxígeno a Oyarbide y al juicio oral.

Pero la política nunca es tan lineal ni la Justicia, tan previsible.