Martín Kanenguiser
LA NACION

Sin un diagnóstico preciso sobre la inflación, el Gobierno apuesta a diversas medidas para tratar de controlarla, desde la promoción de las inversiones hasta la moderación de la política fiscal, pasando por la demorada desconcentración de algunos mercados. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION brindaron su impresión sobre la sensible cuestión del alza de precios, con un curioso tabú: ya parece haber quedado en el olvido la reforma para mejorar las cuestionadas estadísticas oficiales.

A partir de esta visión incompleta, la formulación de políticas se vuelve compleja y por eso entre las recetas hay algunas repetidas desde hace varios años pero no concretadas, mientras que otras chocan con los objetivos políticos del kirchnerismo.

La primera plegaria es, obviamente, que aumente la inversión, tras la caída registrada en 2009. Para eso el Banco Central apuesta a promover con "palos y zanahorias" que los bancos privados amplíen la oferta de crédito al sector productivo.

La nueva presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, conversó anteayer sobre esta cuestión con las asociaciones bancarias y puso como ejemplo a seguir el caso de la banca pública, que en 2009 aumentó su stock de préstamos al sector privado. El problema, aclaran desde el Ministerio de Economía, es que ningún banco comercial -ni siquiera el Nación- está en condiciones de sostener una política agresiva de créditos de largo plazo y el promocionado Banco de Desarrollo hasta ahora no ha visto la luz.

Desde el Central creen que si se aprueba el Fondo del Bicentenario para pagar vencimientos de la deuda, habrá excedentes presupuestarios que permitirían financiar obras de infraestructura y ampliación de proyectos de bienes transables.

En ese sentido, lejos de pensar que puede crear inflación como advertía Martín Redrado, ahora se afirma que el fondo puede incentivar la creación de obras y empleo. Si esos recursos se usan para cancelar pasivos en dólares, no debería haber efecto monetario, afirman.

Esto, según la visión oficial, descomprimiría la puja por los precios, si es acompañado por una moderación del alza del gasto público respecto del 30% de 2009.

Pero el análisis no parece compatible con el pedido del ex presidente Néstor Kirchner para que la economía crezca 7% este año de modo de poder conservar las chances electorales del oficialismo en 2011, cuando en Economía creen que sería razonable apostar a un 4 o 5 por ciento.

Aliento al consumo

La presidenta del BCRA siempre ha defendido las políticas de aliento al consumo, pero en su entorno se reconoce la necesidad de acompañarlas con un fomento a la oferta.

Pero, al igual que sus predecesores, descree del efecto que pueda tener una política monetaria restrictiva para frenar la inflación, debido a la baja relación entre el mercado de crédito y el PBI en la Argentina.

Del lado más heterodoxo del menú oficial todavía figuran los platos relacionados con la desconcentración de mercados, que va a contramano de la estrategia de acuerdos de precios instrumentada por el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El ministro Boudou dijo semanas atrás que es posible reflotar estos convenios que han demostrado poca efectividad, más allá de permitir que el índice oficial de precios no aumente demasiado.

"Hay problemas de oligopolios en varios sectores", repiten algunos funcionarios, aunque hasta ahora no se haya constituido el tribunal de defensa de la competencia creado por ley hace 11 años.

En la misma sintonía, se repite la idea de "apropiación de parte de la renta exportadora", con la compra de algunas empresas clave (YPF), tacomo se pensó años atrás, justamente, con las reservas del BCRA, según lo reveló el propio Redrado.

En cuanto al dólar, la nueva conducción del BCRA ha hecho todo lo posible para demostrar que seguirá la política de flotación administrada sin saltos bruscos, por lo que habría que descartar que se convalide el pedido de los industriales de llevar el dólar muy por encima de los $ 4.

Así, el tipo de cambio aparece como la única ancla clara de la política antinflacionaria, mientras se define la pulseada con los gremios por la discusión salarial. Los principales sindicatos dejaron trascender pedidos que rondan entre el 20 y el 30 por ciento, pero hay analistas que creen que si el Gobierno logra que los salarios públicos crezcan sólo el 15%, la inflación haría el resto para poder volver a tener superávit fiscal.