El Senado convirtió ayer en ley la prórroga por un año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentra la potestad de fijar impuestos a las exportaciones, un elemento clave para el Gobierno en tiempos en que la caja comienza a flaquear. Con 38 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo se alzó con una importante y holgada victoria, que le asegura a la administración kirchnerista ingresos por más de u$s 10.000 millones.
Hace un año, en el mismo recinto frente a un empate en 36 fue necesario el desempate del vicepresidente Julio Cobos para derogar la resolución 125, en una dura derrota política para la presidenta Cristina Fernández.
Con un grupo de ruralistas apostados en la Plaza Congreso desde temprano, donde provocaron incidentes antes y después de la votación, los senadores empezaron a sesionar desde temprano. Primero, convirtieron en ley la emergencia agropecuaria y, de manera insólita, convalidaron una baja de retenciones para zonas sojeras bonaerenses afectadas por la sequía (ver aparte). Luego comenzó el debate de fondo sobre facultades delegadas, que se extendió desde el mediodía hasta las 20 y que terminó con la palabra del jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto: “Es un instrumento de gobernabilidad”, dijo.
Para Pichetto, “fijar los derechos de importación y exportación es un instrumento fundamental que tiene el Gobierno nacional para actuar con rapidez ante los cambios de la realidad”. Respondía así a las voces de la oposición. “Son facultades propias del Congreso y parece que el oficialismo no entendió lo que la gente le dijo en las urnas el 28 de junio”, afirmó el socialista santafesino Rubén Giustiniani. El presidente del radicalismo y senador salteño Gerardo Morales agregó: “El kirchnerismo tiene una decisión política, una actitud de mantenerse sobre la base de superpoderes y la delegación de facultades del Congreso para decisiones arbitrarias”.
El debate se centró sobre la fijación de retenciones, a pesar de que las facultades delegadas se tratan de un compendio de 1.900 leyes que el Parlamento delegó al Ejecutivo con la reforma de la Constitución de 1994. Luego, prorrogó la delegación durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. La semana pasada, Diputados había dado media sanción al proyecto.
El oficialismo contó con la mayoría de la tropa propia, legisladores aliados y la ayuda de los senadores del ARI fueguino María Rosa Díaz y José Martínez y del representante del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Horacio Lores. Votaron en contra, además de los radicales, socialistas y miembros de la Coalición Cívica, los santafesinos Carlos Reutemann y su ex aliada Roxana Latorre. La riojana Teresita Quintela y los pampeanos Silvia Gallegos y Rubén Marín, que habían votado en contra de la resolución 125 en julio del año pasado, esta vez acompañaron al Gobierno. “Parece que (los legisladores) han estado negociando cosas”, dijo el presidente de Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi.
Los ruralistas embistieron, fundamentalmente, contra Latorre, quien firmó en disidencia total el dictamen oficialista que habilitó el debate parlamentario. “Es lamentable lo que hizo la senadora Latorre. La provincia de Santa Fe no se va a olvidar nunca de la traición que hizo”, se quejó el líder de FAA de Entre Ríos Alfredo De Ángeli.
