A partir de ahora, aquellas normas que afecten a terceros serán sujetas a la opinión ciudadana durante un período de 60 días antes de que efectivamente entren en vigor.
"El objetivo es apuntalar la transparencia del proceso y tener normas de mayor calidad, legitimadas por la discusión de la sociedad", explica la ingeniera agrónoma Diana Guillen, gerenta general del organismo.
De hecho, hasta el 27 de julio se encuentra sujeta a este novedoso proceso un proyecto de resolución para la exportación de productos de origen animal.
Todos aquellos interesados que quieran opinar lo pueden hacer volcando sus puntos de vista en un sistema interactivo de carácter digital. "Lo que se exige es que sea una opinión de carácter técnico y sostenida en fundamentos", aclara la funcionaría.
Si bien las opiniones son de carácter no vinculante, se interpreta que si las críticas son amplias y argumentadas serán tomadas en cuenta.
La idea es precisamente evitar las sucesivas modificaciones que en algunas ocasiones sufren las resoluciones una vez promulgadas, debido a las opiniones y aportes que los sectores privados realizan cuando toman conocimiento de la normativa.
Pero lo destacable de la modalidad es que democratiza la posibilidad de emitir opinión, quitándola del hasta ahora exclusivo circuito de las organizaciones privadas (cámaras, asociaciones).
La decisión de armar el sistema de consulta pública apunta a sumar la opinión ciudadana, dado que entendemos que el Senasa trabaja para la sociedad en su conjunto y no para sectores determinados", precisó Guillen.
De todos modos, el cambio en el procedimiento se encuentra vinculado a un proyecto que el Senasa lleva adelante gracias a la asistencia de la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Se estima que alrededor de 20 proyectos de resoluciones podrían ser sometidos a consulta en forma anual. "El éxito o el fracaso dependerá de la participación o no que la sociedad tenga en el mecanismo de consulta", advierten desde el organismo.
El Federal
