Ante una nueva caída en la siembra del cereal, que lo llevará a niveles de hectáreas cubiertas apenas similares a las de principios del siglo pasado, el tándem del que suelen surgir las ideas más curiosas vuelve a sorprender con un acuerdo con los exportadores.

Esta vez, el Gobierno logró un acuerdo sui géneris con la exportación, por el cual ésta comprará un millón de toneladas a precio pleno para embarcar a partir del 15 de noviembre y con la obligación de pagar los derechos de exportación (23%) por anticipado, a un ritmo de 100.000 toneladas mensuales.

Extrañamente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que este convenio pretendía otorgar "señales claras al productor". Es curioso, durante los últimos años de la gestión de su esposo y el primero de ella, eso no ocurrió.

Se anuncia como algo positivo lo que debería ser normal.

La Presidenta omitió recordar que desde hace tres años, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, comenzó con el proceso de decadencia del cereal al intervenir en el mercado. Los 50 dólares por tonelada que los productores dejaron de percibir -por la diferencia entre el FAS teórico y el que verdaderamente recibieron- fueron el desincentivo más contundente para que no pensaran en el trigo como opción productiva. En estas dos campañas, además, se suma una gravísima sequía. Suena a mal chiste la preocupación de un asesor de Agricultura a fines de 2007 que imaginaba ordenarle el mercado de trigo a la Presidenta con el propósito de que no faltara "el pan en la mesa de los argentinos".

La competencia entre los demandantes del mercado es lo que alienta la competitividad del trigo. No son los planes alambicados con reglamentaciones que sólo unos pocos conocen los que impulsan la producción de granos. Son las reglas previsibles entre todos los participantes de la actividad.

Hay quienes creen que los exportadores firmaron este acuerdo porque el Gobierno les dijo que estaba listo para poner en marcha un ente estatal para comercializar granos. En rigor, al Estado sólo le falta ponerle el nombre a ese organismo para ratificar que tiene entre sus manos el comercio de granos. Mediante la Oncca maneja el mercado, al arrogarse la potestad de abrir o cerrar los registros de exportación en el momento que quiera. Con la presión política, puede acorralar a los exportadores si necesita que liquiden más divisas para evitar que el dólar suba. También puede derogar normas que fijaban un horizonte para el mediano plazo, tal como sucedió con la eliminación del régimen de admisión temporaria para importar granos de soja desde Paraguay, que había servido como incentivo a la industria aceitera para invertir en el aumento de la capacidad instalada.

Con el supuesto objetivo de controlar el mercado del trigo para que las eventuales subas de los precios de los granos no afecten el precio del pan, las medidas oficiales provocaron que, por primera vez en los últimos 50 años, se hable de la posibilidad de importar cereal.

El desaguisado que el Gobierno armó con el trigo se está por repetir con el maíz. Cerrados los registros de exportación, los productores no tendrán incentivo para sembrarlo en la próxima campaña. Con un cultivo que requiere una mayor inversión que la soja, las perspectivas, salvo que haya un cambio de tendencia en el mercado, no son buenas. En la campaña pasada, la superficie sembrada fue un 25 % más baja que la anterior. Es cierto que la sequía golpeó duro, pero el alto nivel de retenciones y los precios elevados de los insumos conspiraron contra el cereal.

La Asociación del Maíz y del Sorgo Argentinos (Maizar) elaboró una propuesta para impulsar un plan de crecimiento para toda la cadena. Si se redujera la presión impositiva y se liberara el mercado, la entidad estima que para 2017 el país podría quintuplicar las exportaciones de maíz e incrementar las de carne vacuna, duplicar la producción de leche, aumentar la venta de maquinaria agrícola y la elaboración de biocombustibles y permitiría crear 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo, entre otras ventajas. El debate debería impulsarse sobre esos planes y no sobre los experimentos de laboratorio.
Resumen

Financiamiento

El gobierno bonaerense anunció el otorgamiento de créditos para el campo por 150 millones de pesos orientados para la adquisición de capital de trabajo. El monto máximo por poductor es de 150.000 pesos y la tasa es del 80 por ciento.

28,7 Por ciento

Es la baja de los rendimientos de a soja

La frase

"El Gobierno vive de la confrontación y puso al campo en un lugar que tienen que ocupar los partidose"

Carlos Garetto
Presidente de Coninagro