Las retenciones son un mal impuesto. Los países no gravan sus exportaciones. Hacerlo implica un freno al aumento de la capacidad productiva, al empleo y al potencial exportador. Máxime en un país que históricamente ha encontrado un freno a su crecimiento por el estrangulamiento del sector externo (insuficiencia de divisas).

Las retenciones son injustas porque gravan por igual al productor de tierras marginales, menor productividad y, por ende, menor o nula rentabilidad, que aquél que obtiene mayores rendimientos por trabajar mejores tierras o tener más acceso a la tecnología y al financiamiento.

Las retenciones se justificaron en determinado contexto histórico, económico y social, como lo fue el 2002, producto de la abrupta devaluación, el alto desempleo y la extensión de la pobreza vigente en ese momento.

Pero constituyen un instrumento de la política económica que debe ser limitado, transitorio y del cual hay que saber salir a tiempo para no desincentivar la inversión y la ampliación de la producción agropecuaria y su cadena de valor. Ese conjunto de actividades contiene el mejor negocio que Argentina tiene para ofrecer al mundo y que no debería desaprovechar.

El Impuesto a las Ganancias y el Inmobiliario Rural son tributos más adecuados, desde la equidad tributaria y la asignación de los recursos económicos, para gravar al sector agropecuario. Además son más justos desde el punto de vista del federalismo político y fiscal.

El PEN ha resuelto a través de un DNU coparticipar las retenciones a la soja. Ello constituye, además de una provocación política que no aporta a la búsqueda del consenso y restablecimiento de la confianza que se requieren en el actual contexto de crisis interna y externa, una pésima decisión de política económica.

La coparticipación de las retenciones reduce la necesaria flexibilidad que las retenciones, en tanto existan, deben tener para poder adaptarlas a otros aspectos del contexto económico que influyen sobre la producción.

La ya excesiva dependencia del resultado fiscal respecto de las retenciones se incrementa notablemente con esta nueva decisión, al involucrar a provincias y municipios en su distribución. Es una pésima noticia para el supuesto modelo productivo que el Gobierno dice sostener.

Tampoco constituye un avance en términos del golpeado federalismo fiscal, todo lo contrario; si el PEN quisiera realmente redistribuir recursos hacia las provincias y municipios, ¿por qué no retrotraer parcialmente la afectación para el ANSES del 15 % de los recursos coparticipables?

La decisión del PEN no resuelve los problemas fiscales de las provincias. Buenos Aires, digámoslo claramente, no puede hacer frente a los sueldos de sus empleados, menos al funcionamiento digno de sus hospitales, escuelas, tribunales, policía. Tampoco lo hará con lo que le toque de retenciones; no es sustentable fiscalmente, sólo sobrevive por las "dádivas" del Gobierno nacional. No es mucho mejor la situación de otras provincias.

Tampoco es cierto que las retenciones, y aun su coparticipación, formen parte de una política de redistribución de ingresos sostenida por el Gobierno nacional. ¿Cuál es esa política? En la mayoría de las provincias las clases no se han iniciado normalmente, la infraestructura escolar no puede mantenerse, aumenta la deserción de la escuela secundaria y el traspaso de matrícula a los establecimientos privados es incesante. El relato puede continuarse con otras áreas.

Son las provincias las que tienen bajo su responsabilidad las políticas públicas que más aportan a una mejor distribución del ingreso. En las actuales condiciones no pueden hacerlo en condiciones sustentables en el mediano plazo y ello constituye una debilidad institucional preocupante y que daña la democracia.

El momento político requiere una muestra de madurez, visión estructural y valentía política por parte de los gobernadores y el resto de la dirigencia política para no dejarse atrapar en la irresponsabilidad del gobierno nacional. En defensa de una mejor política productiva debería rechazarse la pretensión de coparticipar las retenciones, ya que ello agravará la situación que deberemos enfrentar en los próximos meses al aumentar la rigidez de los instrumentos de política económica.

En cambio, hay que comenzar a desandar el camino del centralismo fiscal redistribuyendo hacia provincias recursos coparticipables que hoy se apropia la nación.

Por: Gerardo Otero
Fuente: EX MINISTRO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES