Luego de una profunda y dolorosa transformación en el concierto de fuerzas vivas argentinas ocurrido durante 2008 con motivo de la inédita disputa gremial, económica y política entre el gremialismo rural y el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, el gremialismo rural argentino finalmente se ganó los pantalones largos y cobró el peso unificado que siempre debió tener, luego de ser “el pato de la boda” durante 6 décadas de políticas discriminatorias originadas en resentimientos urbanos contra la clase agropecuaria y en el oportunismo de caudillos y empresarios de sectores protegidos. La unidad del gremialismo agropecuario fue la clave para detener de una vez el avance sobre sus bolsillos de parte de un gobierno con fuerte actividad clientelista entre los pobres, y de los sectores industrial y de servicios, a través de los gobiernos de turno, que mediante impuestos y limitaciones artificiales a las exportaciones agropecuarias lograron siempre mantener bajos los precios domésticos de los alimentos beneficiándose por pagar menores sueldos a actividades intensivas en el uso de personal.

Sin embargo, queda todavía un buen camino por recorrer en el sentido de lograr liberalizar los mercados agropecuarios y de eliminar del todo y para siempre los impuestos a las exportaciones agropecuarias. Pero curiosamente, en los últimos días ha aparecido un proyecto de ley “consensuado”, movilizado por un amplio espectro de la actual oposición al régimen kirchnerista y extrañamente, con el visto bueno de la Mesa de Enlace.

Sintéticamente, éste proyecto propone establecer retenciones por ley, y que ellas sean del 25% para la soja, del 15% para el trigo, el sorgo y el girasol, del 20% para el maíz, del 0% para la carne bovina, los productos lácteos, las frutas el té y la yerba mate, y se le daría el mismo tratamiento a los derechos de exportación de los productos, subproductos y derivados de dichas materias primas. Además, el proyecto propone “bonificar” dichas retenciones, no se explica mediante qué mecanismo, a las ventas de las primeras 1000 toneladas de soja, 2400 toneladas de trigo y de maíz, 900 toneladas de girasol común y 1800 toneladas de sorgo comercializadas por cada productor, sea persona física o jurídica. La moción contempla que “el productor emita un título que representará el monto equivalente al derecho de exportación implícito al día de la venta (precio FOB x alícuota del derecho de exportación), que sería endosable y permitiría al exportador descontarlo de su liquidación de derechos de exportación”.

Esta propuesta de ley entonces establecería retenciones (derechos de exportación) a través del Congreso, mediante todo el peso de una ley, y brinda en sus considerandos razones de porqué así debe ser, además de una serie de críticas a lo actuado por el kirchnerismo durante 2008/09 en relación al campo. Pero es importante tener en cuenta que por más que suene agradable la música de los considerandos, lo que importa y queda es la letra e implicancias profundas de la ley.

La iniciativa establece con mucha mas irreversibilidad que antes la imposición de derechos de exportación discriminatorios contra el sector agropecuario. Aquí nuevamente aparecen los fantasmas de siempre en la redacción de este proyecto, desde las múltiples facciones políticas que hemos visto durante los gobiernos radicales y peronistas de otra orientación distinta a los Kirchner, y tan bien vistas por los lobbistas de la industria y de los proveedores de servicios, que siempre tuvieron más peso que el agro ante todos los gobiernos previos al de Cristina Kirchner.

Por un lado el proyecto de ley establece retenciones, que serían HOY algo más bajas que lo que hay vigente a la fecha. Por otro lado, en una movida muy intervencionista, establece que se devuelvan los montos de retenciones al productor, hasta determinados volúmenes de venta. Por otro lado, establece la creación de una comisión bicameral, de las cámaras de diputados y senadores, para administrar la implementación de este mecanismo, teniendo en cuenta en su constitución la proporcionalidad en las cámaras de los distintos bloques y la opinión (voz pero no voto) extra-parlamentaria de parte de instituciones gremiales del agro.

A primera vista, este proyecto cumpliría hoy, nominalmente, con un anhelo primario, que es disminuir la alícuota de las retenciones. Pero ante el más mínimo análisis, surge la verdadera malignidad de este proyecto, vestido de adornos simpáticos para entidades ruralistas.

Los elementos que instauraría esta iniciativa conllevan lo siguiente:

1. Se imponen retenciones al agro por ley. Estas retenciones siempre fueron discriminatorias contra el agro para favorecer a otros sectores, mientras se pierde gran parte de la riqueza confiscada en el camino. El agro no debería aceptar ningún tipo de retenciones, ni al nivel más bajo. Los productores competidores en el resto del mundo no sólo no sufren retenciones sinó que son beneficiarios de enormes subsidios.

2. Si de tiempos se trata, es más difícil luchar en el futuro contra un Congreso que aprobó una ley que contra una figura presidencial individual y con poca cintura política.

3. Con la aprobación de este proyecto de ley se impondría un sistema marcadamente intervencionista de cobrar y luego devolver. Así tal cual, no difiere mucho de los proyectos del secretario Guillermo Moreno.

4. El proyecto de ley explícitamente produce diferencias tajantes en su efecto sobre distintos tamaños de productores, algo que no condice con la realidad sumamente flexible del productorado de hoy en día. ¿Quién es productor pequeño, quién es mediano, quién es grande? Con la multitud de figuras asociativas entre productores y sus socios, intentar diferenciar a unos de otros a través del volumen de ventas es como mínimo poco imaginativo. Y se continúa con la línea tan criticada a los Kirchner, de beneficiar a los pequeños y medianos, y castigar a los grandes, como si no se hubiera inventado ya un impuesto universalmente aceptado llamado Impuesto a las Ganancias con tasa creciente.

5. Aún para los fines supuestamente perseguidos por la ley de gravar menos a los productores de hasta cierto volumen de producción, recordemos que en cualquier lugar del mundo, cuando una ley está mal concebida, inmediatamente será correspondida con una trampa que dé por tierra con ella. Es de esperar que si se aprobara esta ley, todos los productores van a desdoblar sus operaciones en distintas personas jurídicas o físicas para poder sumar unidades de producción que aporten sus primeras 1000 toneladas de soja o 2400 tons de trigo, para intentar no ser alcanzado por las retenciones, por más que otras iniciativas concomitantes a ésta intenten establecer más y más marañas de control como las que ya nos estamos cansando de ver, sin la más mínima eficiencia. Cuando una ley está mal concebida, y ello ocurre muy frecuentemente cuando se trata de una norma intervencionista, no hay cómo remedar las injusticias que se plasman inmediatamente para “hacer justicia por mano propia” que contrapese la arbitrariedad del intervencionismo en sí.

6. Es bien sabido que un impuesto cobrado es casi imposible recuperarlo, en especial cuando el estado gasta más de lo que puede, cosa que no se puede revertir en el corto plazo en Argentina. Además, se puede verificar en todos los ámbitos, que los sucesivos gobiernos desde la década pasada, han adoptado la actitud de utilizar la miríada de disposiciones anticonstitucionales disponibles para los organismos de recaudación, como herramienta de coerción a quien ose reclamar con insistencia ante dichos organismos o ante el gobierno en sí. O sea, sería esperable que el gobierno se las arregle para no devolver las retenciones cobradas, durante mucho tiempo. Hay suficientes pruebas de este accionar con la devolución de IVA a los exportadores, contra toda legalidad y razonabilidad económica. Hoy en día, y desde hace décadas, la mayoría de los exportadores chicos han visto imposibilitada su operación o se han visto en terribles dificultades financieras por ese exacto motivo.

7. En un entorno inflacionario, lo retenido en un momento es devuelto en otro momento posterior, a un valor real menor al pretendido nominalmente.

8. Este proyecto de ley crea una figura de títulos endosables emitidos por el productor, para que el exportador pueda descontarlo de sus derechos de exportación. O sea, el productor pasa a responsabilizarse por otra herramienta administrativa fiscal que lo distrae de sus actividades productivas y lo hace trabajar gratuitamente para el fisco.

Para todo aquél que se considere oposición del gobierno actual, ésta, en realidad, es una moción a favor del gobierno actual, que se las ha arreglado para quedarse con buena parte de las cosechas a través de las retenciones, que ha prohibido vender al exterior más allá de unos pocos días, impidiendo capturar los buenos precios récord del año 2008, y que ahora a último momento se beneficiaría contando con una herramienta en apariencia simpática en su redacción, durante el corto proceso eleccionario de 3 meses que viene, por bajarle unos puntos las retenciones. Pero dejaría la puerta abierta para que la comisión bicameral establezca con todo el peso de la ley retenciones más altas cuando les convenga políticamente y financieramente al gobierno de turno, y sin discusión, que el productor nuevamente se vea manoseado a través de instrumentos extremadamente intervencionistas en la determinación de a quien se le retiene, a quien se le devuelve, y se exponga a ser coercionado por los organismos de administración de los recursos fiscales.

Las entidades ruralistas deberían demostrar a esta altura una cabal comprensión de lo que esto significa antes de apoyar este proyecto de ley que convertiría en crónico el drama del agro al institucionalizar las retenciones a las exportaciones agrícolas.

Suena extrañísimo que después de cobrar tanto poder, las entidades ruralistas no aboguen en este específico caso por la LIBERACION TOTAL DE LOS MERCADOS, POR UN PRECIO FOB LLENO, sin derechos de exportación de ninguna índole, ni mucho menos hablar de reembolsos que luego nunca se cumplen. Si no se tiene claro este punto a favor de un mercado libre, el agro, como fuente de riqueza, estará cada vez más intrincadamente sometido al arbitrio de los gobiernos de turno, siempre ávidos de recursos fiscales.

Para poder comprender de dónde puede venir este proyecto de ley, es importante abrir los ojos y recordar que no son solo los Kirchner quienes han impuesto retenciones o medidas con igual efecto en detrimento del campo. Es fácil recordar que no sólo el Justicialismo se dedicó durante décadas a “combatir al capital” con suma eficiencia, sinó que Alfonsín, en la década de los ’80 no sólo sometió al agro a todo tipo de vejámenes al estilo Moreno mediante su profundamente anti-campo “licenciado Campero”, sinó que en 1989, sometió al agro a retenciones reales para la soja del 65% a través de 2 herramientas: a) las retenciones explícitas y b) un tipo de cambio comercial desfasado respecto del tipo de cambio libre.

Otros conspicuos candidatos del peronismo disidente también provienen de huestes lobbistas del sector industrial y del sector servicios, íntimamente ligados a los sucesivos gobiernos en todo su funcionamiento económico, que se han encargado consuetudinariamente de elaborar desde la sombra, para todos los gobiernos (recordar a la UIA trayendo de la mano de Mendiguren las retenciones de nuevo durante el gobierno de Duhalde, luego de 10 años de un crucial aggiornamiento agropecuario sin retenciones con Menem), todo tipo de medidas discriminatorias contra el agro con tal de pagar sueldos menores en base a alimentos domésticos más baratos, a costa del productor agropecuario.

Es por eso que las entidades ruralistas deben más que nunca usar los pantalones largos ganados en los últimos 12 meses, y actuar, si es necesario, en disenso con las fuerzas políticas que sean, demostrando cabalmente que han cambiado históricamente de postura, que ahora se ubican en el lugar que les corresponde de acuerdo a su peso en el tejido económico argentino. Debe quedarle claro al concierto de poderes que el agro le moverá el piso a todo aquél que intente avasallar, por el motivo que sea, los derechos constitucionales al libre comercio, los derechos constitucionales al trato igualitario que impediría impuestos discriminatorios a la exportación, y a todo aquél que profese su odio ancestral contra el agro como sector económico, que después de todo, sigue siendo EL motor, EL punto de partida y LA razón de ser, de toda la economía argentina.

Por Alfonso Ruiz Guiñazú