Después de las primeras negociaciones con el gobierno para tratar de adaptar el nuevo sistema de cartas de portes a la realidad de la producción agropecuaria y a la logística del transporte de grano, ha quedado confirmado por las innumerables modificaciones que aceptaría el gobierno, que nuevamente fue mal asesorada la presidente de la nación. No me cabe ninguna duda que los mayores perjudicados van a ser los camioneros, por las demoras de 24 o 48 horas con el camión cargado a la vera de la ruta, hasta poder cumplimentar toda la documentación en el momento de la cosecha para iniciar el viaje, agravando dicha espera a la lamentable situación que va a soporta todo el gremio de camioneros, por la caída de producción granos como consecuencia de las males políticas de gobiernos y la sequias, que van representan un millón de viajes menos de 300Km promedios en la campaña 2008-2009.

Es de esperar que Hugo Moyano con estos datos asuma una posición en defensa de sus asociados y pida al gobierno dejar de lado el decreto 34/2009 que modifica el sistema de carta de porte y volver al que está en funcionamiento, que ha demostrado que responden a las necesidades de todos los protagonista de la cadena agroindustrial, inclusive para el mismo estado porque evita la evasión fiscal. El sector agropecuario no es un enemigo del gremio camionero, debe ser un socio estratégico en el crecimiento de la producción agropecuaria por las fuentes de trabajo que le genera en forma directa.

El nuevo sistema es inaplicable porque supone que en todo el país hay conectividad de internet y funciona los teléfonos celulares; porque induce a los productores a brindar su clave fiscal a terceros para que le presten el servicio de generarle las nuevas cartas de porte desvirtuando el principio de confidencialidad y porque antes de despachar el camión ya cargado tienen que hacer todos los trámites burocráticos que determina la nueva norma, que en el sistema actual se resumían en el llenado de la carta de porte en cinco minutos mientras lo estaba cargando, que le permitía salir a puerto u otro destino en forma inmediata.

El nuevo sistema promueve la evasión fiscal porque no contiene ningún sistema de seguridad, facilita su duplicación o generación para amparar el transporte de grano del circuito informal y porque los agentes de seguridad en la ruta no podrán determinar a simple vista si la nueva Cartas de Porte es autentica. El supuesto de poder obtener el CTG (Código de Trazabilidad de Granos) que aumentaría la seguridad del documento, es un error, pues igual podrán existir duplicación y su verificación por partes de los controles sería muy difícil.

Conclusión: El nuevo sistema de Cartas de Porte es inaplicable, no es gratuito porque va encarecer los viajes por las demoras previas para despachar cada camión y simultáneamente va a fomentar la evasión fiscal, promovida en este caso por la misma AFIP, que es justamente la que tiene que bregar por una mayor transparencia en el comercio de grano.

Pensar en el reemplazo deberían cumplirse las condiciones de oportunidad, mérito y conveniencia y por lo tanto, quedar absolutamente demostrado que el nuevo sistema deberá superar al anterior en la calidad del instrumento, ser competitivo en el precio y asegurar el acceso o disponibilidad en tiempo en todo el país. Esta confirmación debería ser emitida por calificadores de primer nivel que auditen técnicamente la propuesta.

Pero de querer insistir con la modificación que promueve el decreto 34/2009, la propuesta es que se implemente en un plazo más razonable y que coincida su inicio de vigencia en una época de baja actividad lejos del momento de la cosecha y hasta que todas las zonas del país tengan las condiciones técnicas para operar por internet donde se realiza la cosecha.

Por Arturo Navarro - Consultor Agropecuario

DATOS PARA TENER EN CUENTA:

-Según la información oficial se emiten 7 millones de Cartas de Porte por año. El costo para los usuarios donde está incluido el arancel para la ONCCA establecido por la Res. 351 de octubre de 2008 ($ 10 por Carta de Porte) es de aproximadamente $ 15 por Carta de Porte. Por lo tanto el costo total para los usuarios es de aproximadamente $ 100 millones por año, destacando que las 2/3 partes de dicho importe las percibe el organismo que ahora propone la gratuidad. La pregunta que hay que hacerse es ¿Por qué en la propaganda oficial, se menciona que los productores ahorrarían $ 200 millones por año?

-Para poner en una verdadera perspectiva a esta contribución a favor del sector que las autoridades harían por el cambio de sistema de emisión de Cartas de Porte, debemos recordar que el precio de la Carta de Porte distribuida por la Federación de Acopiadores y la Federación Agraria es de aproximadamente $ 5 por formulario. Si este importe lo traducimos a U$S y dividimos por 30 toneladas que traslada un camión, obtenemos un costo de U$S 0,05 por Ton. (Léase 5 centavos de dólar por tonelada).

-El impacto de las retenciones de soja es de aproximadamente U$S/Ton. 130. Queda en evidencia que el supuesto ahorro por la gratuidad derivada del cambio de sistema de emisión de Cartas de Porte es infinitesimal (4 diez milésimos) respecto de las retenciones que cobra el estado.

-Existe un temor muy bien fundado en el sector, de que el nuevo mecanismo de aquí a un tiempo vuelva a ser arancelario y le sea entregado al gremio de camioneros con el argumento de que sean ellos en adelante los que hagan la distribución y control de las Cartas de Porte. De esa manera y por medio de un arancel por viaje a cobrar, terminen creando una central única de logística para el manejo de la carga de cereal y del ganado, tema que ya estuvo en la mesa de discusión con el apoyo de la secretaria de transporte de la Nación. Si así fuera estaríamos retrocediendo 16 años, con un sistema centralizado, regulado y burocrático y de muy baja operatividad que va encarecer todo los fletes del sector y de los alimentos.

-El sistema de distribución de las Cartas de Porte para el transporte automotor de granos a través de entidades de segundo grado (que tiene 16 años de vigencia), fue reestructurado en febrero del año 2007 incorporando la participación activa de la AFIP a los efectos de habilitar la compra, autorizar la emisión, determinar las cantidades y plazos de vigencia y asignar las numeraciones respectivas. Las entidades imprimen los datos de los operadores en cada carta de porte, ordenan la distribución y registran las respectivas entregas. Los formularios son impresos en exclusividad por empresas de primera línea, tienen elementos de seguridad que los hacen infalsificables e imposibles de fotocopiar y fácilmente determinable su autenticidad.