El gerente del Centro de Acopiadores de Cereales y Oleaginosos del Chaco con sede en esta ciudad, contador Daniel Luzzi, explicó a NORTE que las cartas de porte para el transporte de granos con la nueva disposición oficial sobre las mismas, no son tan gratuitas ni tan seguras.
Esto viene a que con el slogan “carta de porte gratuita y más segura”, el gobierno nacional anunció el pasado 26 de enero el nuevo sistema de emisión, seguimiento y control de cartas de porte.
Luzzi señaló que lo más novedoso es que las mismas no tendrían costo, y las emitiría e imprimiría cada usuario (cargador) desde el sitio web de la AFIP, ingresando con su clave fiscal. Tal decisión fue formalizada mediante el Decreto 34/2009 del P.E.N., el que estableció un plazo de 60 días para la implementación del nuevo régimen. Desde hace 16 años, las cartas de porte son distribuidas por Federación de Acopiadores a través de sus Centros integrantes y por Federación Agraria Argentina.
Luzzi señaló la necesidad de aclarar los principales aspectos del nuevo régimen:
1) La gratuidad de las cartas de porte fue anunciada como una importante medida del Gobierno para afrontar la emergencia agropecuaria. Tal es así que en el sitio web de la ONCCA se publica que “Se venden 7 millones de cartas de porte por año” y que “A partir de ahora, el Estado se hace cargo de ese costo, lo que origina un ahorro total para los productores de 200 millones de pesos anuales.” Por su parte el Lic. Ricardo Etchegaray, titular de la AFIP, declaró que “los productores deberían festejar, porque ahora las cartas de porte son gratuitas”.
La verdad es que el costo actual de cada carta de porte es de $15. De ese importe, la ONCCA percibe $10 en concepto de arancel. Es decir que el organismo percibe el 66% del precio sin hacer nada, y quedan sólo $5 por unidad para las entidades, con los que deben cubrir todos sus costos de papelería, impresiones, empleados, fletes y teléfono. Si se multiplica $15 por las 7 millones de unidades vendidas da un costo aproximado de 100 millones de pesos. No se entiende por qué la propaganda oficial menciona que los productores ahorrarían 200 millones. Además, para poner en una verdadera perspectiva a la contribución que las autoridades generosamente harán a favor del sector, si al precio de $5 que las entidades actualmente perciben por la carta se traduce a dólares y se divide por 30 toneladas que transporta un camión, se obtiene un costo de U$S 0,05 (cinco centavos) por tonelada. Sin embargo, el impacto de las retenciones de soja es de aproximadamente U$S 130 por tonelada. Mirando desde otro ángulo el beneficio ofrecido por la gratuidad de las cartas de porte sería equivalente a ‘bajar‘ las retenciones impuestas a la exportación de soja del 35 % al 34,9995%. Queda en evidencia que el supuesto ahorro por la gratuidad de las cartas de porte es infinitesimal respecto de las retenciones que cobra el Estado. La pregunta al titular de la AFIP: ¿Cuál es el motivo para festejar?
2) El Gobierno difunde que “Diferentes usuarios informaban el mismo número de carta de porte”, lo cual consideran una irregularidad.
La verdad es que el régimen de información vigente regulado por la AFIP obliga a que diferentes operadores (cargador y receptor de los granos) informen la misma carta de porte. Esto esta previsto por resolución de la AFIP 2.324/07. ¿Acaso el Gobierno desconoce sus propias normas?
3) El Gobierno publica que algunos operadores “Obtenían cartas de porte más allá de su capacidad declarada”
En verdad es la misma AFIP la que, ante cada pedido de cartas de porte, autoriza la venta y la cantidad máxima que puede entregarse de conformidad a la situación del productor u operador ante ese organismo, y a su capacidad declarada. Esto esta previsto y regulado mediante resolución AFIP 1.593/03. ¿Puede el gobierno desconocer sus propias resoluciones?
4) El Gobierno dice que existían “cartas de porte mellizas”, y que el nuevo sistema será más seguro.
Las cartas de porte que circulan en la actualidad tienen incorporada la última tecnología en materia de elementos de seguridad, con características en algunos casos superiores a la de los billetes de circulación legal. La Federación ha distribuido más de 50 millones de Cartas de Porte en los 16 años que viene desempeñando esta tarea, y no se ha tenido denuncia alguna sobre falsificaciones u otras anomalías que pudieran generar dudas sobre la autenticidad de estos documentos. En cambio, el nuevo sistema impuesto por el Gobierno implicaría que la carta de porte será impresa por el propio contribuyente utilizando las resmas de hojas comunes de su oficina, y su propia impresora. ¿Pueden estos nuevos documentos considerarse “mas seguros?
5) El Gobierno sostiene que el nuevo sistema será más práctico y ágil para el productor.
Actualmente las entidades de distribución entregan al productor u operador la cantidad de cartas de porte requeridas, y las mismas son confeccionadas en la empresa utilizando sus propios sistemas o, en su caso, manualmente, y manejando los tiempos propios de la actividad. En cambio, con el nuevo sistema las cartas de porte sólo podrán ser emitidas on line desde el sitio web de la AFIP o de la ONCCA, consignando por cada una de ellas los datos del camión, toneladas, origen, destino y demás datos necesarios. Es decir, que deberían emitirse con el camión cargado y con los tiempos de espera del procesamiento electrónico y autorización on line de la AFIP, que se entiende no será automática.
Entonces la pregunta es: ¿Qué pasará cuando un productor o acopiador con el camión o vagón cargado necesite remitir mercadería y no funcione su conexión a internet, o existan problemas de sistema en la AFIP? ¿Cómo hará un productor que necesite enviar mercadería con su propia carta de porte, ya sea al acopiador o directamente al puerto? ¿Deberá contar con computadora, impresora y banda ancha en su chacra? ¿Conoce el titular de la AFIP la calidad del servicio de internet disponible en el interior del Chaco? Por lo antes expuesto, queda a las claras que con el nuevo régimen la carta de porte no beneficiará económicamente al productor, ni será más segura, ni más ágil su utilización.
Sólo se espera que esta medida este desprovista de una intencionalidad política, como podría ser la de desfinanciar a alguna entidad representativa del campo, como represalia por su accionar gremial. Y se tiene la esperanza de que el nuevo sistema no sea funcional a los intereses de algún otro sector o sindicato allegado al gobierno, con el fin de propiciarles algún negocio futuro, o ejercer un control discriminatorio e inconstitucional de las tarifas de flete.
