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Bajo el argumento de que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anuló la ley de protección a Glaciares, aprobada por el Congreso, el pasado 22 de octubre.
Dos meses después, los medios se animan a confirmar lo que circulaba por los pasillos del Senado: que detrás de ese veto, se estaba protegiendo los negocios del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y su hermano, el senador César Gioja.
Un artículo de La política online denuncia que el sector de explotación minera fue el que impulsó la decisión de la presidenta, para preservar una millonaria inversión de la firma canadiense Barrick Gold en Santa Cruz.
Según el medio citado, se trata de una empresa que invirtió alrededor de U$S 2.800 millones en dos grandes proyectos mineros ubicados en la provincia de San Juan, Pascua-Lama y Veladero.
El proyecto, que contó con el aval del senador Daniel Filmus, presidente de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, establecía presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente preglaciar, con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
El ex ministro de Educación durante la presidencia de Néstor Kirchner destacó la importancia de la aprobación y explicó que el 70% del agua dulce está congelada en los glaciares, pero que menos del 1% de esos recursos de agua del mundo están disponibles para el consumo humano.
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