Cristina Kirchner desató, una vez más, la furia del campo. Luego del discurso que dio en la Quinta de Olivos, donde sólo informó que se efectivizará los anuncios hechos hace tres semanas y la negativa a bajar las retenciones de la soja, decidieron que volverán retomarán las protestas en enero. Los productores rurales de Entre Ríos ayer cortaron las rutas 14, 127 y 32. Sólo levantaron la protesta para reunirse en asamblea y decidir qué medidas tomarán.

“El productor tiene mucha bronca y está con mucho nerviosismo. Está con ánimos de tomar medidas. Cortes o paros. Cualquier cosa puede suceder. No se quieren quedar de brazos cruzados”, resumía ayer el indignado presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Jorge Chemes. Otros dirigentes agropecuarios con fama de duros tuvieron que ir a calmar a los productores entrerrianos. "Pasemos la Navidad en paz y en enero arrancamos", dijo Alfredo De Angeli. Sin embargo, más tarde anunciaron que retomarán las protestas en enero.

Las filiales de las cuatro entidades ya preparan movilizaciones para la primera semana de enero. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) hará dos asambleas por semana; el lunes 5 de enero, De Angeli liderará una en Gualeguaychú), y productores de Santa Fe y Córdoba harán lo mismo.

Según el diario La nación, en el texto del comunicado, la Comisión de Enlace advierte expresamente que si el Gobierno no retoma el diálogo interrumpido tras el rechazo del Congreso a las retenciones móviles se estará "prolongando un conflicto innecesario, que ya nos costó demasiado a todos los argentinos". Como si hubiesen necesitado varias horas para analizar los anuncios y medir su alcance, las entidades se detuvieron a cuestionar cada una de las medidas.

Críticas a los "anuncios" K

"Hoy estamos muy lejos de aumentar la producción. Y no por responsabilidad del campo. Por culpa del Gobierno y medidas como las anunciadas ayer", expresó la Mesa de Enlace en el último documento del año.

Con el ánimo de despejar algunos hechos, los ruralistas advierten que "sin ir más lejos, se mencionaron cifras de compensaciones al sector cuando el 70 por ciento de dichos fondos fueron transferidos a la industria y no a la producción".

Otro de los temas que la Comisión estimó que no es una "novedad" es "la semana laboral de 48 horas para el peón rural", que "ya regía en la mayoría de las provincias y había sido publicada en el boletín oficial semanas atrás".

Los ruralistas invitaron al "Gobierno" a que retome el diálogo "interrumpido unilateralmente hace ya varios meses con esta Comisión de Enlace" para consensuar "una política agropecuaria integral".

"De lo contrario, estaremos prolongando un conflicto innecesario, que ya nos costó demasiado a todos los argentinos", sostuvo.

Sin embargo, destacó que "la única novedad significativa de lo anunciado" es la disminución de las retenciones de frutas y hortalizas".

No obstante, consideró que "hay otras economías regionales, como la yerba mate, la caña de azúcar, la lana o el tabaco que necesitan apoyo en igual medida y fueron dejadas de lado inexplicablemente".

Con respecto a los feed-lots para los terneros de tambo, advirtió que "lo intricado del sistema propuesto genera serias dudas respecto de la capacidad del Estado para su puesta en práctica".

En otro párrafo, la Mesa aseguró que el productor está "harto" ya de ofensas y mentiras y que las últimas medidas, en lugare estimularlo, desincentivan al productor".

Sólo rescataron la baja del 50% en las retenciones a las exportaciones de frutas y hortalizas, pero advirtieron que otras economías regionales fueron "inexplicablemente" ignoradas.

Sostienen que la baja de retenciones anunciada representa sólo U$S 106 millones en un aporte global superior a los U$S 6150 millones que el sector aporta en concepto de retenciones. Para el agro, "la segmentación atada a un eventual aumento de la productividad, en las actuales condiciones, es sencillamente ciencia ficción" y en el caso de los feed lots para los terneros de tambo "lo intrincado del sistema propuesto genera serias dudas respecto de la capacidad del Estado para su puesta en práctica".