Descontada la potestad de cobrar impuestos que posee el Estado, para con ello obtener el financiamiento necesario para prestar bienes y servicios públicos, la sociedad requiere contar con la máxima visibilidad posible para poder evaluar el destino y la eficiencia con la que se gastan sus aportes a través de los impuestos.

En la Argentina, cuando por algún factor se ve complicada la actividad económica, la realidad que vive el ciudadano es una suba legal de impuestos que implica una disminución de su ingreso disponible. Pareciera que la prioridad siempre es la de recaudar, no quedándole muy claro al ciudadano ni la magnitud del esfuerzo que se le pide ni el destino que va a tener.

Como esta columna analiza la cuestión tributaria en el nivel de provincias y municipios, se considera esencial desarrollar en primer lugar el marco dentro del cuál llevan adelante los estados subnacionales su política tributaria, como vía de contextualización de la situación para el ciudadano-contribuyente.

Muchas veces se insistió desde este espacio que la fuerte concentración de la recaudación propia subnacional en impuestos o tasas procíclicas cimentaba el marco para una complicación importante de la recaudación ante la eventualidad de un shock exógeno que desacelerara la economía.

Y esto se relaciona con cuestiones de economía política, puesto que durante los últimos años tanto gobernadores como intendentes evitaron pagar el costo político de subir impuestos directos como el inmobiliario o el automotor (muy visibles para el ciudadano), dejando que la recaudación creciera al ritmo de la actividad económica real y de la inflación.

La consecuencia de esta política es que hoy casi un 70 por ciento de la recaudación propia provincial está explicada por el impuesto a los ingresos brutos (IIB), siendo que históricamente su participación era del 50 por ciento. Por su parte, la principal tasa municipal, la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), se cobra como un porcentaje de la facturación en 3 de cada 4 jurisdicciones, con lo que en la práctica funciona igual que el impuesto a los ingresos brutos provincial.

Hace casi doce años que nuestro país debería tener una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Como la Nación creó dos impuestos nuevos en los últimos años, prácticamente no coparticipables para las provincias y municipios, surge la disputa por el derecho de quién decide el gasto, que es obviamente quién tiene por ley los fondos en primera instancia.

En consecuencia, a mi criterio surgen tres vías de resignación de coparticipación por parte de los gobiernos subnacionales: el desplazamiento en la recaudación del impuesto a las ganancias por la aplicación de los derechos de exportación; la no coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios en la misma línea que el IVA por ejemplo; y el aporte de recursos para financiar el Sistema de Seguridad Social, que puede dimensionarse como el 15 por ciento de la masa coparticipable (este es una parte del total).

En conjunto, las provincias estarían dejando de percibir un total de ingresos por $ 20.000 millones anuales, que representan cerca del 30 por ciento de las transferencias por coparticipación que recibirían este año. Esta misma situación se traslada directamente al ámbito municipal, considerando que 21 de las 23 provincias coparticipa a sus municipios un porcentaje de sus ingresos.

Producto de la combinación del comportamiento de gastos y de ingresos, se estima que el conjunto de provincias cerraría 2008 con déficit fiscal (luego de cinco años de haber obtenido superávit). En el nivel municipal, si bien es cierto que no se cuenta con datos para el consolidado, existe ya evidencia de que ciertas jurisdicciones estarían también entrando en déficit a partir del corriente año.

Lo primero que quiero aclarar es que los cambios que ahora analizaré se dieron básicamente antes de la explosión de la crisis financiera internacional. Durante el transcurso de este año, las provincias y los municipios han recurrido a la alternativa que consideran más viable desde la economía política, que consiste en subir impuestos indirectos que se esconden dentro de los precios de los bienes y servicios.

* Ámbito provincial:

Analizando las alícuotas legales que se cobran por el impuesto a los ingresos brutos, si bien 2008 había comenzado con una leve disminución promedio respecto de 2007, a mediados de año se modificó esta tendencia.

La provincia de Misiones fue la que encabezó el cambio, seguida por Córdoba y Buenos Aires. En estas jurisdicciones se destacó el fuerte incremento de la presión sobre la actividad industrial. Mientras tanto, Córdoba ya ha propuesto una reducción para esta actividad en 2009.

*Ámbito municipal:

En el nivel municipal también se produjo durante 2008 un quiebre en la política tributaria, con importantes subas en la principal fuente municipal de recursos propios, la tasa de seguridad e higiene. En efecto, prácticamente la mitad de los municipios más grandes de la Argentina aplicaron subas tributarias, de las cuales muchas constituyeron incrementos de alícuotas para una gran parte de las actividades económicas.
Efectos de los cambios

En el gráfico que acompaña esta columna puede apreciarse que, en promedio, la mitad del aumento tributario evidenciado en el período 2002- 2008, se ha dado solamente en este último año. Esto evidencia el cambio de velocidad de los aumentos de tributos indirectos subnacionales sobre determinadas actividades económicas.

Estos incrementos tributarios en ambos niveles de gobierno implican una reversión en materia de eficiencia económica y de visibilidad al ciudadano. Además, el hecho de incrementar la carga tributaria formal genera mayores incentivos a evadir el impuesto y acentúa la competencia desleal perjudicando a los que cumplen debidamente con el pago del mismo.

De cara al próximo año, se plantea el interrogante acerca de cómo enfrentarán los gobiernos subnacionales este escenario de menor actividad económica, caída de la tasa de crecimiento de la recaudación nominal, crecientes demandas de aumentos salariales y alta participación de gastos que son inflexibles a la baja.

Por todo esto, considero vital que se coordine la política tributaria y de gasto de los tres niveles de gobierno, de modo tal de administrar lo mejor posible la escasez esperable de recursos.

Seguir la línea de aumentar la presión tributaria como única fuente de recursos, será claramente una opción equivocada. La combinación gasto-ingreso resulta esencial.