La información pública es una herramienta clave para la transparencia en la gestión de gobierno y también resulta fundamental para la toma de decisiones empresariales tales como definir nuevos proyectos de inversión.

Asimismo, es responsabilidad gubernamental crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse en su máxima expresión. La información pertenece a los ciudadanos, no es propiedad del Estado ya que éste tiene la información sólo en cuanto representante de los ciudadanos.

Sin embargo, en los últimos meses varios organismos oficiales han demorado, interrumpido y distorsionado la publicación de estadísticas públicas, especialmente aquellas que reflejan el funcionamiento del sector agroindustrial. De este modo, información vital para la toma de decisiones del sector privado es cada día más escasa y menos confiable.

Son numerosas las estadísticas que han dejado de publicarse o bien se han modificado afectando su confiabilidad y provisión de datos. Por ejemplo, la planilla senamal conocida como "Compras, ventas y embarques", las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), los datos de molienda de granos y los de producción de aceites y harinas, se han interrumpidos. También se ha discontinuado la habitual información sobre existencias físicas de granos y capacidad de almacenaje para reemplazarla con una nueva serie. Ésta presenta una particularidad adicional: en el nuevo formato se presenta la estadística por campañas, sin ponderar los datos para todo el país y no se encuentran publicados los meses anteriores (solo se puede acceder a la publicación corriente). Debido a las diferencias metodológicas implícitas las comparaciones con años anteriores se vuelven metodológicamente imposibles.

Las consecuencias de la falta de información y la distorsión de la misma perjudican a todos los eslabones de la cadena agroindustrial y a nuestro país como un todo. Al contar cada vez con menos herramientas para la toma de decisión se impide planificar de manera correcta las estrategias productivas, comerciales y de provisión de servicios. Estas dificultades se acrecientan por los negativos efectos que sobre el comercio de granos provocala Resolución 543 de la ONCCA. Todo ello afecta las decisiones empresariales de inversión, generación de empleo y valor agregado lo cual presiona sobre la producción y las divisas que el sector genera.

Ricardo G. Forbes
Presidente