Lo peor, para el Gobierno, todavía no pasó. A pesar del impacto que ya causó en la Casa Rosada el comienzo de las audiencias por el Valijagate, en Miami, los más importantes funcionarios saben que los próximos días serán aún más complicados para el oficialismo: la Presidenta y su equipo esperan con ansiedad la declaración de Guido Alejandro Antonini Wilson.
La Casa Rosada teme que el valijero se siente en el estrado recién dentro de diez días, justo cuando Cristina Fernández inicie su viaje por los Estados Unidos con motivo de la reunión anual de las Naciones Unidas en la sede central de Nueva York, lo que agrandaría el impacto de sus posibles revelaciones.
El caso hunde en la resignación y la bronca a Cristina. En su residencia de El Calafate, donde pasa el fin de semana, la Presidenta estalló de furia por la repercusión nacional que toma el Valijgate. Como suele ocurrir en el oficialismo cuando las cosas no salen como se espera, el blanco del enojo fueron los medios: “¡Los diarios me tienen podrida, son una basura, que escriban lo que quieran!”, se exaltó CFK frente a pocos testigos, relataron fuentes de su entorno.
Por si fuera poco, la oposición encontró el motivo perfecto para volver a poner en duda el financiamiento de la campaña de CFK. La Coalición Cívica quiere crear una comisión parlamentaria para investigar cómo y quiénes pagaron la campaña del oficialismo: “En el informe de campaña hay una cantidad de nombres de aportantes, varios monotributistas, que hace un año no aportaban. Es un modelo de corrupción que veníamos denunciando”, aseguró la diputada Patricia Bullrich.
La UCR se expidió en el mismo sentido y también pidió explicaciones al Gobierno sobre el tema. Hasta el vicepresidente, Julio Cobos, solicitó que la Justicia avance en la investigación de esos números, a la vez que intentó despegarse de cualquier posible futuro escándalo que lo pueda salpicar. Dijo que nunca tuvo “injerencia” sobre la financiación de su propia campaña.
A todo esto se suma un estudio de la ONG Poder Ciudadano, que asegura que el Frente para la Victoria pagó entre 60 y 80 millones de pesos por la campaña, o sea, unas cinco veces más que los 17 millones que se declararon ante la Justicia (ver columna).
Aunque ningún funcionario lo va a admitir en público, el gabinete no sabe cómo hacer para sacar de la agenda las sospechas sobre el dinero K y los valijazos caribeños. “En este caso decimos la verdad y no nos cree nadie. Es como el cuento del pastorcito mentiroso, que de tanto mentir perdió cualquier tipo de credibilidad, lo admito”, se confesó un ministro frente a Crítica de la Argentina.
Según pudo saber este diario, el Gobierno analizó el fin de semana salir a pelear el espacio mediático haciendo un anuncio económico de relevancia, pero la idea no se concretó. Los asesores presidenciales esperan que la crisis del conflicto regional, desatada en Bolivia, los deje respirar aunque sea un poco (ver página 4). “Cristina está dedicada exclusivamente a Bolivia”, repetían ayer los voceros habituales de la Casa Rosada. Otros funcionarios contaron que, en El Calafate, los Kirchner terminaban de preparar el proyecto de ley del presupuesto 2009, a la vez que analizaban las posibles repercusiones del Valijagate. Ayer, la Cancillería desmintió que se estuviera buscando un “contacto” de Cristina Kirchner con el subsecretario de Adjuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, Tom Shannon, durante el viaje presidencial a Nueva York. Sin embargo, fuentes del entorno K admitieron –siempre de manera informal– que es probable que la Presidenta y Shannon mantengan un breve encuentro durante la realización de una reunión del Council of Americas en Manhattan.
La semana próxima, el gabinete insistirá en su tesis de que Antonini es un “delincuente” y que debe venir a declarar al país. Cuentan ahora con un argumento a favor. Justo cuando la Casa Rosada lo esperaba, la Justicia “reactivó” la causa en la Argentina. Mañana declará el abogado Guillermo Ledesma, quien intentó convencer a Antonini para que contratara sus servicios.
Sin embargo, el jurista no dio señales positivas para el Gobierno. En un intento por dar una imagen de credibilidad, contó ante la prensa que Antonini le había confesado haber estado en la Casa Rosada el día después de haber intentado ingresar al país con su célebre valija. Además, en los audios del FBI, Ledesma aparece diciendo que quienes garantizarían la impunidad del Valijagate son “Kirchner y Chávez”.
Por supuesto, el oficialismo insistirá con su versión que indica que el juicio de Miami es, en realidad, una causa politizada. Ya comenzaron una operación de descalificación del fiscal, Tom Mulvihilll, aduciendo que tiene aspiraciones políticas, por lo que se esforzaría en mostrarse antichavista y anticastrista ante el electorado de la Florida. La estrategia, también, es insistir en que los medios nacionales no tienen por qué dar crédito a un testigo protegido del FBI. La tarea es casi incumplible.
La Casa Rosada teme que el valijero se siente en el estrado recién dentro de diez días, justo cuando Cristina Fernández inicie su viaje por los Estados Unidos con motivo de la reunión anual de las Naciones Unidas en la sede central de Nueva York, lo que agrandaría el impacto de sus posibles revelaciones.
El caso hunde en la resignación y la bronca a Cristina. En su residencia de El Calafate, donde pasa el fin de semana, la Presidenta estalló de furia por la repercusión nacional que toma el Valijgate. Como suele ocurrir en el oficialismo cuando las cosas no salen como se espera, el blanco del enojo fueron los medios: “¡Los diarios me tienen podrida, son una basura, que escriban lo que quieran!”, se exaltó CFK frente a pocos testigos, relataron fuentes de su entorno.
Por si fuera poco, la oposición encontró el motivo perfecto para volver a poner en duda el financiamiento de la campaña de CFK. La Coalición Cívica quiere crear una comisión parlamentaria para investigar cómo y quiénes pagaron la campaña del oficialismo: “En el informe de campaña hay una cantidad de nombres de aportantes, varios monotributistas, que hace un año no aportaban. Es un modelo de corrupción que veníamos denunciando”, aseguró la diputada Patricia Bullrich.
La UCR se expidió en el mismo sentido y también pidió explicaciones al Gobierno sobre el tema. Hasta el vicepresidente, Julio Cobos, solicitó que la Justicia avance en la investigación de esos números, a la vez que intentó despegarse de cualquier posible futuro escándalo que lo pueda salpicar. Dijo que nunca tuvo “injerencia” sobre la financiación de su propia campaña.
A todo esto se suma un estudio de la ONG Poder Ciudadano, que asegura que el Frente para la Victoria pagó entre 60 y 80 millones de pesos por la campaña, o sea, unas cinco veces más que los 17 millones que se declararon ante la Justicia (ver columna).
Aunque ningún funcionario lo va a admitir en público, el gabinete no sabe cómo hacer para sacar de la agenda las sospechas sobre el dinero K y los valijazos caribeños. “En este caso decimos la verdad y no nos cree nadie. Es como el cuento del pastorcito mentiroso, que de tanto mentir perdió cualquier tipo de credibilidad, lo admito”, se confesó un ministro frente a Crítica de la Argentina.
Según pudo saber este diario, el Gobierno analizó el fin de semana salir a pelear el espacio mediático haciendo un anuncio económico de relevancia, pero la idea no se concretó. Los asesores presidenciales esperan que la crisis del conflicto regional, desatada en Bolivia, los deje respirar aunque sea un poco (ver página 4). “Cristina está dedicada exclusivamente a Bolivia”, repetían ayer los voceros habituales de la Casa Rosada. Otros funcionarios contaron que, en El Calafate, los Kirchner terminaban de preparar el proyecto de ley del presupuesto 2009, a la vez que analizaban las posibles repercusiones del Valijagate. Ayer, la Cancillería desmintió que se estuviera buscando un “contacto” de Cristina Kirchner con el subsecretario de Adjuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, Tom Shannon, durante el viaje presidencial a Nueva York. Sin embargo, fuentes del entorno K admitieron –siempre de manera informal– que es probable que la Presidenta y Shannon mantengan un breve encuentro durante la realización de una reunión del Council of Americas en Manhattan.
La semana próxima, el gabinete insistirá en su tesis de que Antonini es un “delincuente” y que debe venir a declarar al país. Cuentan ahora con un argumento a favor. Justo cuando la Casa Rosada lo esperaba, la Justicia “reactivó” la causa en la Argentina. Mañana declará el abogado Guillermo Ledesma, quien intentó convencer a Antonini para que contratara sus servicios.
Sin embargo, el jurista no dio señales positivas para el Gobierno. En un intento por dar una imagen de credibilidad, contó ante la prensa que Antonini le había confesado haber estado en la Casa Rosada el día después de haber intentado ingresar al país con su célebre valija. Además, en los audios del FBI, Ledesma aparece diciendo que quienes garantizarían la impunidad del Valijagate son “Kirchner y Chávez”.
Por supuesto, el oficialismo insistirá con su versión que indica que el juicio de Miami es, en realidad, una causa politizada. Ya comenzaron una operación de descalificación del fiscal, Tom Mulvihilll, aduciendo que tiene aspiraciones políticas, por lo que se esforzaría en mostrarse antichavista y anticastrista ante el electorado de la Florida. La estrategia, también, es insistir en que los medios nacionales no tienen por qué dar crédito a un testigo protegido del FBI. La tarea es casi incumplible.
