El conflicto político no terminó. Sí desapareció la confrontación verbal, pero, como dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, faltan un diálogo profundo y una política agropecuaria.

El plano judicial también parece incompleto. Las actuaciones más destacadas, sin duda, las tuvieron la jueza federal Liliana Heiland, que declaró inconstitucionales las retenciones móviles, y la Corte, no por haber dictado una sentencia sino por haberle advertido al Gobierno que la resolución 125 nunca pasaría el examen de constitucionalidad. Ambos tribunales prestaron un buen servicio a la democracia y la Corte obligó al Gobierno a dar la necesaria intervención al Congreso, que fue decisiva en este conflicto.

Aun cuando el Congreso haya rechazado la ley de retenciones móviles y el Gobierno, mediante la resolución 1176/08, haya dejado sin efecto la resolución 125, el conflicto judicial no parece completamente cerrado.

Por empezar, el decreto 1176/08 y las resoluciones que dictó el Ministerio de Economía nunca "derogaron" aquella resolución 125, sino que sólo hablan de "limitar" ese régimen. Limitar es un concepto que, en derecho constitucional y administrativo, no tiene significado alguno ni, mucho menos, equivale a "derogar".

Si la resolución no fue objetada por el campo se debió a la prudencia del sector rural para ayudar a distender el conflicto y a que la política se teje con palabras y gestos. Pero el Gobierno obró con picardía. Por un lado, así como la Casa Rosada les reclama a exportadoras y cerealeras 1700 millones de dólares por viejas liquidaciones de operaciones, quedó en claro que los productores nunca deberán olvidar que la resolución 125 no está derogada. A la vez, el Gobierno dejó en claro que no está dispuesto a devolver a los exportadores y productores las retenciones que hayan pagado bajo el viejo régimen.

Muchos imaginan que el Gobierno dejó abierta la puerta para filtrar alguna arbitrariedad y que, tal vez, deberán transitar el camino judicial. Los debates judiciales, a diferencia de la política, se tejen con sutilezas. Otros sectores de la Justicia también vieron matices. El ex presidente Néstor Kirchner dijo que la protesta del campo encubría un intento de "desestabilizar" a la presidenta Cristina Kirchner, es decir, un golpe de Estado. Un abogado denunció esos dichos, para que se investigue su veracidad, pero el juez federal Daniel Rafecas cerró la causa.

Rafecas obró a pedido del fiscal Federico Delgado, quien opinó que no se puede criminalizar el discurso político. Eso es cierto, pero también lo es que un presidente o un ex mandatario no deberían usar ese término con tanta liviandad. Desde 2003, Kirchner o algunos de sus hombres ya denunciaron la existencia de seis intentos de golpe, denuncias que jamás tuvieron asidero alguno. Acusar de "golpe" implica imputar gratuitamente delitos muy graves contra el orden democrático, algo que nadie debería poder hacer con tanta ligereza.

En cambio, Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la radical bonaerense Margarita Stolbizer y varios productores no tuvieron la misma suerte: si bien el juez federal Carlos Villafuerte Ruso estaría íntimamente convencido de que no incurrieron en delito alguno, por ahora sólo accedió a postergar las indagatorias.