LA PLATA.- El proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que plantea una simplificación de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y la extensión del universo de contribuyentes industriales y comerciales, podría ser aprobado hoy por la Legislatura en sucesivas sesiones de ambas cámaras. Pese a que varios sectores productivos y comerciales, parte de la oposición y algunos intendentes del conurbano objetaron ayer la iniciativa, funcionarios del gobierno y legisladores terminaron anoche de definir que será tratado sin cambios de relevancia respecto del texto girado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados provincial.

Con la reforma, la provincia podría contar con unos $ 900 millones extras hasta fin de año. Globalmente, el proyecto apunta a cosechar $ 2200 millones anuales.

Pero el beneficio para las arcas públicas será a costa de subas de precios para el consumidor, según advirtieron las cámaras empresariales. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) señaló en un comunicado que "la modificación bajo examen tendrá un impacto negativo sobre los procesos productivos" de ese sector, "afectando los niveles de actividad, empleo, consumo, inversión y, también, en los precios de los alimentos y bebidas".

A último momento, el gobierno, que ratificó que la reforma incluye el aporte de fondos coparticipables para las comunas, también accedió al reclamo de intendentes del conurbano que pidieron conformar un fondo extra de unos $ 200 millones para atender la problemática social.

El proyecto original, ideado por el jefe de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya, ya había sufrido modificaciones sustanciales antes de llegar a manos de los legisladores. En principio se apuntaba a una eliminación generalizada de las exenciones para la industria y el comercio, pero ahora la reforma prevé gravar a unas 1300 grandes industrias hasta ahora exentas y elevar la alícuota de 1500 comercios de mayor facturación, que pagan el 3%. En tanto, la tasa para las cerca de 50.000 empresas que venden sus productos en territorio bonaerense pero los fabrican en otras provincias pasará del 1,5 al 3 por ciento.

De sancionarse la propuesta oficial, que reduce de 17 a seis las alícuotas fijas - habrá otras seis especiales- que tiene el tributo, gravará con un 4% a las empresas dedicadas a la comercialización y cargará con un 6% a las que trabajan en la intermediación. El ministro de Economía provincial, Rafael Perelmiter, aseguró a LA NACION que "los 1500 grandes comercios que serán alcanzados y que facturan más de 30 millones de pesos al año representan sólo el 0,7 por ciento de los 250.000 emprendimientos comerciales que funcionan en la provincia".

En cuanto a las industrias, se aplicará el impuesto a aquellas que facturan más de $ 60 millones anuales, que deberán pagar un 1% de lo facturado. Estas últimas representan el 2,2% de las 50.000 firmas manufactureras de la provincia.

"Esta medida surge de un amplio trabajo para generar consenso entre los bloques, los intendentes y los sectores afectados y creemos que trae equidad y justicia al sistema impositivo", sostuvo ayer el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Horacio González. Junto a los miembros del bloque oficialista, González recibió ayer a Perelmiter y a Montoya, quienes manifestaron a los legisladores la importancia de que el tema sea tratado con celeridad para garantizar su puesta en marcha a partir del 1° del mes próximo. Perelmiter también se reunió con la oposición. Primero lo hizo con una veintena de intendentes y legisladores de la UCR que adelantaron su voto positivo. También adelantaron su apoyo varios jefes comunales de la Coalición Cívica (CC). Sin embargo, el bloque de la CC informó sobre su intención de rechazar el proyecto porque, según el diputado Abel Buil, "inevitablemente terminará trasladándose a los precios y dándole un nuevo impulso a la espiral inflacionaria".

El legislador Horacio Piemonte, jefe del ARI bonaerense, también rechazó la iniciativa: "Es la resolución 125 de Scioli, que debería ir a buscar la plata de la coparticipación federal en lugar de meter un impuestazo". El vicepresidente del bloque de senadores de la UCR, Diego Rodrigo, presentó un proyecto alternativo para conseguir mayores ingresos de los cánones cobrados para la explotación de salas de bingos y máquinas tragamonedas. El ex candidato a gobernador Jorge Sarghini cuestionó el proyecto porque "es un verdadero desincentivo para la inversión y la generación de empleo".

El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (NENB) pidió que "no se apruebe esta reforma, porque va a producir aumentos de precios, caída de los anuncios de inversión y fuga de plantas de acopio a provincias vecinas", según dijo el dirigente Juan Carlos Garrido. También cuestionó los cambios la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que calificó la medida de "confiscatoria".

La reforma incluye la distribución por medio de un fondo especial de parte de lo recaudado a los municipios a cambio de que éstos resignen el cobro de las tasas de abasto y publicidad y propaganda, que afectan la producción. Según varios jefes comunales del Gran Buenos Aires -donde se registra la mayor recaudación de esas tasas-, es necesario un mayor aporte de parte de la provincia para que la modificación rinda sus frutos.

Por Pablo Morosi
Corresponsal en La Plata