El campo cree que ayer, a pesar del resultado adverso, no tuvo una derrota política. Y que seguirá su lucha desde el lunes en el Senado y más tarde en la Justicia, pero no volverá por el momento a los paros ni a los cortes de rutas. Eso sí, evalúa organizar una gran marcha de productores agropecuarios a la ciudad de Buenos Aires, todavía sin fecha.
Esas son las principales reacciones de los dirigentes de la Comisión de Enlace, que integran la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), después de la extenuante sesión legislativa.
Consultados por LA NACION, Luciano Miguens (SRA), Mario Llambías (CRA) y Eduardo Buzzi (FAA) se mostraron conformes "por el nivel del debate", prometieron seguir la lucha "por vías institucionales" como el Senado y la Corte Suprema, y descartaron por el momento volver a los cortes de rutas.
"Esto nos reconforta. Mucha más gente y muchos legisladores entendieron el mensaje que intentamos transmitir durante varios días", afirmó Llambías.
"El debate fue excelente, con diputados que conocían el tema, ojalá esto sea el inicio de un camino. Al campo ya se lo ve de otra manera", agregó Miguens. "Hay un claro aprendizaje: el Gobierno debe tomar nota que esa hegemonía que exhibía meses atrás se ha modificado", afirmó Buzzi a un grupo de periodistas en el salón de los Pasos Perdidos.
Los dirigentes ruralistas llegaron al recinto alrededor de las 2. Se ubicaron en uno de los palcos laterales y desde allí siguieron la sesión. Cuando todo terminó, recibieron los aplausos de la oposición (que se paró e hizo palmas en agradecimiento a su lucha) y los saludos del oficialismo. Agustín Rossi, titular del bloque kirchnerista, se acercó hasta sus asientos y los saludó uno por uno. La misma escena se repitió con otros diputados del kirchnerismo y la oposición.
Las alícuotas
En el interior, los productores tomaron el resultado de la votación con calma.
Hubo reuniones en Chivilcoy, Bragado y Nueve de Julio, entre otras localidades,
que no llegaron a ser asambleas ya que no tuvieron un carácter resolutivo. Allí,
las "bases" tuvieron respuestas similares a las de los dirigentes. Consideraron
que haber conseguido cambios en el proyecto original y haber forzado el debate
en el Congreso de por sí significó un éxito político para el campo.
El presidente de Coninagro, Fernando Gioino, dijo a LA NACION desde San Francisco, Córdoba, que la Comisión de Enlace va a insistir ante los senadores que se modifique la curva ascendente de las retenciones móviles y la reducción de las alícuotas.
Más tarde, Buzzi dijo a LA NACION que "todavía no está dicha la última palabra" en el Senado y consideró que así como se amplió el horizonte de productores alcanzados por las compensaciones durante el debate en el recinto de Diputados, también se podrá profundizar esa segmentación en la Cámara alta.
Por su parte, el vicepresidente de la SRA, Hugo Luis Biolcati, consideró que "aún perdiendo fue un éxito" para el campo. "Esperemos que los senadores respondan a los verdaderos intereses de las provincias", añadió, y adelantó que si no se modifican las actuales alícuotas de las retenciones móviles, el agro "acatará la ley", pero continuará con la protesta, porque, opinó, son "inconstitucionales".
El vicepresidente de CRA, Néstor Roulet, opinó que la media sanción de Diputados no corrige los "efectos no deseados de las retenciones móviles", (en alusión a la destrucción de los mercados a término). Sobre este punto, el analista Ricardo Baccarin explicó que sin la corrección de la curva de las retenciones móviles (a medida que el precio de los granos aumenta, crece la proporción de ingresos del Estado), los mercados a término entrarán en desuso. "Esto le quita una herramienta los productores tienen para defenderse de la volatilidad de las cotizaciones internacionales y de las variaciones del clima", añadió.
Pero hay otros nubarrones en el horizonte. Según el especialista, si el Senado aprueba el proyecto como salió de Diputados, los productores en condiciones de cobrar las compensaciones estarán obligados a vender la cosecha antes del 31 de octubre lo que provocará un "embudo". Ante la abundante oferta de soja, el precio bajará más allá de lo que indique la cotización internacional de ese momento.
