La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso un proyecto de ley sobre retenciones móviles fue un paso adecuado para descomprimir el conflicto con el campo y abrir un debate tan esperado como necesario. Desde este punto de vista, la participación del Congreso constituye una mejora en la vida democrática y en el funcionamiento de la división de poderes, muchas veces agredida por la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo.
En este cuadro resultan preocupantes, no obstante, las presiones del Ejecutivo y de la dirigencia justicialista para que el proyecto enviado se apruebe a libro cerrado, sin introducirle cambios, aunque se admita compensar el régimen vigente con medidas dirigidas a los productores chicos.
Si esta orientación triunfa, tanto el agro como buena parte de la sociedad, que aprobó y se sintió aliviada por la decisión presidencial, podrían sentirse defraudados, porque la aprobación parlamentaria, aunque estuviera revestida de la más impecable legalidad formal, aparecería como una maniobra destinada a imponer una medida gubernamental. En este caso sería esperable una reiteración de protestas, en el campo y en la ciudad.
No pocas figuras del propio oficialismo son conscientes de esta situación y de los efectos deletéreos que tendría sobre el prestigio del Congreso y del Gobierno, por lo que abogan por la búsqueda de alternativas a la rígida postura presidencial.
Es de esperar que estas posiciones sean escuchadas, para evitar una reedición de conflictos y enfrentamientos que ya están teniendo costos severos para la sociedad.
La discusión del régimen de retenciones móviles tiene que contribuir a acercar posiciones para evitar una nueva crisis. Si se impone la posición rígida del Ejecutivo, tanto el campo como parte de la sociedad se sentirán decepcionados.
