Los cuales se van dando cuenta que su destino también depende de cómo funciona la principal y más competitiva actividad de Argentina.

Y el reclamo del campo comenzó en marzo por la imposición inconsulta de un esquema de altísimos impuestos a la exportación de granos de tasa creciente a medida que suben los precios de exportación o precios FOB. Este esquema resulta ser un freno de mano de los precios domésticos que tiene mayor poder de freno cuanto más suben los precios internacionales.

Como consecuencia de ésta innovación intervencionista, implantada justo antes de una cosecha sembrada bajo otras reglas de juego, se reduce en forma muy drástica la rentabilidad de la agricultura y se paralizan las operaciones de los mercados a término, ya que los que concurren a ellos para comprar, dejan de operar al ver una resistencia de los precios domésticos hacia la suba y una facilidad total para la baja de los mismos. Al retirarse los compradores de contratos futuros, los vendedores del mismo no encuentran en el mercado a su contraparte, y dichos mercados se paralizan. Todo el sector agroindustrial se queda sin una herramienta indispensable para su funcionamiento, que funciona desde hace más de 100 años como un seguro de precios, protegiendo a diversos actores contra las importantes subas o bajas que pueden afectar su supervivencia en un entorno cambiante. Por ejemplo, un productor agrícola puede utilizar los contratos futuros para asegurarse un precio o un piso de precio durante todo el tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha, en que infinidad de factores mundiales suelen cambiar totalmente el escenario de inicio.

Paralelamente a la imposición de reteciones móviles, el gobierno fue imponiendo, no tan visiblemente, una batería de medidas restrictivas de la exportación de granos, que tendrían un efecto tan importante como el de las retenciones o aún mayor, sobre los precios de los granos al momento de la cosecha 2009. La esencia de dichas medidas es la reducción del período de registración de ventas al exterior a tan solo 45 días. Normalmente, deberían poder registrase ventas al exterior como mínimo un año antes de embarcarlos, como para que los exportadores puedan transmitirles a los productores, a través de sus precios de compra, los precios futuros que indican los mercados internacionales, y los productores, combinando operaciones en el mercado a término y ventas a destinatarios finales, puedan asegurarse todo o parte de un precio de venta conocido al momento de invertir para producir.

Cualquier restricción a la exportación determina mayor consumo interno a menor precio y menores exportaciones, por lo cual se aíslan los precios locales hacia la baja por inundarse el mercado con mercadería originalmente producida para la expotación. Y la consecuencia en las campañas siguientes es que dejan de sembrarse hectáreas en las zonas marginales donde los números ya no dan, y baja el nivel de tecnología aplicada en todo el país.

Las retenciones a la exportación producen una merma en el ingreso agregado de los productores argentinos que es mayor a la suma del valor de los beneficios. Tristemente, así es como las retenciones van carcomiendo muy rápido, año a año, el ingreso total de la economía en su conjunto. La recaudación fiscal mas lo que se distribuye en la mesa de los argentinos, tomándolos como beneficios, tienen un valor absoluto mucho menor al costo que incurre el sector agrícola, por lo que las retenciones generan pobreza, visible a partir del año siguiente a su imposición, cuando baja la producción. Y además, se genera una clara discriminación contra las ciudades y pueblos rurales en beneficio de grandes ciudades sobrepobladas y sin trabajo, que artificialmente acogen más gente de la que pueden recibir para vivir dignamente.

Por Alfonso Ruiz Guiñazú