Pero para ello el oficialismo tiene que comprender que la gravedad de la situación requiere un debate amplio, sin trampas ni atajos. Se debe poder revisar la medida y plantear un diálogo que incluya a las entidades representativas del agro. De otro modo, no estaríamos resolviendo el conflicto sino dilatándolo.
El camino elegido por la Presidenta no da lugar a demasiadas esperanzas: el Ejecutivo envió al Congreso un pedido de ratificación de decisiones inconsultas. Más aún, se ha planteado que el proyecto no puede modificarse, con el objetivo de cercenar la atribución constitucional del Parlamento, que es la de fijar las políticas públicas.
El jefe de Gabinete señaló que "el Parlamento no puede modificar el proyecto de retenciones móviles porque el Código Aduanero indica que es una facultad del Ejecutivo". Ignora o miente. A través del Código Aduanero se ha delegado una competencia del Congreso por imperio constitucional -delegación que tiene cuestionamientos judiciales-, de modo que no caben dudas de la competencia para fijar las retenciones del Congreso.
En ese debate, diputados y senadores tendremos la obligación de representar las justas demandas de los ciudadanos y legislar según los intereses de las provincias que representamos. Es necesario que elijamos el camino de un país que apoye a los sectores productivos, con distribución del ingreso y con respeto a las instituciones.
El autor es el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica
