Estudian presentar una demanda colectiva y lo harían ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Los abogados que los asesoran les recomendaron atacar el problema por dos frentes. Por un lado, la inconstitucionalidad de la delegación de facultades al Ejecutivo por parte del Parlamento, y por el otro el carácter confiscatorio de las retenciones.

Productores agropecuarios entrerrianos están dispuestos a iniciar una demanda colectiva contra las retenciones móviles, y sumar la vía judicial a la protesta que realizan desde hace casi tres meses.
Un grupo de productores de Gualeguaychú recibió ayer asesoramiento legal de parte de dos abogados, en un restaurante a la vera de la ruta 14, para comenzar a analizar la presentación de una demanda colectiva.
“Se está evaluando iniciar una acción conjunta ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para que declare la inconstitucionalidad de las retenciones”, explicó uno de los letrados, que estimó que habría al menos un centenar de productores que podría iniciar esa demanda.
Los abogados recomendaron atacar las retenciones por dos frentes: por un lado la inconstitucionalidad de la delegación de facultades al Ejecutivo por parte del Parlamento y por el otro el carácter confiscatorio de las mismas, porque “afectan el derecho de propiedad”.
Sobre el tema, el líder ruralista de Gualeguaychú, Alfredo De Angeli, consideró que “es una vía más que tenemos para recuperar lo que el Gobierno nacional nos quiere sacar”.
Pero por las dudas, aclaró que iniciar una vía judicial de ninguna manera quiere decir que se abandone la protesta en las rutas. “Haremos la protesta pero también iremos a la Justicia”, explicó De Angeli, quien sostuvo que ahora “los productores y los transportistas están unidos en la lucha”.

DIFERENCIAS. En otro orden, una áspera reunión que se extendió durante gran parte del día mantuvo ayer la Comisión de Enlace Agropecuario, en un marco de divisiones por los pasos a seguir y desconcierto por el ingreso en la escena de los transportistas de granos, que llevan adelante un paro que deja al país al borde del desabastecimiento.
En la Comisión también hay dificultades por las decisiones a tomar, ya que las bases, sobre todo de la Federación Agraria, no acatan a rajatablas las decisiones que adoptan las cúpulas de las entidades.
Basta con mecionar que el lunes pasado fue levantado el paro, pero los piquetes del agro se mantuvieron en varias zonas del país, acompañando, incluso, a los propios transportistas en diveras rutas.
El levantamiento del paro se dio a la espera de una convocatoria del Gobierno para iniciar una nueva etapa de diálogo, instancia que no se dio en toda la semana.
Es más, el Gobierno anunció la liberación de un millón de toneladas de trigo para la exportación sin previa consulta a las entidades.
Dentro de la propia Comisión hay posiciones encontradas, ya que la Federación Agraria y CRA son proclives a continuar con las medida de protesta, pero la Sociedad Rural y Coninagro se inclinan por levantar para iniciar una etapa más firme de negociaciones.
Desde estas últimas entidades existen reproches a la Federación Agraria porque hay dirigentes, como Alfredo De Angeli, de Gualeguaychú, que nunca acataron el fin de las movilizaciones.
Precisamente, estos piquetes agrarios llevaron al Gobierno a cerrar la puerta de una nueva convocatoria hasta que los productores del interior desistan de las acciones de protesta.
Los representantes de las entidades estuvieron reunidos ayer en el predio ferial que la Sociedad Rural posee en Palermo, pero todos los dirigentes cerraron sus teléfonos para evitar los contactos con la prensa.
Un vocero dijo cerca del mediodía que luego del encuentro no iba a brindarse una conferencia de prensa, pero si dejó abierta la posibilidad de que se emita un comunicado de prensa, pero hasta altas horas de la noche nada se sabía de ésto.
La reapertura de las exportaciones de trigo por un cupo de un millón de toneladas también forma parte de la agenda del encuentro, del que no se espera un consenso respecto a volver al paro.
La Federación Agraria mantiene la postura más dura y sus bases exigen volver a las medidas de fuerza.
En CRA, en cambio, no hay una postura combativa, pero acompañaría una nueva protesta “que no sea demasiado brutal” si con eso se evita una ruptura de las cuatro entidades.
En la Sociedad Rural y en Coninagro, en tanto, apuestan a salir de las rutas y encauzar la protesta por las vía institucional, judicial o política.
Es decir, esperar el resultado de las gestiones del defensor del Pueblo, la definición del reclamo de la provincia de San Luis ante la Corte Suprema y reforzar la campaña para involucrar a gobernadores, intendentes y legisladores en el reclamo.

Bonafini redobla la apuesta

LA TITULAR DE LA ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO, Hebe de Bonafini, le pidió ayer a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le retire la personería jurídica a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Bonafini, quien había pedido la detención de los dirigentes que conforman la mesa de enlace de las entidades agropecuarias ante la Cámara Federal, ahora recurrió a la IGJ por “atentar contra la comunidad y la Constitución Nacional”. La dirigente exigió que se “proceda a la cancelación y retiro de las personerías jurídicas otorgadas a las entidades” ruralistas, al considerar que sus conductas fueron “violatorias de su régimen legal y estatutario, del interés social y comunitario que justifica su reconocimiento por parte del Estado”. Para Bonafini, la Sociedad Rural y CRA se apartaron del «régimen legal al que se encuentran subordinados» y distorsionaron sus «fines societarios»