La solución podría pasar por la suspensión de la aplicación de la controvertida resolución 125/08, del 11 de marzo, y el envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que éste debata y, eventualmente, establezca un nuevo esquema de retenciones en sintonía con los objetivos del Gobierno.

De ese modo, las autoridades nacionales enmendarían el error inicial, esa suerte de pecado original, que fue la madre del conflicto. Reemplazarían una decisión administrativa sobre políticas tributarias -aunque el Gobierno se empeñe en insistir en que las retenciones no constituyen un impuesto- tomada por una mesa chica, sin consultas a los sectores afectados ni a los legisladores, por otra que respetaría las instituciones de la República.

La Presidenta se sacaría un problema de encima y, como el kirchnerismo domina con relativa comodidad ambas cámaras del Congreso, no debería en teoría tener inconvenientes para que el Poder Legislativo apruebe una ley que, al menos, se acerque bastante a las necesidades del Gobierno. Y las entidades que agrupan a los productores rurales deberían respetarla, porque una norma aprobada por los representantes del pueblo siempre tendrá más legitimidad que una resolución ministerial que no ha sido consultada con nadie y que ha sido objetada desde el punto de vista constitucional.

Si se le diera intervención al Congreso, los chacareros tendrían la posibilidad de abandonar las rutas y de discutir, por medio de sus representantes, sus demandas con los parlamentarios. Seguramente, hallarían un clima mucho más propicio para el debate que el que reina en la Casa Rosada. Así funciona una democracia.

Es claro que si, desde un principio, el Gobierno hubiese recurrido a esta salida, los argentinos nos habríamos ahorrado muchos costos económicos y la primera mandataria no habría sufrido el desgaste en la opinión pública que desde hace semanas exhiben las encuestas.

¿Por qué no recurrió el Gobierno al Congreso? Una primera respuesta es que el matrimonio presidencial nunca se ha mostrado muy respetuoso de la división de poderes y siempre impulsó la concentración de decisiones en el Ejecutivo.

Puede, sin embargo, plantearse otra hipótesis: que los Kirchner teman ser parcialmente desairados por diputados y senadores que consideran parte de su propia tropa.

En las últimas semanas, no pocos legisladores nacionales del propio PJ han manifestado posiciones más cercanas al campo que al Gobierno en el tema de las retenciones. Al mismo tiempo, comenzó a evidenciarse un reclamo de un mayor federalismo que antes parecía escondido y que podría atacar el corazón del esquema de poder en que se sustenta el kirchnerismo. Cabe recordar que lo recaudado por la Nación en concepto de retenciones a las exportaciones no se coparticipa con las provincias.

Hay otro dato no menor: los derechos de exportación que percibe el Estado nacional representaban en el primer cuatrimestre de 2004 el 53 por ciento del superávit primario; hoy constituyen alrededor del 94 por ciento. Paralelamente, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) abona la friolera de 50.000 subsidios por año, unos 200 por cada día hábil. El manejo de la caja es una cuestión muy sensible para los Kirchner y casi nunca pasible de ser debatida.