Los propietarios de los camiones dedicados a la carga de granos se lanzaron a hacer sus propios cortes, aquí y allá, rompiendo la inercia de un pleito que parecía eternizarse.

Los transportistas fueron hasta ahora el actor más frágil y menos visible de este drama de 80 días. Sin trabajo y sin ingresos, ayer volvieron a las rutas, pero para bloquearlas, y ahora se acerca velozmente el desabastecimiento, que los productores rurales han procurado evitar en su protesta con una estrategia minuciosa. Es cuestión de días: en muchos pueblos del interior los cargadores de cereales ordenaban anoche, intransigentes, impedir, sobre todo, el paso de leche y de carne. En Armstrong la fila de vehículos detenidos era anoche de 35 kilómetros. La memoria vuelve a aquellas huelgas de camioneros franceses que paralizaron, hace 8 años, a Europa. Por algo Néstor Kirchner le teme a Hugo Moyano.

Toda la querella del campo parecía ayer resetearse en términos más radicales. Hoy, dirigentes de la oposición, líderes agropecuarios y chacareros de San Pedro deberán presentarse en la Justicia para declarar en la causa abierta por el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray. Piqueteros opositores caminarán hasta la Plaza de Mayo para quejarse ante el Gobierno a favor de los productores. Piqueteros oficialistas se congregarán en el hotel Bauen para planificar sus medidas de acción directa en contra de los productores. El PJ volverá a reunirse en torno de su jefe para una nueva proclama de guerra. La voz del Episcopado, que también se reunirá hoy para advertir sobre el enrarecimiento de la escena pública, está destinada a desentonar en esta Babel. Si es que alguien la escucha.

Néstor Kirchner, que se había preparado para una guerra de desgaste sin tiempo, fue puesto ayer por los camioneros ante una encrucijada urgente. ¿Regresará, junto a su esposa, al tono del 27 de marzo en Parque Norte, cuando Cristina Kirchner pidió, casi suplicó, "humildemente, como Presidenta de todos los argentinos y en nombre de todos los argentinos, que levanten el paro para entonces sí dialogar"? ¿O se tentará con cargar sobre sus adversarios -por momentos, enemigos- del campo la responsabilidad del conflicto social que podría desatarse en los grandes centros de consumo? Anoche, con el inusual recurso a un comunicado, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dio indicios de que la Casa Rosada optaría por el segundo camino: culpó por los cortes de los camioneros a los productores rurales, en una identificación capciosa, pero cuya eficiencia sólo se conocerá con el paso de las horas.

La realidad podría adoptar su propia dinámica. Es posible que las familias asalten rápido las góndolas y precipiten el vaciamiento del que pretenden salvarse. Hasta se puede prever al desesperado -o al pícaro- que lance el primer ataque a un supermercado en el suburbio. ¿Qué debe hacer el Gobierno ante eventualidades como ésas? ¿Garantizar el orden? ¿O basta con que encuentre un responsable al que echar la culpa? A lo largo de todo el conflicto con el campo la Casa Rosada adoptó un argumento según el cual "no somos una de las facciones del conflicto sino que representamos al interés general". Anoche ese criterio caía sobre el comunicado de Randazzo hasta volverlo sospechoso.

Los dirigentes agropecuarios intentaron ayer evitar esa contaminación de su protesta, instando a los productores a separarse de los cortes de los transportistas. Sana intención, aunque acaso inconducente: el discurso oficial no los culpa de la continuidad física con los nuevos piquetes sino de la secuencia política que desembocó en una nueva amenaza de desabastecimiento.

Peligros

Los ruralistas conocen el peligro de que se los unifique con la nueva protesta. Como consignó LA NACION el lunes, los líderes del campo intentaron durante toda la semana pasada disuadir a los camioneros de sumarse al conflicto con medidas más radicales. Desde que finalizó la tregua de 30 días pactada con el Gobierno, dirigentes del transporte como Miguel Agugliaro propusieron una y otra vez a los presidentes de las organizaciones del agro cortar por lo sano y provocar el desabastecimiento que forzara a los Kirchner a satisfacer, de una vez por todas, el reclamo. En las últimas 48 horas, entidades como la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, se lanzaron en esa dirección por su cuenta. Agugliaro se convirtió en "el Moyano del campo". Como el otro Moyano, a quien desdeña, éste también parece proclive a los extremos: "Cortemos todo que el Gobierno arreglará rápido" recomienda desde hace 30 días.

Sería un error imputar a la voluntad de un dirigente, por más representativo que resulte, un proceso que, tarde o temprano, impondrían las circunstancias. En tiempos de normalidad, al puerto de Rosario ingresan unos 5500 camiones por día. En la última semana la estadística no registró ninguno. Antes de que se dispusiera la suspensión de la venta de granos, durante un mes completo, el flujo fue de 1500 vehículos diarios. Los camioneros quedaron sin trabajo y sin ingresos.

Ese estrangulamiento, al que intentan poner fin con los cortes lanzados desde anteayer, fue la manifestación extrema de una parálisis que afecta a toda la cadena productiva y comercial. También al Estado, que dentro de un mes comenzará a sentir en su caja la caída en la liquidación de divisas, última expresión de este colapso del campo que ayer desató la furia de los camioneros.