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El abogado Eduardo Barcesat amplió hoy su denuncia contra los cuatro dirigentes de las entidades rurales Confederaciones Rurales, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural, por presuntas amenazas y desabastecimiento, a raíz de las declaraciones de Eduardo Buzzi, presidente de CRA, que había manifestado a sus productores: “Ya demostramos que podemos desabastecer, ahora aflojemos”.
La denuncia "es a través del desabastecimiento de la población y del
consecuente estado de desesperación del mismo -particularmente de los sectores
de más bajos ingresos que son los primeros en sentir el desabastecimiento y
encarecimiento de lo que queda- que se
pretende doblegarle la política fiscal y redistributiva del Gobierno Nacional",
dijo el letrado.
Buzzi, por su parte, confesó en una entrevista con la revista Veintitrés: “Puedo decir que fue un error de mi parte haber dicho eso, que finalmente se filtró”.
En un escrito presentado este mediodía al juez federal Sergio Torres -y al que la agencia Télam tuvo acceso- el denunciante acompañó copia de una publicación en Internet del diario El Puntual donde se reproducen las declaraciones del dirigente de CRA.
La agencia de noticias estatal destacó que Barcesat cuestionó que los presuntamente afectados no hubiesen utilizado las vías legales para hacer oír sus reclamos, sino que optaron por "un acto de fuerza que, se quiera o no, se represente o no su resultado, pone en situación de riesgo a las autoridades constitucionalmente instituidas".
El letrado amplió, de esta manera, la denuncia que efectuó el 28 de marzo último cuando pidió que investigue si los productores agropecuarios que realizaban un "lock out" patronal por el aumento de retenciones a las exportaciones cometen el delito de extorsión.
Entre los argumentos aportados en aquella oportunidad por el letrado figuraban dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando, según el denunciante "puso acento en los efectos del desabastecimiento y lesión a los derechos a la salud", que provocaría la medida de fuerza.
La acción penal está dirigida contra "las comisiones directivas de la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Coninagro y CRA" y, como "partícipes necesarios", a "todos aquellos que han obrado en consecuencia, efectivizando el lock out patronal".
