Agrositio.com

Desde la Coalición Cívica, la diputada nacional Susana García y la diputada por la provincia de Buenos Aires Maricel Etchecoin, del Grupo “Dejar en Paz al campo”, expresaron que durante los últimos años se evidenció un agudo proceso concentrador de los factores de producción en pocas manos, que desplazó cada vez más a pequeños y medianos productores del sistema agropecuario.

Al respecto, García explicó: “Un tema principal que explica el conflicto por las carnes en el país es el desplazamiento de la ganadería, que ha modificado el mapa de este tradicional sector de la actividad agropecuaria, proceso que comenzó en 1994, cuando la agricultura se expandió de manera sostenida quitándole, hasta la actualidad, 11 millones de hectáreas a la producción de carne”.

Para la legisladora provincial, “la crisis no es de la ganadería en general, sino de los productores y, especialmente, de los más pequeños y medianos, debido a que la reubicación geográfica de la ganadería argentina no significa que la inversión la efectúen los productores oriundos de las zonas marginales, sino que los únicos posibilitados de hacerlo siguen siendo, como en los años 90, las grandes firmas argentinas o inversores foráneos que apuestan en el sector, como ocurre también en la producción porcina o en la soja”.

Etchecoin mencionó como ejemplo al “grupo CRESUD S.A. –uno de los mayores terratenientes y mayores ganaderos–, que posee campos de cría en el Norte Argentino, feedlots en San Luis y, actualmente, asociado con una empresa de capitales norteamericanos, compró un frigorífico en la Provincia de La Pampa”.

La presión impositiva en el campo

Las diputadas puntualizaron que la integración vertical de la cadena se orienta hacia una “ganadería sin ganaderos”. Para la diputada Etchecoin, “desde lo impositivo, también se revela la imposibilidad de continuar con las existencias ganaderas por parte de los pequeños y medianos productores”.

Y explicó que de la tranquera hasta la góndola los pasos son varios: transportes, consignatarios, transportes –nuevamente–, frigoríficos, mayoristas y minoristas; a los que se suma, en cada paso, el Sector Público Nacional en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Municipal-Comunal) constituyendo, para los productores, una alta carga impositiva.

Para García, la solución “no tiene que ver con el libre juego del mercado, sino con un Estado que intervenga a través de políticas públicas activas para toda la cadena productiva que favorezcan el incremento de la oferta, la territorialidad natural ganadera, el abastecimiento del mercado interno y la exportación, la seguridad alimentaria, los controles sanitarios únicos, la diversificación en los sistemas productivos, la contención de las familias rurales ganaderas; en definitiva, configuran un sistema justo de producción, crecimiento y, sobre todo, de desarrollo sostenible”.

Las legisladoras por la Coalición Cívica coincidieron en que “es el Estado Nacional el encargado de garantizar las reglas de juego entre las partes, planificando la oferta a largo plazo, asegurando el abastecimiento del mercado interno y externo, implementando sistemas tributarios acordes a la realidad del campo y fomentando otras actividades productivas a través de precios sostén y entes reguladores, de modo tal que sea tan rentable hacer soja como ganadería o cualquier otra actividad propia de cada zona productiva”.