Concebidas estas políticas con la finalidad de controlar la inflación -especialmente en los bienes y servicios que tienen mayor peso en el gasto de las familias de menores recursos- no han logrado nada significativo, si tenemos en cuenta la evolución de los índices de precios creíbles, como el la DEIE de Mendoza, y no los manipulados del Indec.
Las medidas de fijación de precios tienen el supuesto propósito de mejorar la distribución del ingreso, beneficiando a los más pobres.
Al respecto, un trabajo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, comentado en nuestras páginas, revela que poco o nada se ha conseguido al respecto.
Es que como lo muestran cientos de experiencias, las políticas de fijación y control de precios sólo tienen un efecto limitado y valen por un cierto tiempo, mientras se ponen en práctica medidas fiscales y monetarias que ataquen las causas del aumento de precios y no sus efectos.
Y esto es lo que parece que se avecina.
Trascienden estrategias en política monetaria en que el Banco Central disminuiría la emisión de dinero, con la finalidad de evitar que la inflación se acelere.
De igual modo ha trascendido que adoptarán medidas para moderar el crecimiento del gasto público, que este año, incentivado por las necesidades electorales, hasta octubre creció a una tasa cercana al 50% respecto al año anterior.
En tanto, las acciones que sobre los precios lleva adelante el al parecer fortalecido y confirmado secretario de Comercio Interior, siguen produciendo efectos perjudiciales, tanto para los productores de bienes y servicios como para los consumidores.
Un repaso de lo que está ocurriendo en algunas actividades permite advertir un panorama incierto y riesgoso. Así, por caso, la terca medida de no producir ajustes en las tarifas de electricidad y gas ha llevado a la virtual paralización de las inversiones en estas actividades.
La consecuencia es una inocultable incapacidad de proveer energía para satisfacer una demanda creciente.
Para citar un caso que nos compete, los sectores productivos de Mendoza, especialmente la agroindustria, con fuerte demanda estacional, no saben si dispondrán de la energía necesaria en el verano.
Durante el invierno fue evidente la falta de gas para las industrias proveedoras de insumos para la vitivinicultura, incluso alguna de ellas han sufrido serios problemas técnicos a consecuencia de la falta de gas.
Ahora también escasean gasoil y nafta, a pesar de que sus precios se han venido incrementando considerablemente en las últimas semanas.
Pero hay otros rubros de la canasta familiar donde esta torpe y agresiva política de precios está produciendo efectos negativos que llevará mucho tiempo revertir.
Un caso difícil de entender es la política de precios en materia de ganadería, tanto de carne como de leche.
Las restricciones y prohibiciones de exportar carne y la aplicación de precios máximos en distintas etapas del proceso han producido -como es lógico- desaliento en los productores, que han procedido a reducir o liquidar planteles, dedicando las tierras a actividades más rentables como los granos.
En el caso de la leche bastan dos o tres números para comprender la situación. Mientras en el mercado internacional una tonelada de leche en polvo se cotiza a 4.200 dólares, el Gobierno ha fijado un precio de 2.650 dólares, y ahora el designado ministro de Economía anuncia un precio para a los tamberos inferior al que está pagando la industria.
Consecuencia: rechazo de la medida por parte de los productores, amenazas de liquidar tambos y posible desabastecimiento y angustia de los consumidores.
La ausencia de racionalidad en la política ganadera, que afecta a Mendoza como zona de cría, ha llevado a que dos países que están haciendo las cosas bien -Brasil y Uruguay- hayan superado a la Argentina en exportaciones de carne; en el caso de Brasil se ha convertido en pocos años en primer exportador mundial de carne vacuna.
Situación similar ocurre con el trigo, donde el gobierno prohíbe las exportaciones para evitar que el precio de la harina y el pan aumenten internamente.
Además, en todas estas acciones hay que agregar multitud de subsidios, que crean una madeja difícil de entender, mucho menos de controlar y hacer que tengan alguna transparencia.
Para cerrar el cuadro debemos recordar que en carne, leche y granos se vive una coyuntura internacional de precios altos que debería ser el motor que impulse un crecimiento de la producción, pero que la estamos desaprovechando.
Lamentablemente no es la primera vez que políticas de corto plazo y prejuicios ideológicos contra el campo malogran situaciones que podrían convertir al sector en un emporio de riqueza, tanto para la exportación como para el consumo interno.
Los Andes