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El 18 de este mes, el diputado Eduardo Macaluse, el electo gobernador
socialista de Santa Fe, Hermes Binner, y tres legisladores más, también del ARI,
presentaron un proyecto de ley que propone la creación de un Instituto de
Promoción de la Lechería Argentina (IPLA)*, un ente de derecho público, no
estatal, que por medio de la Comisión de Precios al Productor, fijará
mensualmente un “precio mínimo para la leche entregada en tranquera de tambo,
que califique con las condiciones y estándares de calidad reglamentados por el
Instituto”. De esta forma, se busca lograr un consenso entre los actores
primarios de la producción lechera, los consumidores y el Estado.
A partir del 10 de diciembre, la Coalición Cívica contará con 11 bancas en
Diputados, además de los dos legisladores del ARI y los dos radicales que
responden a Margarita Stolbizer. Este dato alcanza para deducir que el proyecto
tiene factibles chances de ser defendido en la Cámara Baja.
Formarían parte del IPLA integrantes del sector agropecuario primario como los
titulares de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), Confederación
Intercooperativa Agropecuaria, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural
Argentina y otras organizaciones. Desde el Estado, el titular de la SAGPyA
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos), Javier de Urquiza; y
luego, distintos representantes del sector industrial, de la comercialización;
de los consumidores, y de la producción.
*La creación de IPLA es una propuesta formulada inicialmente por FAA (Federación
Agraria Argentina)..
Objetivos: mayor producción y apertura de mercados
Los objetivos de esta iniciativa son: “impulsar el ordenamiento, crecimiento y
desarrollo” de la producción, que brinde “previsivilidad y sustentabilidad en el
corto, mediano y largo plazo”; además de “promover nuevas formas de
comercialización de la leche cruda, con la finalidad de lograr un mercado
equitativo, eficiente y transparente”; proponer las normas “que favorezcan el
desarrollo de las PyMEs industriales y toda la actividad tambera, mediante la
aplicación de políticas sectoriales para la producción primaria de leche cruda,
privilegiando a los productores mas chicos, contribuyendo así a una mayor
generación de empleo en las pequeñas y medianas localidades del interior del
país”, entre otras cosas.
El proyecto aspira, a través de la creación del organismo, a “transparentar toda
la cadena láctea” para “debatir y acordar los márgenes de rentabilidad de cada
actor de la cadena de valor”. Y de esta forma, se intentará a abrir el mercado
de exportaciones y lograr un incremento en la producción. Además, prevé la
creación de un Fondo de Promoción sostenido por los aportes de los productores y
la industria.
“La iniciativa busca revertir la caída libre que parece haber succionado a la
lechería a partir de la fijación del precio de corte en 2.100 dólares la
tonelada de leche en polvo, problemas adicionales de orden productivo y
climático, sumado a los mencionados aumentos de retenciones, y a la arrolladora
competencia de los campos por el cultivo de soja”, se informó desde El
Enfiteuta.
La Comisión de Precios al Consumidor
El artículo 14 del proyecto de ley, anuncia la constitución de “una comisión
de precios al productor integrada por representantes de la industria y de la
producción [...], cuya función será fijar mensualmente un precio mínimo para la
leche entregada en tranquera de tambo, que califique con las condiciones y
estándares de calidad reglamentados por el Instituto. El mismo se deberá
determinar en la primera quincena del mes inmediato anterior”. La norma regiría
en todo el país, y su carácter de obligatoriedad supondría multas para quienes
no la cumplieran.
Los firmantes del proyecto argumentaron las necesidades de que esta iniciativa
se concrete lo antes posible: Entre los años 1999 y 2003, la producción
argentina pasó de 10.300 millones de litros a 7.900 millones de litros. Se
perdió más del 20 por ciento de la producción y se cerraron muchos tambos.
[...]El tambo ocupa mano de obra y mantiene gente en el campo como no lo hace
casi ninguna otra actividad. Por eso consideramos que existe todo un componente
social detrás de la lechería que hay que preservar, defender y fortalecer”.
Los diputados no olvidaron remarcar que a partir del 2003, el sector comenzó a
recuperarse, hasta que en julio del 2005 se elevaron los derechos de exportación
“que tuvieron como consecuencia directa una fuerte disminución del volumen
exportado en el segundo semestre de 2005 en comparación con el segundo semestre
del año anterior”.
