El seminario profundizará con una variada temática. Jorge Adamoli (UBA)
disertará sobre el ordenamiento de la tierra en el Noreste Argentino.
Como anticipo expresó que “mal puede hablarse sobre la defensa de los bosques nativos, sino se incluye la cuestión de fondo, que es el avance de la frontera agrícola. Actualmente es muy fuerte y es probable que se incremente en los próximos años; por tal motivo debe ser visto como una crisis. Considerando la etimología del vocablo, que para los griegos significaba “replantear la cuestión” o “puesta en marcha”, estamos frente a dos variables; peligro y oportunidad”, remarcó el especialista.
Proyecto de Ley
El Proyecto de Ley sobre “Presupuestos mínimos de protección ambiental para
los bosques nativos”, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de
la Nación, es más conocido como la “Ley Bonasso” por el nombre de su autor, el
diputado porteño Miguel Bonasso.
Es normativa, ha generado un revuelo en las provincias del Norte y en varias
organizaciones de productores, básicamente por lo establecido en el artículo 25
donde se prohíben -por un año- nuevas autorizaciones de desmontes, hasta que las
provincias tengan elaborados sus propios programas de Ordenamiento Territorial.
Existe una larga historia de medidas espasmódicas sobre prohibiciones y vedas de
desmontes; que -a pesar de sus buenas intenciones- han demostrado ser inocuas
por la debilidad de los órganos de aplicación y de control, o inconducentes y
fáciles de burlar, como es la avalancha de autorizaciones de desmontes que
preventivamente ocurrieron en algunas provincias.
Para comprender el por qué de este proyecto, hay que tener presente el
contexto de descontrol que rodea al fortísimo avance de la frontera
agropecuaria, caracterizada por numerosos conflictos por la propiedad de las
tierras, y riesgos ciertos de pérdida de ambientes únicos. La mayor superficie
de desmontes se concentra en las dos porciones subhúmedas de la región chaqueña,
es decir en el bosque de tres quebrachos existente en la frontera Chaco-Santiago
del Estero-Santa Fe, y en el deslinde entre el Chaco y las Yungas, en la
frontera de Santiago del Estero con Salta y Tucumán. Es común ver inmensas
superficies totalmente desmontadas, en áreas en las que las autorizaciones de
desmontes no pueden superar al 50 %.
A pesar de las falencias, un mérito mayor de la Ley Bonasso, ha sido instalar el
tema de los presupuestos mínimos para el Ordenamiento Territorial. Según,
Adámoli, este no debe ser concebido con una visión unilateral, ya que -por si
misma- es una herramienta de superación de conflictos.
El especialista, considera que se requiere de un proceso participativo, con todos los actores legítimos (productores agrícolas, ganaderos, forestales, grandes, comunidades campesinas y aborígenes, entidades ambientalistas y de la producción), así como de otros sectores de la sociedad civil. “Si bien esto implica un proceso lento y complicado, asegura una legitimación social y seguridad jurídica mucho más amplia.
PELIGRO Y OPORTUNIDAD
En nuestro país, el Norte Argentino presenta como oportunidad una fuerte y
simultánea demanda de granos, carnes y biocombustibles; que presionan cada día
más por una expansión de las áreas cultivadas.
El peligro pasa porque este proceso siga sin control y termine provocando
severos problemas ambientales, sociales y productivos, donde haya pocos
ganadores y demasiados perdedores. Para muchos, la expectativa superadora pasa
por un “Ordenamiento Territorial” consensuado por todos los actores sociales.
Una ley cuyos objetivos sean las normas regulatorias para la expansión de las
fronteras agrícolas y la protección de los bosques nativos.
Por eso, sería importante establecer condiciones previas a la autorización de futuros desmontes, tales como estimular la incorporación de altos niveles de productividad en las tierras ya habilitadas. El valor de la tierra cubierta por bosques se multiplica en torno de 10 veces al ser desmontada, lo que genera un fuerte incremento patrimonial. Hay muchos predios que fueron desmontados en tiempo récord, pero que tienen muy bajos rendimientos, debido a una mala incorporación de tecnología.
En cualquier congreso o jornada promovidos por el INTA, AAPRESID o AACREA,
queda claro que existen tecnologías probadas para duplicar los rendimientos
agrícolas y triplicar los ganaderos. Incluir esta condición de aumento de
productividad previa a nuevos desmontes, sería un fuerte estímulo para la
adopción de las innovaciones tecnológicas disponibles. Al mismo tiempo, debería
establecerse un régimen de fuertes castigos a los transgresores. Estas dos
medidas fortalecerían un camino para que las ventajas competitivas surjan de la
incorporación de tecnologías de producción y de gestión.
“Lo ideal sería evitar que las ventajas competitivas sean producto de las
actividades al margen de la ley (desmontes ilegales, trabajo en negro, evasión
impositiva)”, remarcó Jorge Adámoli.
[El Ordenamiento Territorial debería ser un proceso de construcción y de actualización permanente. El surgimiento de nuevas tecnologías, los cambios del clima, la aplicación de incentivos institucionales y económicos, nuevas obras de infraestructura, pueden modificar las condiciones previas, lo que requerirá adaptar las normas. Esta articulación entre políticas de largo plazo con criterios de flexibilidad, es esencial para que el proceso se mantenga vivo, y para evitar que sea un esquema rígido, que pierda contacto con la realidad”].
