La preocupación del gobierno por los niveles de inflación es apropiada. Sin embargo, en el caso de la carne, las medidas que se vienen tomando (el peso límite de faena, la eliminación de los reintegros, el fracasado acuerdo de precios máximos, sólo suscripto por algunos frigoríficos; el registro de exportadores, el aumento de las retenciones), no solo no solucionan el problema, sino que en el mediano plazo lo agravan.

El broche de oro fue la inédita suspensión de las exportaciones.

Resulta curioso que hace unas semanas nos lamentábamos porque se nos cerraban mercados por la aftosa y hoy los que los cerramos somos nosotros.

La contradicción es peor cuando el año pasado la Cancillería gastó 8 millones de dólares en promocionar la carne argentina en el exterior. En tanto, los frigoríficos invirtieron 10 años en negociaciones para lograr mercados que ya expresaron su enojo a través de reclamos oficiales, los que además podrían ir acompañados de acciones legales por incumplimiento de contratos.

Es importante destacar que Argentina destina la mayor parte de su producción de carne al consumo interno y sólo exporta entre el 15 y 20%, mientras que Australia exporta el 67% y Nueva Zelanda el 84%. Por lo que pensar que dicha suspensión contribuirá a contener los precios no es más que otro error, pues significará volcar al consumo interno apenas unos 40 gramos más per capita por día de cortes de animales pesados que no se corresponden con las preferencias locales.

Prohibir las exportaciones no sólo significa dar señales de un país poco serio, perder ingreso de divisas y desatender mercados que serán de difícil recuperación, sino que también genera desempleo y nos aleja de un modelo de crecimiento que posibilite una redistribución más equitativa de la riqueza, nivelando hacia arriba: mayor producción, mayor ocupación y salarios, mejor calidad de vida, y superado definitivamente el esquema de asistencialismo y exclusión imperante.

Sin duda la carne es importante para todos los hogares argentinos. Pero ante el objetivo de combatir el hambre, haciendo que la población pueda acceder a los alimentos a precios acordes a sus ingresos, considerando que 13 millones de argentinos son pobres y que 5 millones son indigentes, resultaría necesario priorizar políticas que estimulen un crecimiento de la producción y el empleo acercando los salarios a los precios y no los precios al salario. Persistir en la consigna "carnes baratas para salarios de hambre" no sólo condena al sector ganadero sino a toda la sociedad.

Es necesario destacar la característica de atomización de esta cadena reflejada en 190.000 productores, 431 consignatarios de hacienda, 33 consignatarios de carne, 450 frigoríficos, 1000 matarifes que si bien puede resultar excesiva conforma un negocio altamente competitivo y bastante transparente, por lo que las políticas de fijación de precios máximos no son eficaces.

No obstante, considerando las prioridades cortoplacistas del gobierno, se podrían subsidiar algunos cortes de consumo en el mercado local con los ingresos provenientes de las retenciones y si el desvelo continua, reducir o eliminar el IVA en todo el proceso productivo y de comercialización de la carne, supervisando y controlando su real efecto en las góndolas. De esa manera se podría lograr la contención de los precios a través de un esfuerzo del gobierno vía impuestos y no a costa de la producción.

Pero aquí no sólo se trata de lo que podemos comprar sino también de lo que podemos vender. Y podremos vender carne, sí y sólo sí aumentamos la producción. En la ganadería, donde el ciclo productivo es de largo plazo se requiere desarrollar un plan ganadero que de previsibilidad a los productores. Eso es lo que nos permitiría aprovechar la gran oportunidad que hoy nos ofrece el mundo, que elige nuestra carne no sólo por razones sanitarias (gripe aviar en UE, aftosa en Brasil, vaca loca en EE.UU y Canadá) sino también porque el sector, a través de inversiones en tecnología, supo lograr los niveles de calidad exigidos internacionalmente.

En la actual emergencia, habría que lograr un consenso con todos los actores de la cadena productiva y comercializadora, corregir la limitación de peso mínimo de faena, eliminándolo para machos y manteniéndolo para hembras, replantear la modalidad de comercialización en media res para pasar al trozado, invirtiendo en capacidad de frío que hoy es insuficiente. Abrir la exportación con un esquema de paulatina disminución de las retenciones, diferenciando entre los cortes apreciados por el mercado interno y los demandados por el mercado externo, según el comportamiento de la oferta para consumo local. Además, hay que promocionar el consumo interno de sustitutos, informando a los consumidores sobre alternativas que permitan cambios en sus hábitos alimenticios, monitorear los precios y márgenes de rentabilidad para constatar que se correspondan con los riesgos y términos de recupero de las inversiones, en cada tramo de la cadena. Destinar al sector lo recaudado en concepto de derechos de exportación para incentivo de su producción, revisar periódicamente la real incidencia de la carne dentro de la composición de la canasta con la cual el INDEC determina los índices de inflación, teniendo en cuenta el efecto de éstas medidas de emergencia.

En definitiva, la ausencia de reglas de juego claras, la falta de certidumbre, el "apriete" que se ha convertido en una práctica habitual, la demonización de una de las partes, distinguiendo entre los buenos y los malos (primero los productores, luego los consignatarios, ahora resta esperar quién es el próximo); la confrontación y la escalada en la apuesta demagógica de las autoridades no hace más que desalentar la producción e inversión, empeorando el problema.

Mientras tanto nuestro stock ganadero es el mismo que hace 40 años, Brasil cuadruplicó su rodeo y Uruguay está ganando mercados tan sólo porque han previsto un horizonte estratégico de largo plazo. Porque si la preocupación es acercar los precios al bolsillo de la gente, esa preocupación desaparecerá cuando no haya carne, ni barata, ni cara.