Aunque a algunos les costó, los funcionarios del gobierno ahora parecen haber aprendido la firmeza con la que el presidente Néstor Kirchner quiere manejar el tema de los precios de la carne. Así lo mostró claramente la ministra de Economía, Felisa Miceli, en el reportaje que concedió a Clarín el jueves en Bariloche: "primero, que baje, y después no sabemos", espetó.

Contestaba la pregunta sobre si, ante una hipotética baja de los precios, podía reverse la medida que prohibió las exportaciones de carne por 180 días. Hace pocos días, una señal en ese sentido, que salió desde la cartera económica, levantó la temperatura de los despachos presidenciales.

Ahora, la pelota está del lado de la cadena de ganados y carnes, que parece no encontrar la forma de consensuar una propuesta que satisfaga los deseos oficiales, que con obvia preocupación busca controlar los índices inflacionarios.

Desde la cadena, algunos importantes actores sostienen que será muy difícil establecer un consenso hacia adentro, de manera de llevar una propuesta única al gobierno. Dicen que hay intereses muy contrapuestos e innumerables actores, todo lo cual resulta muy difícil de compatibilizar.

Durante la semana, se escucharon varias ideas, pero ninguna fue oficializada por ningún sector. Desde la de congelar por un año el precio de 10 cortes populares hasta la de destinar los cortes del delantero al mercados interno y los de los cuartos traseros a la exportación, pasando por cupos de exportación. Ninguna avanzó, al menos por ahora.

Pero, más allá del silencio que reinó sobre el final de la semana, el agua seguía corriendo debajo del puente. Y el silencio público colabora — sostienen varios de los protagonistas— en generar el ambiente propicio para un diálogo que permita encaminar la situación.

Los que estuvieron más en el ojo de la tormenta, durante la semana que pasó, fueron los consignatarios que operan en el Mercado de Liniers.

Cuando este suplemento ya había cerrado, sobre la noche del viernes de la semana pasada, se conoció la decisión del gobierno de prohibir las ventas al oído y el funcionamiento de 11 consignatarias por deudas impositivas.

En el primer día hábil siguiente, el lunes, los funcionarios rehabilitaron a esas empresas, luego de que concurrieran a saldar las deudas que mantenían con la AFIP —el motivo que se había esgrimido para suspenderlas—.

En muchos casos, los consignatarios no salieron de su asombro cuando se enteraron de los montos que se les reclamaban. Una de ellas abonó un total de 38 pesos, según un detalle que hizo circular entre sus clientes, incluyendo intereses. En un comunicado, dijeron que las deudas eran "inexistentes" en muchos casos e "inexigibles" en otros.

Pero la ofensiva contra los consignatarios, que esta semana incluyó piquetes en la puerta de Liniers, amenaza con nuevos capítulos.

Esta semana, la Legislatura porteña postergó por algunos días el debate sobre la prórroga del traslado del mercado, que debería hacerse a mediados de año. Estaba establecida la posibilidad de un prórroga por un año, pero los legisladores varios legisladores oficialistas pretenden ahora eliminar esa posibilidad.

Será clave lo que pase en el tiempo que hay hasta el próximo debate. Si aparece alguna solución creativa avalada por toda la cadena, quizás el gobierno flexibilice su postura. Y el debate sobre Liniers quede en un segundo plano. Sino, quién sabe.

Sergio Persoglia.