La postura fue dada a conocer durante una jornada de trabajo propiciada por la Secretaría del Ambiente para estudiar un borrador de reglamento de uso para las zonas de reserva de recursos manejados en el país.
Los propietarios de tierras afectadas por el área de reserva ecológica de la cordillera del San Rafael adoptaron esta posición en reacción a las denuncias realizadas por la organización ambientalista Proyecto de Conservación de la Reserva del San Rafael (Procosara), de que algunos propietarios incurrieron en delito ecológico al realizar labores agrícolas en zonas protegidas, y que motivaron la intervención de la justicia ordinaria.
En un momento de la reunión en la que técnicos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) hacían la presentación del contenido del borrador de reglamento se produjo una fuerte discusión entre un representante del establecimiento agroganadero Don Felipe (ex Santa Inés), Ing. Antonio Ibarra Llano, y la titular de Procosara, Cristina Hostetler, cuando aquel los acusó de "sinvergüenzas" que reciben millones desde el exterior, al tiempo de acusar a la ONG de invadir su propiedad.
Guardabosques contratados por la ONG Guyra Paraguay, cuya base está en el local de Procosara, habían denunciado ante la fiscalía del crimen supuestos delitos ecológicos que afectaron a la agroganadera, además de otros dos productores de la zona, Willy Hildebran y una familia de apellido Silva.
Estos dos últimos habrían realizado aradas de pasturas naturales -500 y 150 hectáreas, respectivamente- para cultivar arroz, en contravención de la Ley 294/93 que obliga a realizar estudios de impacto ambiental.
