Casi una década después de haber sido disuelta, ahora algunos legisladores plantean la posibilidad de reconstituir la Junta Nacional de Granos (JNG), con el nombre de Junta Nacional de Desarrollo Agrario. Lo hacen impulsando un proyecto de ley que fue presentado por el senador entrerriano Ricardo Taffarel en junio del año pasado.

Así como lo adelantó Infobae meses atrás, en el proyecto la nueva junta tendría potestad para intervenir en el comercio granario e incluso fijar precios mínimos para los granos “cuando las distorsiones del mercado pongan en peligro la sustentabilidad de los productores agrarios”, sostiene el texto de la posible ley.

El proyecto está llamado a despertar polémica. Por un lado pesará el revisionismo de la década del ’90, línea que baja desde la conducción del Poder Ejecutivo, y por el otro el argumento de que el gran avance de la agricultura local se dio durante esa misma década, gracias al libre comercio y la no intervención.

Los productores

Muchas veces, los legisladores toman decisiones sin consultar a quienes son los supuestos beneficiaros de ellas.

Así, Granar S.A., empresa de comercialización y corretaje de granos, realizó un debate entre productores sobre la viabilidad o no de reinsertar a la Junta Nacional de Granos.

De dieciocho personas que participaron opinando en la página web de la empresa, doce se opusieron terminantemente a crear un ente estatal. Las seis restantes se mostraron de acuerdo con la creación de un ente superador a lo que era la Junta Nacional de Granos.

Así, Roberto Giolitti se opuso aseverando que “no nos olvidemos lo que nos costó la junta anterior”. “Finalmente, las aberraciones ocurridas durante su vigencia las pagamos vía impuestos todos los contribuyentes y, en especial, los productores.”

Otro que se opuso fue Armando Nervi, quien comenzó su comentario con un rotundo “No. Este tipo de organismo regulador funciona solamente en países serios, por ejemplo, Canadá. En la Argentina sería otro nido de corrupción y de oportunidades para que algunos piratas hagan negocios que pagamos todos los argentinos vía déficit fiscal.”

Desde la vereda de enfrente, Daniel Bertachini opinó que, a pesar de no estar seguro de si hay que abrir un organismo como la JNG, de lo que sí está convencido “es de que tiene que existir un ente de regulación de precios y condiciones para todos aquellos que somos procesadores de cereales, y no lucramos con la compraventa de ellos”.

Otro productor que coincidió con esta postura positiva se dijo que “sería bueno desde el punto de vista real, ya que si funciona como un ente regulador nos serviría a los productores para que las macroempresas y multinacionales no se aprovechen de su poderío para establecer los precios a su gusto y ganas. Pero sería realmente bueno que la junta sea manejada por gente idónea y honesta, cualidades que la mayoría de los funcionarios de este país no presentan”.

A pesar de que existen opiniones disímiles, en su gran mayoría se oponen a que el proyecto vea la luz y que el Estado regule la comercialización de semillas.

David Cayón