Las empresas distribuidoras de energía eléctrica recurrieron a la Justicia para evitar más interrupciones de suministro de parte de Cammesa, la entidad que administra el sistema nacional de electricidad.

En la presentación de una medida cautelar en el juzgado de Martín Silva Garretón las compañías piden que la Justicia le ordene a la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, el cumplimiento del artículo 31 del decreto 180, que aplica cupos para la entrega de gas con el fin de mantener la disponibilidad del fluido para las centrales eléctricas.

"Para garantizar el cumplimiento de esta orden, y proteger los derechos de las distribuidoras (con la consiguiente protección del derecho de los usuarios) ordene a Cammesa que se abstenga de disponer a las distribuidoras cortes en el suministro de energía eléctrica que entregan a sus usuarios", dice el texto presentado por las empresas, agrupadas en la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), que reúne a Edenor, Edesur y Edelap, entre las más grandes.

El pedido alcanza no sólo a los usuarios residenciales, sino también a algunas grandes plantas industriales que tienen hoy servicios interrumpibles (aquellos que pagan una tarifa menor y se exponen a restricciones en casos de emergencia), que ya sufren un racionamiento.

La decisión de las empresas apunta a evitar el costo que significaría dejar sin electricidad a los domicilios. Pero supone una advertencia para el sistema energético, ya analizada en voz baja en del Gobierno: el panorama podría complicarse si, en adelante, todas las empresas recurrieran a la Justicia.

Otras medidas

No es la primera presentación judicial ante cortes de gas o luz. Ya varias industrias lo han concretado en el interior: ayer, la justicia federal salteña dio lugar a una medida cautelar presentada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, mediante la cual obliga al abastecimiento de gas a tres centrales eléctricas del Norte.

La acción de amparo fue hecha por el titular del ente, Daniel Nallar, y obliga a las compañías que trabajan en el departamento de San Martín a suministrar gas a Central Térmica Güemes (Salta), TG San Pedro (Jujuy) y TG Palpalá (Jujuy) "al precio que la Secretaría de Energía reconoce a los generadores como costo variable de producción de combustible".

Hasta ahora, el valor que el Gobierno reconoce es de alrededor de 60 centavos de dólar el millón de BTU, casi la mitad de lo que se le pagará, por ejemplo, a Bolivia en el contrato de provisión firmado entre ambos Estados.

La presentación, radicada en el juzgado del magistrado de Abel Cornejo, involucra a Petrobras, Repsol YPF, Pluspetrol, PanAmerican Energy, Apco, Northwest, OG Developments, Compañía General de Combustibles, Don Wrong Corn, Esso, Gasnor y Transportadora de Gas del Norte.

La decisión se basó en que esas centrales no funcionan con combustibles alternativos. Cualquier interrupción generaría de inmediato cortes de electricidad en hogares, empresas, comercio y alumbrado público.

Central Güemes advirtió hace un mes a Cammesa que el abastecimiento de electricidad corría riesgos este mes. La falta de gas la obligaba a generar sólo el 50% de la energía suministrada durante la misma época del año pasado.

Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION