Un preso alojado en el Servicio Penitenciario Federal le cuesta al Estado 3361 pesos por mes. El dato, extraído del presupuesto del corriente año, resulta de por sí elocuente, pero lo es aún más si se considera que, lejos de redundar en un servicio ejemplar, el hacinamiento, la superpoblación y la promiscuidad conviven a diario en el servicio.
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Así se describe, y con crudeza, en un informe de la asociación civil Unidos por la Justicia, que investigó el asunto y elaboró un diagnóstico que remitió a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. El estudio, que según allí consta se basó en cifras oficiales, arroja datos escalofriantes: del total de la población alojada en las cárceles federales, sólo el 44% recibió condena. El hacinamiento que allí se padece es consecuencia de la creciente superpoblación en sus 28 cárceles: con sólo 8376 plazas disponibles, aloja a 9231 detenidos (así lo indica el informe, aunque esta cifra varía a diario; según los últimos datos oficiales -al 2 del actual- subió a 9347).
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Lo grave, según el trabajo, es que la población penal crece a un ritmo del 9 y 11% anual. Del hacinamiento a la promiscuidad hay sólo un paso. Según el informe, el sida afecta a poco más del 7% de la población carcelaria (superando el índice que se registra en las cárceles federales de los Estados Unidos) y constituye una de las principales causas de muerte en las cárceles.
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Este documento servirá de base de estudio de los diputados de la Comisión de Legislación Penal -que preside Hernán Damiani (UCR-Misiones)- que tiene previsto abocarse a la problemática.
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En el informe, Unidos por la Justicia -una asociación civil integrada por especialistas en temas judiciales y presidida por Gustavo Ferrari- realizó este diagnóstico:
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Presupuesto: cada preso del servicio penitenciario le cuesta al Estado 3361 pesos por mes. A ese cálculo se arriba si se considera que el presupuesto anual de la institución es de 372.385.018 pesos (incluidas las partidas para obras penitenciarias) y la cantidad de detenidos suman 9231 (9347, según el último dato oficial).
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Superpoblación: el Servicio Penitenciario Federal, que administra 28 cárceles y 10 alcaidías, tiene una capacidad total de 8376 internos (esta cifra sólo contempla las cárceles, no las alcaidías ni neuropsiquiátricos).
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El problema de superpoblación se acentúa, dice el informe, si se considera que, al año 2000, se ha registrado un faltante aproximado de 15.000 plazas, correspondientes a personas detenidas en comisarías o dependencias de otras fuerzas de seguridad.
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Condenas: sólo el 44% de los detenidos recibió condena. Los datos oficiales más actualizados arrojan que, de 9347 detenidos, 5185 están procesados y 4162, condenados.
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l Reincidencias: de los egresados del servicio, un 40% vuelve a ingresar en la cárcel al cabo de seis años.
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Promiscuidad: el sida es la principal causa de muerte en las cárceles. Si bien el informe aclara que no se puede saber el número exacto de infectados, ya que la realización del análisis debe contar con la autorización del detenido, se detectó dicha afección en el 7,07% de la población carcelaria, superando casi en doce veces la tasa estadounidense (0,6%).
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Recursos humanos: el servicio cuenta con 8120 agentes, lo que establece una relación penitenciario-detenido cercana al 1-1. Empero, si se considera el número de agentes que presta servicio en las unidades penitenciarias, la relación baja a 1-0,4. Ello demuestra, dice el informe, que gran parte del personal se dedica a tareas administrativas, fuera de las cárceles.
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Construcciones: el costo de la últimas construcciones realizadas (dos complejos inaugurados en 1999 y 2000) alcanza los 4000 pesos por metro cuadrado, casi cuatro veces el valor de la construcción. Aunque el alto precio se atribuye -dice el informe- a un interés aproximado del 18% anual, aplicado a los contratos de leasing que se celebraron a un plazo de 15 años.
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Todo esto demuestra que el presupuesto anual que se destina al Servicio Penitenciario Federal no redunda en una adecuada contención del detenido en las instalaciones, según se desprende del informe. Y esto se debe, básicamente, a que el grueso de la partida se destina a gastos de personal y de retirados y pensionados.
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Debate legislativo
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La situación del servicio penitenciario federal preocupa a los legisladores abocados a temas penales.
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"Debe plantearse una reestructuración del servicio para así cumplir con la ley, que dispone que los presos sean rehabilitados para su reinserción social -enfatizó Damiani-. Por eso hay que atacar los más graves problemas que aquejan a la institución, y uno de ellos es la cantidad de detenidos no condenados, que imponen innecesarios costos al Estado."
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Para la diputada María del Carmen Falbo (PJ-Buenos Aires), ex ministra de Justicia durante la gestión del gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, uno de los asuntos cruciales por resolver es el hacinamiento.
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"Hay presos que ni cama tienen -alertó-. Debe haber un mayor control externo del servicio, incluso de las ONG, como también un mayor desarrollo de los planes de trabajo y de educación en las cárceles."
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También Nilda Garré (Frepaso-Capital) afirma que el servicio penitenciario debería corregirse con urgencia. "Las cárceles son obsoletas, con enorme superpoblación, con condiciones de extrema violencia interna, con existencia de apremios y muertes sospechosas de presos", enfatizó.
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El diputado Damiani, al igual que Unidos por la Justicia, propone que el servicio carcelario adopte, en lo sucesivo, una clasificación de los detenidos, separándolos por su condición de condenados y procesados, de manera de facilitar el trabajo que permita su posterior reinserción social.
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Unidos por la Justicia sugiere, en un listado de propuestas, que hasta tanto se construyan nuevas cárceles se adecuen ciertos edificios militares en desuso. Casualmente, la misma propuesta que fue base del acuerdo firmado la semana última entre el ministro de Defensa, José Pampuro, y el flamante secretario de Seguridad bonaerense, León Arslanian.
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Canasta básica
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Según las estimaciones del Indec, la canasta básica total por hogar alcanza los 717,44 pesos por mes. Esta cifra resulta bastante inferior al monto que, según un estudio, insume por mes la mantención de un preso alojado por el Servicio Penitenciario Federal, que ronda los 3300 pesos. Los datos oficiales arrojan que la canasta básica alimentaria de una familia tipo es de 327,60 pesos mensuales, mientras que la canasta básica total por individuo alcanza los 232 pesos por mes.
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La superpoblación en las cárceles argentinas
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29 unidades en todo el país
Son las que tiene el Servicio Penitenciario Federal. Se suman 10 alcaidías. Tienen una capacidad total de 8938 plazas.
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9347 detenidos
Estaban alojados en las cárceles al 2 de abril último. De ellos, 5185 eran procesados y los otros 4167 eran condenados.
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2000 la más nueva
Ese año se inauguró el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Tiene una capacidad de alojamiento de 1500 detenidos.
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1904 la más antigua
Ese año quedó inaugurado el Instituto Correccional de Mujeres Nuestra Señora del Carmen, de La Pampa. Tiene capacidad para 70 detenidos.
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40% reincidencia
De los egresados del servicio, un 40% vuelve a ingresar al cabo de seis años.
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8120 agentes
La relación penitenciario-detenido es cercana al 1-1.