Los productores de carne de la provincia temen que el paro de actividades que lleva adelante el personal de SENASA, que se está concretando en distintas dependencias del interior del país, ponga en peligro el desarrollo de las exportaciones hacia la Unión Europea. La falta de garantías sobre el normal funcionamiento del mecanismo de contralor sanitario que depende del Estado nacional, fue la causa por la que le exigieron al Ministerio de Economía generar políticas de contención efectivas para sus empleados, impidiendo de esa manera cualquier posibilidad de que se cierre nuevamente ese mercado internacional.

El conflicto laboral se planteó hace algunas semanas en el organismo nacional, por la falta de definiciones sobre una parte del personal que permanece (desde hace años) en calidad de contratado. Mientras tanto, el próximo domingo arribarán al país los miembros de la Comisión Veterinaria de la Unión Europea que vienen a auditar las distintas etapas de la cadena productiva cárnica.

La solicitud de atender a la problemática fue formalmente planteada ayer por la Sociedad Rural de Río Cuarto. El presidente de la entidad, Delfor Maldonado, consideró que «se trata de una medida inoportuna que pone en peligro las futuras exportaciones de carne de la Argentina, dado que esta semana llega al país una comisión técnica de la Unión Europea que podría recomendar la suspensión de los embarques ante la imposibilidad de garantizar la sanidad de los envíos de carne con ese destino».

Paralelamente, el gerente de la Asociación de Frigoríficos Industriales de Córdoba (AFIC), Daniel Urcía, reclamó que «la efectiva protección para los productores se concretará a través de la dotación del personal necesario que demandan los organismos que tienen que garantizar la calidad sanitaria exigida por los compradores».

Urcía explicó que SENASA duplicó el cupo de mil personas contratadas permitido y que demandará de 300 más en los próximos meses. «Lo que ocurre es que esa cantidad de empleados sobrante fue contratado bajo otra modalidad para subsanar el error y en el nuevo acuerdo no se contemplaron diferencias por el pago de obra social, entre otros aportes», indicó.

En ese contexto, el referente riocuartense aseguró: «no cuestiono el derecho de los trabajadores a defender su situación laboral, pero si el momento en el que se concreta el paro, anteponiendo sus derechos personales a los de la Nación, que siempre deben ponerse en primer lugar».

Maldonado sostuvo que, desde la entidad que preside «se van a realizar todas las gestiones tendientes a procurar que el gobierno nacional asuma su responsabilidad en la generación de políticas de contención de su personal» y agregó que «de otra manera, no haríamos otra cosa que dejar la imagen de un país bananero ante los técnicos de la Unión Europea, gente que llegado el caso no va a dudar en salir corriendo para cerrar negocios en Brasil».

Además, hizo especial hincapié en que el potencial cierre de ese mercado, merced a una parálisis del organismo a quien compete el rol de policía sanitaria de la Nación «no sólo puede llegar a afectar a la actividad productiva primaria sino que se extiende hacia toda la cadena cárnica y alimentaria, incluyendo los puestos de trabajo que se mueven en torno a la provisión de insumos, servicio de fletes, infraestructura de servicios, entre otros».

Por su parte, el presidente de la Unidad de Lucha contra la Aftosa (UEL) Centro Sur y Comechingones, Livio Maglione, indicó que si bien ese ente está en condiciones de atender a los requerimientos de los productores para la comercialización de hacienda, «como el SENASA es el organismo que ejerce el control sanitario oficial, de prolongarse esta medida no se podrán realizar remates ni comercialización directa de la hacienda».

«Esto está afectando seriamente a los productores ganaderos y a las empresas consignatarias, que ven limitadas sus posibilidades de comercializar la hacienda como corresponde», precisó.

Rango ministerial

El reclamo de los ruralistas sirvió también para posicionar su postura frente al rol que tiene la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, de la que depende el SENASA. «El sector necesita de la creación de un Ministerio, porque creemos que es razonable que participe en los órganos de definición, estar dentro de la estructura del gabinete», dijo Maldonado.