El sistema VISEC Carne y VISEC Soja volvió a quedar en el centro de la polémica, luego de una jornada de debate organizada por la Sociedad Rural de Santa Fe, donde productores, dirigentes y especialistas expusieron sus cuestionamientos a las plataformas vinculadas con los requisitos de trazabilidad y certificación exigidos para acceder a determinados mercados internacionales.
El encuentro reunió a más de 200 participantes presenciales y tuvo una importante convocatoria a través del streaming. Durante las exposiciones, los principales cuestionamientos estuvieron dirigidos a los condicionamientos comerciales que, según los productores, se estarían generando alrededor de la adhesión a VISEC, el tratamiento de información personal y la posible concentración de poder en determinados actores de la cadena.
La discusión también puso sobre la mesa el Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea, que establece requisitos vinculados a la comercialización de productos asociados a la deforestación, y el rol que debería asumir el Estado argentino frente a esas exigencias.

Una denuncia ante Defensa de la Competencia
Uno de los principales anuncios de la jornada estuvo a cargo del abogado Esteban Romero, quien explicó los aspectos jurídicos que, a su entender, están en discusión alrededor de las plataformas.
El especialista señaló que el Reglamento 1115 de la Unión Europea puede generar una situación en la que un productor cumpla con toda la normativa argentina, pero aun así no reúna las condiciones exigidas por el mercado europeo.
En ese sentido, sostuvo que existe un cuestionamiento sobre la incidencia de regulaciones externas en el mercado interno y recordó que, según la posición oficial argentina que citó durante su exposición, el país ha objetado el carácter unilateral de la normativa europea.
Romero también puso el foco en la posible distorsión de la competencia que estaría generando la adhesión a VISEC Carne y VISEC Soja.
Según informó, la Sociedad Rural de Santa Fe presentó una denuncia ante la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia para que se investigue el funcionamiento de la plataforma y sus posibles efectos sobre el mercado.
"Hay una obligación de la Constitución a que el mercado esté protegido", sostuvo el abogado al explicar el marco legal.
Entre las conductas que podrían ser objeto de investigación mencionó posibles condiciones discriminatorias, obstáculos al acceso o permanencia en el mercado, negativas injustificadas de compra y eventuales abusos de posición dominante.
Romero aclaró que la autoridad competente deberá analizar los hechos y determinar si existieron infracciones. En caso de comprobarse irregularidades, podría disponer medidas preventivas o sanciones, según explicó.
El manejo de los datos personales, otro foco de preocupación
El abogado también cuestionó la información que los productores deben entregar al adherir a estas plataformas.
Entre los datos mencionó la ubicación de los establecimientos, la geolocalización de los campos, la cantidad de hacienda y otros registros vinculados a la actividad productiva.
Según Romero, la legislación argentina exige que el consentimiento para utilizar datos personales sea libre, expreso e informado, y que se establezca con claridad cuál será su finalidad, quién será responsable de su tratamiento y cuáles serán sus obligaciones.
Durante la exposición mostró lo que describió como el mecanismo de autorización utilizado en SENASA para permitir la transferencia de información a VISEC y cuestionó que, a su entender, no brinda suficiente claridad sobre el destino de los datos.
Además, recordó que los productores pueden solicitar información sobre qué datos se encuentran registrados, pedir su rectificación o actualización y eventualmente solicitar su supresión o revocar el consentimiento otorgado.

"No me quedó otra": la presión que denuncian para poder vender
Uno de los testimonios que generó mayor preocupación fue el de Santiago del Solar, productor agropecuario y exfuncionario de la Secretaría de Agricultura, quien cuestionó el proceso que derivó en la implementación de estas plataformas.
Del Solar sostuvo que, frente a las exigencias europeas, el Gobierno debería haber encabezado una estrategia de negociación institucional con otros países y no haber dejado la resolución del problema en manos de un grupo de empresas privadas.
Según su interpretación, la plataforma terminó ocupando un lugar que condiciona la operatoria comercial de los productores.
"Yo no sé cómo salir de esto. Tengo que vender la hacienda, tengo que pagar las cuentas, tengo que cargar soja y si no firmo VISEC, no puedo comercializar mis granos y mi carne", relató al reproducir las situaciones que, aseguró, atraviesan algunos productores.
El expositor cuestionó que se presente como voluntaria una adhesión que, en la práctica, podría transformarse en una condición para acceder a determinados compradores.
También reclamó que los productores peticionen ante las autoridades nacionales para buscar una solución institucional y una negociación con la Unión Europea.

Coto aseguró que no adhiere a VISEC y que utilizará otras plataformas
Uno de los testimonios que aportó una alternativa concreta al debate fue el de Martín Moldavski, gerente de compras de Coto, quien participó de manera virtual.
El ejecutivo aseguró que la cadena no participa de VISEC y continuará exportando carne certificada utilizando otras plataformas.
"Nosotros no vamos a participar en VISEC, no adherimos a VISEC", afirmó.
Moldavski explicó que la empresa ya trabaja con otras herramientas para garantizar los requisitos necesarios para exportar y remarcó que la adhesión a una plataforma no debería ser una condición para comercializar hacienda.
"Quédense tranquilos que no es VISEC o nada", sostuvo.
El representante de Coto también aseguró que la compañía no exigirá a los productores adherirse a una plataforma para comprarles hacienda y que buscará establecer mecanismos de comunicación más claros respecto de la información que necesita para trabajar.
"Algún dato sí nos van a tener que dar, pero va a quedar claro de manera frontal, de palabra, de persona a persona", explicó.
El testimonio fue uno de los puntos más relevantes de la jornada, porque mostró que, según la empresa, existen alternativas para cumplir con los requisitos de exportación sin necesariamente utilizar BISEC.
El impacto sobre los productores del norte
La productora Laura de Artelendi planteó que el problema podría tener consecuencias especialmente importantes para establecimientos ubicados en regiones con menor desarrollo de infraestructura y potencial productivo.
Durante su exposición cuestionó lo que considera restricciones a las inversiones y mejoras necesarias para desarrollar los campos, como alambrados, corrales, aguadas, caminos, instalaciones y trabajos de manejo de la vegetación.
"Se le pide al productor eficiencia y calidad, pero se restringe la aplicación de las herramientas necesarias para lograrlo", afirmó.
La productora advirtió que, de mantenerse determinadas limitaciones, podría producirse un "congelamiento productivo", con consecuencias sobre la producción, el valor de los campos y las posibilidades de crecimiento de las economías regionales.
En particular, puso el foco sobre el norte argentino, donde sostuvo que muchas explotaciones necesitan inversiones para mejorar su capacidad productiva y que las exigencias vinculadas a la certificación podrían generar dificultades adicionales.
Diferencias de precios y dificultades para comercializar hacienda
Durante el intercambio con los asistentes también surgieron testimonios sobre presuntas diferencias comerciales entre animales que cuentan con determinados registros o adhesiones y aquellos que no.
Un productor de Santa Fe afirmó que, en un remate de invernada, se mencionó una diferencia de $1.000 por ternero dependiendo de si estaba o no incorporado a la plataforma.
Otro participante planteó que algunos productores estarían enfrentando descuentos y dificultades para vender hacienda, mientras que también se mencionaron problemas con el rechazo de caravanas y dificultades operativas del sistema.
Estas situaciones fueron presentadas durante la jornada como reclamos y experiencias de productores, aunque no se expusieron estadísticas consolidadas que permitan dimensionar su alcance a nivel nacional.
"La Unión Europea representa el 2% de los DTE", plantearon durante el debate
El veterinario Bernardo Cané, expresidente del SENASA, cuestionó el impacto que podría generar la segmentación comercial derivada de las exigencias europeas.
Durante su intervención sostuvo que el destino europeo representa una proporción reducida de los documentos de tránsito electrónico de hacienda y advirtió que la implementación de estos requisitos podría generar una división del mercado.
Según su planteo, la discusión no debería limitarse a una plataforma específica, sino centrarse en la posición que adopte Argentina frente a las exigencias internacionales y en las consecuencias que podrían tener para otros productos y destinos comerciales.
También defendió la necesidad de mantener una estrategia común entre los productores y evitar que las restricciones afecten las posibilidades de desarrollo de las regiones ganaderas.
El reclamo final: más negociación y una estrategia común
La jornada concluyó con la lectura de un documento elaborado por los participantes, denominado "Manifiesto de Santa Fe", en el que expresaron su rechazo al sistema y reclamaron una respuesta de las autoridades nacionales.
Entre los principales puntos planteados se incluyeron cuestionamientos a la delegación de funciones en estructuras privadas, al tratamiento de la información de los productores y a las condiciones que, según los asistentes, se estarían generando para comercializar.
El documento también reclamó que el país abandone lo que definieron como una posición pasiva frente a las exigencias internacionales y defienda el desarrollo de sus producciones.
El mensaje que atravesó las distintas exposiciones fue la necesidad de coordinar una estrategia institucional, fortalecer la representación de los productores y buscar alternativas para cumplir con los requisitos de los mercados sin generar condicionamientos adicionales sobre la actividad.
La discusión sobre VISEC, de esta manera, dejó de centrarse exclusivamente en la certificación de productos y pasó a involucrar cuestiones de competencia comercial, acceso a los mercados, privacidad de los datos, representación gremial y el papel del Estado en la negociación internacional.