30 años de cultivos transgénicos: una tecnología que generó USD 197.500 millones y un nuevo desafío para la Argentina

El 25 de marzo de 1996, la Resolución 167/1996 autorizó en la Argentina la producción y comercialización de soja tolerante a glifosato. Treinta años después, aquella decisión marca el inicio de una transformación estructural del agro argentino. 

El informe de Grupo CEO «Treinta años de utilización de cultivos genéticamente modificados en Argentina: del liderazgo temprano a la bioeconomía», elaborado por Eduardo Trigo, Jimena Vicentin Masaro, Nelson Illescas y Pablo Elverdin, actualiza las estimaciones de impacto hasta 2025 y propone una mirada integral sobre el proceso.

La incorporación de cultivos genéticamente modificados (OGM) no fue un fenómeno aislado. Su expansión se articuló con la siembra directa, nuevas estrategias de control de malezas, los servicios de contratistas y cambios en la gestión de las explotaciones. La adopción fue particularmente acelerada: la soja genéticamente modificada superó el 99 % del área sembrada en menos de una década.

Tres décadas de impacto económico y productivo

Entre 1996 y 2025, el estudio estima beneficios brutos acumulados por USD 197.500 millones; USD 39.543 millones corresponden a los últimos cinco años. En la etapa reciente, el maíz —especialmente los eventos apilados con resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas— fue el principal impulsor del crecimiento.

Fuente: Grupo CEO (2026). Valores brutos expresados en dólares corrientes; deben interpretarse como órdenes de magnitud.

A escala del productor, los márgenes de los planteos genéticamente modificados superan a los convencionales en aproximadamente USD 11 por hectárea en soja desde 2018, casi USD 50 por hectárea en maíz desde 2016 y USD 230 por hectárea en algodón, en promedio para 2016–2025. La adopción también se vincula con una expansión de la superficie cultivada y con exportaciones adicionales, concentradas principalmente en harina y aceite de soja.

Cómo se distribuye el valor generado

El informe amplía el análisis de los beneficiarios al incorporar el transporte y la comercialización. Para el promedio 2021–2024, los productores captaron el 52,4 % del beneficio bruto; el Estado, mediante derechos de exportación, el 20,2 %; y los contratistas, el 9,6 %. Transporte y comercialización reunieron otro 9,6 %; la industrialización obtuvo el 5,6 % y las semilleros el 2,6 %.

Distribución del beneficio bruto, promedio 2021–2024. Fuente: Grupo CEO (2026).

La participación de las semilleras es especialmente relevante para el debate sobre incentivos a la innovación. Según el estudio, cerca del 83,5 % del área de soja se siembra con semilla de uso propio o de «bolsa blanca». Los autores consideran que este escenario refuerza la necesidad de modernizar el régimen de propiedad intelectual sobre semillas, especialmente ante las oportunidades de la edición génica y los bioinsumos.

Regulación: una ventaja temprana que exige actualización

La creación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) en 1991 aportó previsibilidad al desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías. En 2015, la Argentina volvió a anticiparse al establecer un procedimiento para determinar si los productos obtenidos mediante edición génica debían considerarse OGM. Sin embargo, la experiencia de Brasil —que autorizó la soja genéticamente modificada más tarde y luego superó ampliamente a la Argentina en superficie— muestra que el liderazgo regulatorio inicial no garantiza por sí solo el liderazgo productivo sostenido. El informe destaca, en esa comparación, la importancia de los incentivos a la innovación.

De la innovación agrícola a la bioeconomía

La próxima etapa, según el trabajo, trasciende la producción primaria. La integración de biomasa, investigación, transformación industrial, servicios digitales y acceso a mercados abre oportunidades para consolidar empresas agrobioindustriales capaces de generar más conocimiento y capturar mayor valor en el país.

Cuatro prioridades para la próxima etapa

El principal legado de estos treinta años no se limita a la cantidad de eventos aprobados ni a los rendimientos obtenidos. Es la demostración de que la articulación entre ciencia, regulación, empresas y productores puede modificar la trayectoria de un sistema agroalimentario. El desafío es trasladar esa capacidad de transformación a una bioeconomía con más conocimiento, competitividad y valor agregado local.

Fuente principal: Grupo CEO (2026), «Treinta años de utilización de cultivos genéticamente modificados en Argentina: del liderazgo temprano a la bioeconomía».

Fuente: Producir Conservando