La discusión sobre cuánto dinero reciben las universidades nacionales lleva más de un año fuera del lugar donde debería resolverse. La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, pero su aplicación quedó atada a un litigio que hoy sigue en la Cámara de Apelaciones, con fallos, apelaciones y multas que no resuelven el problema de fondo que es de dónde sale la plata.
Mientras tanto, el mismo Congreso que insistió con esa ley aprobó el Presupuesto 2026 con una partida de $4,8 billones para las universidades, por debajo de los $7,3 billones que el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había calculado con los criterios de la ley. Hoy conviven dos normas votadas por el Congreso que fijan montos distintos para el mismo gasto.
La historia puede repetirse. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $7,35 billones a las universidades nacionales, mientras que el CIN reclama $11 billones. El debate está abierto en la Comisión de Presupuesto de Diputados, y es la oportunidad para cerrar la brecha con números y no con sentencias.
La Constitución Nacional encomienda al Congreso fijar anualmente el presupuesto de gastos y recursos sobre la base del programa de gobierno (art. 75, inc. 8). Es allí, y no en los tribunales, donde se ordenan las prioridades del gasto público y se decide qué se financia y qué no. La Justicia puede ordenar que se cumpla una ley, pero no puede definir a qué partidas se les quitan recursos para pagarla. Esa decisión, y su costo político, les corresponde a los legisladores.
Para entenderlo en sencillo, quienes se niegan a discutir el financiamiento universitario en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027, apuestan a que sea un juez el que obligue al Poder Ejecutivo Nacional a pagar el costo político de sacarle recursos a otros sectores. Eso habla de la irresponsabilidad de los legisladores que no resuelven el tema donde deberían, en la discusión parlamentaria del Proyecto de Presupuesto 2027.
Pero discutir solo cuánto transfiere el Tesoro no alcanza. La Constitución pide para la educación pública estatal tanto gratuidad como equidad (art. 75, inc. 19). Hoy el sistema financia con los impuestos de todos, incluidos los de menores recursos, la carrera de estudiantes que podrían pagar una cuota razonable.
La propuesta de Libertad y Progreso
1. Resolver el financiamiento en el Presupuesto 2027. Que el Congreso fije en el artículo 12 el monto definitivo para las universidades nacionales y que esa cifra sea la que rija. Así, este tema se resolvería donde corresponde y derogaría la ley en litigio en tribunales.
2. Decir de dónde salen los fondos. Si los legisladores consideran que las universidades deben recibir más, que identifiquen en la misma ley qué partidas se reducen para financiarlo. Incluso los análisis favorables a los reclamos universitarios plantean que se trata de reasignar recursos dentro del Presupuesto: esa reasignación debe estar escrita en la ley y votada.
3. Transparencia y rendición de cuentas. Que cada universidad publique la ejecución de los fondos que recibe, con información comparable y auditada, para que la sociedad sepa cómo se usan los recursos.
4. Arancelamiento selectivo, con gratuidad para quien la necesita. Que los estudiantes de mayores ingresos paguen una cuota razonable, los de ingresos medios una parte, y que los de menores ingresos, más del 40% del alumnado, sigan estudiando gratis. El esquema se aplicaría solo a los nuevos ingresantes.
5. Más fuentes propias de financiamiento. Préstamos de honor con tasa subsidiada, un fondo de solidaridad aportado por graduados que recibieron becas y donaciones de egresados y empresas deducibles del impuesto a las Ganancias, con auditoría del destino de cada aporte.
6. Reformar la Ley de Educación Superior. Hoy la Ley 24.521 prohíbe cobrar aranceles en el grado (art. 2 bis) e impide que recursos de otras fuentes reemplacen el aporte del Estado (art. 58). Modificarla permitiría a las universidades diversificar su financiamiento y ganar autonomía real frente al Tesoro.
"La ley de presupuesto no es una ley más: su función es fijar el gasto del año siguiente. Si el Congreso quiere darles más recursos a las universidades, el lugar para decidirlo es el Presupuesto 2027, diciendo cuánto y a quién se le recorta para pagarlo. Lo que no tiene sentido es aprobar un presupuesto y después pedirle a un juez que lo cambie", señaló Aldo Abram, Director Ejecutivo de Libertad y Progreso.
"Que el hijo de una familia de altos ingresos estudie "gratis" con los impuestos que paga un trabajador de menores recursos no es equidad. Proponemos que pague quien puede y que nadie deje de estudiar por razones económicas. Así las universidades ganan recursos, previsibilidad y autonomía", agregó.
