La discusión por la propiedad intelectual en semillas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda agroindustrial. AmCham Argentina reclamó avanzar con la adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV-91 y sostuvo que una nueva Ley de Semillas debería garantizar una protección efectiva de los derechos de obtentor, en línea con los compromisos asumidos por el país en el acuerdo comercial con Estados Unidos.
Para la entidad, mejorar las reglas de propiedad intelectual es una condición para atraer inversiones, dar previsibilidad jurídica e incentivar la innovación en sectores estratégicos como el agro. En ese marco, consideró que la reforma debe contemplar estándares internacionales de protección y establecer reglas claras sobre el uso propio de semillas.
El planteo llega luego de que la mesa técnica impulsada durante 2026 entre productores y empresas concluyera su trabajo sin alcanzar un acuerdo. Aunque existe coincidencia sobre la importancia de reconocer la propiedad intelectual, persisten diferencias acerca de quién debe pagar por el uso propio de las semillas y de qué manera hacerlo. Además, distintas entidades rurales, entre ellas la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, expresaron su rechazo a UPOV-91.
El compromiso con Estados Unidos y los próximos pasos del Gobierno
Uno de los puntos centrales del planteo de AmCham es el compromiso asumido por la Argentina en el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos. Según la entidad, el país se comprometió a presentar ante el Congreso una propuesta de adhesión a UPOV-91 antes de diciembre de 2027.
En el plano local, una vez finalizadas las mesas de negociación, las áreas de Desregulación y Agricultura señalaron que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso tanto la adhesión a UPOV-91 como un proyecto de Ley de Semillas antes de fin de año.
De acuerdo con el documento de AmCham, el Gobierno trabaja en una propuesta propia bajo la coordinación de Federico Sturzenegger, ante la falta de consenso entre la industria semillera y los productores.
La cámara empresaria considera que la presentación de la iniciativa no debería quedar supeditada indefinidamente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes. También pide que, una vez ingresado el proyecto, se priorice su tratamiento legislativo.
El calendario es otro de los factores que destaca la entidad: plantea que la discusión debería avanzar durante el actual período de sesiones ordinarias o en eventuales sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero, dado que 2027 será un año electoral y podría tener una agenda legislativa más acotada.
Qué plantea AmCham sobre la protección de las semillas
La posición de la entidad es que una nueva Ley de Semillas debe ser compatible con UPOV-91 y garantizar una protección mínima de 20 años para los derechos de obtentor desde su concesión.
Los derechos de obtentor reconocen la protección de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. En este debate, uno de los puntos más sensibles es el alcance del uso propio, es decir, la posibilidad de que los productores reserven semillas de su cosecha para volver a sembrarlas.
AmCham sostiene que una reforma que no incluya la adhesión a UPOV-91, o que contemple un régimen de uso propio tan amplio que termine debilitando los derechos de obtentor, no cumpliría con los compromisos asumidos con Estados Unidos.
La discusión enfrenta así dos cuestiones centrales para el sistema agrícola: por un lado, el reconocimiento de la inversión que realizan las empresas en investigación y desarrollo de nuevas variedades; por otro, las condiciones bajo las cuales los productores pueden utilizar semillas de su propia producción.
Los cambios en propiedad intelectual que ya avanzaron
AmCham destacó una serie de medidas que considera avances en el fortalecimiento de la propiedad intelectual en la Argentina.
Entre ellas, mencionó la derogación, en junio de 2026, de la Resolución 283/2015, que establecía criterios restrictivos para las invenciones biotecnológicas. También señaló que en agosto la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que al momento del documento se encontraba en el Senado.
En materia de semillas, la entidad también destacó el refuerzo de los controles por parte del Instituto Nacional de Semillas (INASE).
A fines de septiembre, el Gobierno anunció además el envío al Congreso de tratados vinculados con áreas clave para la implementación del acuerdo comercial con Estados Unidos, entre ellas patentes, marcas, diseños industriales y protección de señales satelitales. Según el documento de AmCham, esas iniciativas todavía no habían ingresado formalmente al Congreso al momento de su elaboración.
Para la cámara, estos pasos forman parte de un proceso más amplio para alinear el sistema argentino de propiedad intelectual con estándares internacionales.
UPOV-91: qué importancia tiene para el agro
UPOV-91 es una versión del convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, impulsado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Según AmCham, este marco fue adoptado por más de 60 países y permite fortalecer los derechos de los obtentores, además de establecer reglas más claras para el uso propio de semillas.
La entidad considera que una mayor protección de la propiedad intelectual puede incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas variedades, con impacto sobre la productividad y la competitividad de la agroindustria.
En su argumentación, también destaca que los beneficios potenciales no se limitarían a cultivos extensivos como soja y maíz. La cámara incluye entre las actividades que podrían verse alcanzadas al trigo, el algodón y el garbanzo, además de otras producciones vinculadas con las economías regionales.
Para AmCham, el desafío no pasa por otorgar beneficios impositivos, sino por establecer reglas previsibles que favorezcan la inversión, la innovación y el desarrollo de nuevos materiales genéticos.
Una discusión que sigue abierta con las entidades rurales
La adhesión a UPOV-91 continúa siendo un tema de debate dentro del sector agropecuario. La falta de acuerdo en la mesa técnica dejó expuestas las diferencias entre las empresas semilleras y las entidades de productores, particularmente en torno al alcance del uso propio y los mecanismos para reconocer la propiedad intelectual.
Mientras AmCham reclama avanzar con la adhesión y sostiene que el país debe cumplir los compromisos asumidos con Estados Unidos, las organizaciones rurales mencionadas en el documento expresaron su rechazo al convenio.
El desafío del Gobierno será definir una propuesta que contemple los compromisos internacionales y, al mismo tiempo, enfrente las diferencias que persisten dentro de la cadena agrícola.
Por ahora, la atención está puesta en la iniciativa que prepara el Ejecutivo y en la posibilidad de que la adhesión a UPOV-91 y la nueva Ley de Semillas lleguen al Congreso antes de fin de año, tal como anticiparon las áreas oficiales según el documento de AmCham.
