Las ciudades argentinas ya dan señales concretas de electromovilidad; el desafío ahora es extender esa lógica al transporte de cargas de larga distancia.
Pocas actividades combinan una huella ambiental tan alta con una dificultad tan concreta para reducirla como el transporte. A nivel global, el sector aporta cerca del 24% de las emisiones de dióxido de carbono, y dentro de esa porción, la logística de carga —el movimiento de mercaderías por vía terrestre, marítima y aérea— representa alrededor del 40% de las emisiones del sector. En otras palabras, mover mercadería de un punto a otro del mundo, o del país, es una de las principales actividades contribuyentes al cambio climático.
En la Argentina, ese desafío tiene una dimensión particular: la extensión territorial. Trasladar mercadería entre Buenos Aires y el norte o la Patagonia implica recorrer miles de kilómetros, lo que encarece los costos logísticos de casi todas las industrias que necesitan transportar su producción. Ese costo no es solo económico: cada kilómetro recorrido a base de combustibles fósiles suma emisiones a una cadena que ya está bajo la lupa de reguladores, inversores y clientes internacionales cada vez más exigentes en materia de sustentabilidad.
El camino hacia la descarbonización del transporte de carga de larga distancia recién empieza, pero las ciudades argentinas ya muestran el rumbo en el transporte urbano. Cabify ofrece desde hace varios años la compensación del 100% de las emisiones que genera con sus viajes, certificada bajo la norma internacional ISO 14068-1. En Rosario, el Concejo Municipal aprobó en junio una ordenanza para habilitar taxis eléctricos e híbridos, un cambio normativo que el propio sector defendió tanto por su impacto ambiental como por su viabilidad económica. Y en la Ciudad de Buenos Aires avanza el Trambus, el sistema de buses 100% eléctricos que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque hacia fines de 2026, en paralelo a las líneas de colectivos eléctricos que ya circulan en distintos puntos del área metropolitana.
Estos ejemplos muestran que la electrificación es un camino posible, pero también uno que todavía no está al alcance de toda la cadena logística. Renovar una flota de camiones de larga distancia, o incorporar tecnologías de cero emisiones para el transporte de cargas pesadas, implica inversiones que en el corto y mediano plazo resultan económicamente inviables para buena parte de las empresas del sector, sobre todo para las pymes que sostienen buena parte de la logística del interior del país.
Es en ese punto donde los créditos de carbono aparecen como una herramienta de transición. A través de la compensación de emisiones, certificada bajo estándares internacionales, las empresas de transporte y logística pueden neutralizar su huella mientras planifican, a más largo plazo, la renovación de sus flotas o la incorporación de combustibles alternativos. No se trata de un reemplazo de la descarbonización operativa, sino de un puente que permite sostener la competitividad frente a clientes y mercados internacionales que exigen cadenas de valor con menor huella de carbono, sin necesidad de esperar a que la electromovilidad de carga sea una realidad extendida en el país.
Con la logística y el transporte como uno de los sectores con mayores desafíos de descarbonización, y con la Argentina enfrentando el desafío adicional de su extensión territorial, la compensación mediante créditos de carbono se perfila como una alternativa viable para que empresas de todos los tamaños empiecen a transitar, ya, el camino hacia una operación más sustentable.
