La decisión, instruida por el presidente Donald Trump y ejecutada por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, culmina una investigación iniciada en marzo de este año que incluyó audiencias públicas, consultas con gobiernos extranjeros y la revisión de más de 2.100 comentarios presentados por distintas partes interesadas.
"El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales", señaló Greer en un comunicado de la USTR. "Estados Unidos mantiene una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo."
El representante comercial agregó que la medida busca corregir "tanto una violación de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora", con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores a nivel mundial.
Investigación y medidas
Las investigaciones del USTR comenzaron el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Trump y se centraron en dilucidar si las políticas de distintas economías respecto al trabajo forzoso constituían prácticas comerciales desleales que afectaban al comercio estadounidense.
Tras concluir el proceso, la agencia norteamericana determinó que las 60 economías investigadas no habían impuesto ni aplicado eficazmente restricciones a las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso, lo que habilitó la adopción de medidas comerciales bajo la Sección 301.
Como resultado, Estados Unidos estableció tres niveles de aranceles.
Un arancel del 10% se aplicará a las economías que ya cuentan con una prohibición sobre las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso, que se comprometieron a implementarla mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco o que han establecido un régimen parcial para impedir el ingreso de este tipo de productos. En este grupo se encuentran Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.
Por su parte, determinados productos provenientes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza estarán sujetos a aranceles del 10% o 12,5%, descontando la tasa de Nación Más Favorecida (MFN), dependiendo de la categoría del producto.
Para el resto de las economías investigadas se aplicará un arancel del 12,5%.
Exenciones para algunos productos
El USTR informó que también se establecieron exenciones para determinadas categorías de productos, entre ellas, materias primas cuya aplicación de aranceles podría generar problemas de abastecimiento en Estados Unidos, bienes que podrían provocar disrupciones económicas de mayor alcance o productos que no pueden producirse localmente en cantidades suficientes.
Asimismo, se contemplan exenciones para ciertos productos procedentes de Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán y el Reino Unido, con el fin de incentivar la implementación y el cumplimiento efectivo de las prohibiciones sobre las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso.
Según el gobierno estadounidense, estas medidas buscan fortalecer la aplicación de estándares laborales internacionales y eliminar incentivos comerciales asociados al uso de trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Primeras reacciones: Frutas de Chile llama a una negociación bilateral
La organización gremial del país andino informó que participó activamente durante todo el proceso de consultas y audiencias convocadas por la autoridad estadounidense. En dichas instancias, la asociación presentó antecedentes técnicos, económicos y comerciales para evitar que la fruta fresca chilena fuera incluida en la medida.
Entre los argumentos expuestos, Frutas de Chile destacó el compromiso del país con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por una institucionalidad laboral, un marco regulatorio y mecanismos de fiscalización que, según indicó, cumplen con los estándares internacionales exigidos por los principales mercados de destino.
Asimismo, el gremio subrayó que la industria frutícola chilena opera con cadenas de suministro altamente trazables y auditadas.
Durante las audiencias, Frutas de Chile también enfatizó el papel que desempeñan las exportaciones chilenas en el abastecimiento del mercado estadounidense. Según explicó la entidad, la producción en contraestación permite mantener una oferta continua de fruta fresca durante gran parte del año, complementando la producción local y beneficiando tanto a consumidores como a supermercados y distribuidores estadounidenses.
Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, aclaró que la resolución del USTR no constituye un pronunciamiento que demuestre la existencia de trabajo forzoso en la fruticultura chilena. De acuerdo con el líder gremial, la decisión está vinculada a aspectos de política comercial y regulatoria.
"Continuaremos trabajando junto a las autoridades para contribuir a una solución que permita resguardar una relación comercial que ha sido beneficiosa para ambos países durante décadas en el marco de un Tratado de Libre Comercio que sigue vigente. La prioridad ahora es avanzar en una negociación bilateral que permita revisar esta medida", afirmó el ejecutivo.
De acuerdo con estudios de Delphi & Peterson Solutions, la fruta chilena genera un impacto económico cercano a US$3.500 millones por temporada en Estados Unidos. Asimismo, el sector aporta alrededor de US$2.000 millones al PIB del país y contribuye a la creación de cerca de 19.500 empleos directos cada temporada.
Finalmente, el gremio reafirmó su disposición a trabajar junto a la Cancillería chilena, el Ministerio de Agricultura y los organismos competentes para apoyar las gestiones orientadas a revisar la medida y preservar la relación comercial de largo plazo entre Chile y Estados Unidos.
Por su parte, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, manifestó: "Nos preocupa la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel adicional de 12,5% a los productos chilenos, porque afecta la competitividad de nuestras exportaciones y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores".
El dirigente lamentó que no se hayan considerado los argumentos presentados por Chile, especialmente teniendo en cuenta su trayectoria como socio comercial serio, confiable y cumplidor de sus compromisos internacionales.
"Estados Unidos es un mercado clave para la agricultura chilena. Como sector, evaluaremos el impacto de esta medida en los distintos rubros y sus posibles efectos sobre la producción, el empleo y las regiones", dijo Walker.
Fuente: Portal Frutcola
