Hace algunos días asistí a una presentación del consultor Jorge Giacobbe titulada "Ser legal no alcanza". El planteo era simple, pero al mismo tiempo profundamente disruptivo: en las sociedades contemporáneas ya no alcanza con cumplir la ley para desarrollar una actividad económica. También es necesario contar con algo mucho más complejo de obtener: la licencia social.
A lo largo de la exposición fueron apareciendo datos, percepciones e imágenes asociadas a distintos sectores productivos estratégicos para el desarrollo argentino. Petróleo, minería, energía y agroindustria aparecían atravesados por una realidad común: buena parte de la sociedad mantiene opiniones ambiguas, prejuicios o directamente visiones negativas respecto de actividades que resultan fundamentales para la generación de empleo, divisas e inversión.
Mientras observaba aquellas diapositivas, una idea comenzó a tomar forma.
Si entendemos que la construcción de legitimidad es un fenómeno complejo, entonces resulta necesario abordarlo desde una perspectiva sistémica. Es decir, evitando estrategias fragmentadas y comprendiendo que la percepción social sobre una actividad se construye a partir de múltiples actores y dimensiones que interactúan entre sí.
Durante mucho tiempo, la comunicación sectorial estuvo orientada principalmente hacia adentro. Productores hablando con productores. Entidades hablando con entidades. Técnicos hablando con técnicos. Más adelante, especialmente a partir de 2008, el sector comprendió la necesidad de comunicar también hacia la política, buscando sensibilizar a funcionarios, legisladores y tomadores de decisión respecto de la importancia estratégica del agro para el país.
Aquella evolución fue necesaria. Pero quizás quedó una tarea pendiente. Porque mientras se fortalecían los canales de diálogo con la dirigencia política, no siempre se desarrolló con la misma intensidad una estrategia integral de acercamiento y sensibilización hacia la sociedad civil.
Y allí radica, probablemente, uno de los desafíos más importantes para las próximas décadas. No se trata de minimizar la importancia de la relación con los gobiernos. Las decisiones.
públicas continúan siendo determinantes para cualquier actividad productiva. Tampoco se trata de desconocer el trabajo institucional que se viene realizando con otros actores relevantes.
Existen también, experiencias valiosas de sensibilización y capacitación dirigidas al Poder Judicial sobre cuestiones vinculadas a aplicaciones fitosanitarias, evidencia científica, producción agropecuaria y marcos regulatorios. Del mismo modo, distintas entidades desarrollan permanentemente actividades orientadas a fortalecer el diálogo con organismos públicos y espacios de decisión política. Todo ello resulta necesario.
Sin embargo, la construcción de legitimidad no depende exclusivamente de la política. Tampoco depende únicamente de la Justicia. Es un fenómeno sistémico donde intervienen múltiples actores: dirigentes políticos, jueces, medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones educativas y ciudadanía en general. Todos forman parte de un mismo ecosistema.
Y en ese ecosistema existe una realidad que muchas veces pasa desapercibida: tanto los políticos como los jueces operan dentro de una sociedad determinada. No toman decisiones en el vacío. Son influenciados, en mayor o menor medida, por los consensos, percepciones y preocupaciones que predominan en la opinión pública.
Después de todo, los gobiernos cambian. Los funcionarios pasan. Las mayorías electorales se modifican. Pero la percepción social sobre una actividad suele consolidarse durante décadas y termina condicionando las decisiones de quienes gobiernan.
Los políticos rara vez impulsan políticas que entren en contradicción directa con aquello que perciben como el sentido común dominante de la sociedad. En definitiva, la dirigencia política suele actuar guiada por incentivos electorales. Su principal objetivo es conservar o alcanzar el poder. Por ello, cuando una actividad productiva carece de legitimidad social, tarde o temprano esa debilidad termina trasladándose al plano político, regulatorio o judicial.
Por el contrario, cuando una actividad cuenta con respaldo social, su capacidad de resistir coyunturas adversas aumenta considerablemente.
Porque la mayoría de los conflictos asociados a las actividades productivas no nacen en los despachos gubernamentales. Nacen en la percepción pública.
Nacen cuando un vecino cree que el campo contamina sin control. Cuando un estudiante desconoce cómo se producen los alimentos. Cuando una familia observa una pulverización y la asocia automáticamente con una amenaza. Cuando una comunidad percibe que una actividad económica genera ganancias privadas pero no beneficios colectivos.
Por eso, cuando hablamos de licencia social, no estamos hablando únicamente de comunicación. Estamos hablando de legitimidad.
Y allí aparece quizás uno de los mayores desafíos estratégicos para el agro argentino.
Durante décadas el sector aprendió a dialogar con la política. También desarrolló capacidades para defender sus intereses en el plano institucional. Sin embargo, en paralelo, la Argentina experimentó un proceso creciente de distanciamiento entre el mundo urbano y el mundo productivo.
Millones de argentinos viven hoy alejados de los procesos de producción de alimentos, desconocen cómo funcionan los sistemas productivos modernos y construyen sus opiniones a partir de información fragmentada, relatos mediáticos o percepciones indirectas.
En ese contexto, no alcanza con tener razón desde el punto de vista técnico. Mucho menos en tiempos de la posverdad.
La legitimidad social se construye explicando, mostrando, dialogando y generando confianza.
Quizás por eso sea momento de pensar estrategias más ambiciosas de acercamiento entre el campo y la sociedad. Explicar cómo se produce. Mostrar quiénes producen. Abrir los establecimientos educativos al territorio. Generar experiencias inmersivas para estudiantes urbanos. Incorporar herramientas digitales, contenidos audiovisuales y campañas de sensibilización que acerquen el mundo productivo a quienes viven cada vez más alejados de él.
Incluso podrían pensarse iniciativas mucho más disruptivas: programas de intercambio entre escuelas rurales y urbanas, jornadas abiertas de producción, simuladores interactivos o plataformas digitales donde cualquier ciudadano pueda recorrer virtualmente un establecimiento agropecuario y comprender cómo funcionan los procesos productivos.
Una de las iniciativas con mayor potencial transformador sería la creación de programas de residencia breve en establecimientos agropecuarios, destinados a docentes de escuelas urbanas. No se trata de turismo rural ni de visitas protocolares, sino de una inmersión pedagógica que permita a los educadores incorporar a sus aulas una mirada directa sobre los procesos productivos, los ciclos naturales y las decisiones técnicas que implica producir alimentos. Un docente que comprende cómo funciona una rotación de cultivos o un sistema de trazabilidad ganadera tiene herramientas concretas para desmitificar prejuicios que hoy se reproducen, muchas veces sin intención, en el sistema educativo formal.
Las universidades y centros de investigación agropecuaria representan, además, un puente subutilizado entre el campo y la opinión pública. Generar ciclos de divulgación científica con anclaje territorial —charlas abiertas, podcasts producidos desde las propias facultades de agronomía, o informes periódicos escritos en lenguaje accesible sobre el estado del sector— podría contribuir a instalar una narrativa más rigurosa y menos polarizada. La ciencia aplicada al agro tiene historias para contar: sobre adaptación al cambio climático, sobre eficiencia en el uso del agua, sobre biodiversidad en sistemas productivos modernos. El problema no es la ausencia de esos logros, sino la escasa capacidad del sector para traducirlos en relatos comprensibles para el ciudadano común. Vale la pena considerar, también, el rol que pueden cumplir los medios de comunicación especializados, en la construcción de legitimidad social. La prensa agropecuaria tiene una audiencia cautiva y técnicamente informada, pero su influencia real sobre la opinión pública general es limitada si no desarrolla estrategias de distribución hacia plataformas de mayor alcance. Abrir secciones accesibles para lectores no especializados, colaborar con medios generalistas o producir contenidos para redes sociales con criterio periodístico riguroso son pasos que el periodismo agrario puede dar para convertirse en un actor activo del puente que el sector necesita construir.
Quizás la propuesta con mayor capacidad de escala sea también la más novedosa: el desarrollo de simuladores interactivos y plataformas digitales que permitan a cualquier ciudadano recorrer virtualmente un establecimiento agropecuario, comprender sus ciclos productivos y tomar decisiones simuladas sobre manejo del suelo, sanidad animal o uso del agua. Lo que hasta hace pocos años requería una visita presencial —con todos los costos logísticos y de coordinación que eso implica— hoy puede replicarse con herramientas de inteligencia artificial, realidad aumentada y modelado en tres dimensiones a una fracción del costo y sin límite geográfico. Un adolescente, una maestra o un funcionario en la Legislatura porteña podrían, desde sus teléfonos, tomar decisiones sobre una campaña agrícola y ver en tiempo real sus consecuencias productivas y ambientales. A diferencia de las jornadas abiertas o los intercambios escolares—todas iniciativas valiosas pero acotadas en su alcance—, una plataforma digital bien diseñada tiene la capacidad de llegar a millones de personas simultáneamente, cruzar fronteras generacionales y convertirse en un recurso educativo permanente.
En un país donde la brecha entre el campo y la ciudad es también una brecha de imaginarios, la tecnología disponible hoy ofrece, por primera vez, la posibilidad de cerrarla a escala masiva. Pero ninguna herramienta —ni la más sofisticada— opera en el vacío: su eficacia depende, en última instancia, de que el sector decida apostar e invertir en ese puente de manera deliberada y sostenida, asumiendo que construir legitimidad social no es una tarea de comunicación sino una condición de supervivencia.
Porque las discusiones del futuro no comenzarán en los despachos oficiales ni en los tribunales. Comenzarán mucho antes, en el terreno de las percepciones sociales. Y allí es donde se construyen —o se pierden— las condiciones de legitimidad necesarias para producir, invertir y desarrollarse. Después de todo, las leyes pueden habilitar una actividad. Los gobiernos pueden promoverla. Los jueces pueden interpretarla. Pero es la sociedad quien, en última instancia, le otorga la licencia para perdurar.
Por García Arias Manuel - Lic. Ciencia Política, Gobierno y Administración
