Cada vez que la Argentina vuelve a discutir una nueva Ley de Semillas ocurre lo mismo: se abre una grieta silenciosa dentro del propio campo.
No se trata de soja, maíz o trigo. Tampoco de retenciones. Mucho menos de tipos de cambio.
La pelea es más profunda.
Es una discusión sobre quién captura el valor de la innovación tecnológica que hoy explica buena parte de los rindes que logra la agricultura argentina.
De un lado están los semilleros, los mejoradores genéticos, las empresas biotecnológicas y buena parte del ecosistema científico. Del otro, productores y entidades rurales que defienden el derecho histórico a guardar semilla de su propia cosecha para volver a sembrarla.
Ambos tienen argumentos sólidos.
Y ambos creen que el otro quiere quedarse con una parte del negocio que no le corresponde.
La mirada de la industria: "sin propiedad intelectual no hay innovación"
La industria semillera sostiene algo difícil de discutir: desarrollar genética cuesta millones de dólares y requiere años de investigación.
Un híbrido de maíz, una variedad de soja o un nuevo trigo resistente a enfermedades no aparecen por generación espontánea.
Detrás hay laboratorios, ensayos, mejoramiento vegetal, biotecnología y equipos de investigadores que deben ser financiados.
El planteo es simple.
Si un productor compra una bolsa una vez y luego multiplica indefinidamente esa genética sin retribuir a quien la desarrolló, el incentivo para invertir desaparece.
Desde esta visión, Argentina quedó atrapada en una paradoja.
Es una potencia agrícola global, pero mantiene una legislación de semillas de los años 70 mientras compite con países que ofrecen mayor protección a la innovación.
Por eso entidades como la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), empresas biotecnológicas y distintos referentes del INASE impulsan una actualización normativa compatible con los principios de UPOV 91.
Su argumento es contundente:
si queremos genética de última generación, alguien tiene que pagarla.
La mirada de los productores: "el problema no son las semillas"
Pero del otro lado la respuesta es igual de contundente.
Muchos productores consideran que el debate está planteado de manera incompleta.
Se preguntan por qué se exige más protección intelectual en uno de los países con mayor presión fiscal sobre el agro.
¿Por qué discutir regalías cuando siguen existiendo retenciones?
¿Por qué hablar de incentivos a la inversión cuando el productor continúa absorbiendo riesgos climáticos, financieros y políticos que pocas actividades económicas soportan?
Dirigentes de entidades como APRONOR, sectores de CRA y numerosos productores independientes sostienen que el verdadero problema de competitividad no está en el uso propio sino en el contexto macroeconómico.
Y agregan una preocupación adicional.
Temen que una adhesión plena a UPOV 91 termine concentrando aún más poder en manos de un puñado de compañías globales que controlan buena parte del mercado mundial de semillas y eventos biotecnológicos.
La pregunta que plantean es incómoda:
¿proteger la innovación o consolidar posiciones dominantes?
El gran tema que nadie quiere discutir
Hay una cuestión que suele quedar fuera del debate.
Durante décadas el productor argentino fue, en los hechos, un socio involuntario del desarrollo tecnológico.
Compró genética, la multiplicó, la adaptó y generó información productiva que ayudó a validar tecnologías en millones de hectáreas.
Muchos creen que el sistema de uso propio fue una de las razones que permitieron la extraordinaria expansión agrícola argentina.
Por eso la resistencia no es solamente económica.
También es cultural.
La posibilidad de guardar semilla forma parte de la identidad productiva de amplios sectores del agro.
Modificar ese paradigma implica cambiar una práctica instalada durante generaciones.
El ejemplo que todos miran
Brasil suele aparecer como el modelo que exhiben los defensores de una nueva ley.
Con sistemas más robustos de reconocimiento a la propiedad intelectual, el país logró atraer inversiones masivas en genética y biotecnología.
Pero los críticos responden que la comparación es incompleta.
Brasil también ofrece escala, estabilidad jurídica y políticas de largo plazo que Argentina aún no consiguió consolidar.
Por eso algunos productores consideran injusto copiar una parte del modelo sin replicar las condiciones que lo hicieron exitoso.
El desafío político
El verdadero problema es que ambos sectores tienen razón.
Sin innovación genética será imposible sostener aumentos de productividad en un escenario de mayor presión climática.
Pero sin rentabilidad tampoco habrá productores capaces de adoptar esas innovaciones.
La política deberá encontrar un punto de equilibrio.
Porque si el sistema no remunera adecuadamente a los obtentores, la inversión se frena.
Y si el sistema carga excesivamente sobre los productores, la competitividad también se deteriora.
Lo que realmente está en juego
La discusión sobre UPOV 91 no es una pelea jurídica.
Es una disputa por el reparto del valor dentro de la cadena agroindustrial.
¿Quién debe capturar la renta generada por una nueva genética?
¿Quién asume los riesgos?
¿Quién financia la innovación?
Y, sobre todo, ¿cómo evitar que una solución beneficie a un eslabón perjudicando al otro?
Mientras la política sigue postergando una definición, la agricultura argentina avanza con reglas que todos consideran insuficientes, aunque nadie coincide en cómo reemplazarlas.
Quizás por eso la Ley de Semillas sigue siendo uno de los debates más difíciles del agro.
Porque no enfrenta al campo contra el Estado.
Enfrenta al campo consigo mismo.
Este contenido fue elaborado por el equipo de Agrositio con la asistencia de la IA.
