En el marco de la reunión del Consejo Federal Agropecuario, se llevó a cabo en la provincia de Tucumán la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación Benet. El mismo fue firmado por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; la presidente del SENASA, María Beatriz "Pilu" Giraudo Gaviglio; y el presidente de la Fundación Benet, Ezequiel Baus.
El acuerdo tiene como objetivo establecer un esquema de trabajo conjunto orientado a fortalecer la cooperación técnica, científica e institucional entre las partes, con foco en el desarrollo de acciones vinculadas a la sanidad agroalimentaria, la innovación tecnológica y la mejora de los procesos productivos.
A partir de este convenio, las instituciones acordaron impulsar actividades de capacitación, investigación aplicada, transferencia de conocimiento y generación de información técnica, especialmente en lo referido a la eficiencia, calidad y sostenibilidad de las aplicaciones de productos fitosanitarios, incluyendo tecnologías emergentes como el uso de drones.
"Este convenio es muy importante porque nos permite seguir trabajando de manera articulada entre todos los actores del proceso productivo, generando conocimiento y llevándolo a la práctica", sostuvo el presidente de la Fundación Benet, Ezequiel Baus y explicó que "la tecnología avanza a un ritmo muy acelerado, pero muchas veces la capacitación, la preparación y la generación de datos técnicos no acompañan esa velocidad; por eso este tipo de acuerdos son clave para cerrar esa brecha y asegurar un uso eficiente, responsable y sustentable de las nuevas herramientas en el campo".
Asimismo, se estableció la conformación de un Comité Coordinador integrado por representantes de las tres entidades, con el propósito de planificar, supervisar y evaluar las acciones conjuntas que se desarrollen en el marco del acuerdo.
La articulación entre organismos públicos y el sector privado representa un paso clave para consolidar políticas sanitarias y productivas basadas en evidencia científica, promoviendo la innovación y el desarrollo sostenible del sector agropecuario argentino.
El convenio tendrá una duración de cinco años y permitirá avanzar en la generación de herramientas técnicas que contribuyan tanto a la toma de decisiones como al fortalecimiento de los procesos regulatorios y de control en el ámbito nacional.
