En una decisión que impacta de lleno en la estructura de costos de la ganadería argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) autorizó el registro de una nueva vacuna contra la fiebre aftosa que será comercializada por la firma argentina Tecnovax, con producción en Brasil a cargo del laboratorio Ourofino Saúde Animal.

La aprobación habilita la importación y comercialización del producto en la Argentina, ampliando la oferta disponible para las campañas sanitarias obligatorias y abriendo un nuevo capítulo en un mercado históricamente concentrado. Para el sector agropecuario, el dato no es menor: la vacuna antiaftosa es un insumo estratégico en el esquema sanitario bovino y cualquier variación en su precio impacta directamente en los costos productivos.

Una vacuna clave para el estatus sanitario

La vacuna en cuestión es un biológico bivalente que contiene antígenos inactivados de los serotipos O1 Campos y A24 Cruzeiro del virus de la fiebre aftosa, formulados en emulsión oleosa para su aplicación en bovinos. Según la empresa, el producto fue utilizado durante más de una década en países como Brasil, Paraguay y Uruguay, integrando sus estrategias de control sanitario.

Brasil, de hecho, obtuvo el reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como país libre de fiebre aftosa sin vacunación el año pasado, lo que refuerza la relevancia regional del esquema sanitario.

Para la Argentina, mantener el estatus sanitario es central para sostener mercados de exportación de carne. En ese marco, la incorporación de nuevos oferentes busca fortalecer la competencia sin alterar los estándares de calidad, seguridad y eficacia que exige la normativa local.

Dos años de rechazos y controles técnicos

El proceso no estuvo exento de controversias. Durante casi dos años, el Senasa había rechazado el registro del producto por razones técnicas y regulatorias. Entre los puntos observados, se mencionó que un lote piloto no cumplía con los requisitos de estabilidad térmica exigidos por la normativa argentina: en ensayos a 37 °C, la emulsión se habría roto totalmente, lo que impidió avanzar hacia la etapa de evaluación de potencia.

Además, en expedientes administrativos se había cuestionado que la planta brasileña no se encontraba operativa al momento de algunos ensayos, pese a contar con habilitación formal. El organismo consideraba que los lotes evaluados debían representar una producción real, verificable y auditable.

Con el correr de 2025, la compañía presentó nuevos recursos y documentación. En paralelo, el Gobierno introdujo modificaciones regulatorias —como las resoluciones 749/2025 y 750/2025— que incorporaron mecanismos de “autorización por equivalencia” y permitieron que ciertos controles de series comerciales se realicen en el país de origen bajo estándares internacionales, en línea con una política de apertura para fomentar competencia y reducir costos.

Finalmente, el producto fue incorporado al Registro de Productos Veterinarios, habilitando su ingreso al mercado argentino.

Sturzenegger: “El cambio es moral”

La decisión fue celebrada públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien publicó un extenso mensaje en redes sociales donde encuadró la aprobación en una “batalla moral” contra lo que definió como un sistema de privilegios.

“La aprobación de la vacuna antiaftosa de la brasileña Ourofino Saúde Animal, usando el procedimiento de equivalencia que ya utilizaba el Senasa en el resto de las vacunas animal, es el fin de una batalla innecesaria que duró dos años”, sostuvo.

Según el funcionario, el problema no era empresarial sino sistémico. Afirmó que el Gobierno no cuestiona la existencia de empresarios exitosos —“mejor si muy exitosos”— sino un modelo donde “se usa el poder autoritario del Estado para redistribuir el ingreso de los argentinos a favor de ciertas empresas”.

En su mensaje, vinculó el caso con lo expresado por el presidente Javier Milei sobre la necesidad de desarmar un esquema en el que, según dijo, algunos triunfan no por el valor que aportan sino por su capacidad de lobby o cercanía con el poder político.

“El cambio no es económico sino moral. Un mercado libre lleva justicia donde antes había favoritismo”, escribió, y aseguró que la competencia permitirá reducir el costo de “una vacuna esencial del proceso productivo de nuestra ganadería”.

Impacto en el bolsillo del productor

Uno de los puntos más sensibles para el agro es el precio. Sturzenegger afirmó que el valor de la vacuna ya habría caído “significativamente” desde el inicio de la gestión, aunque reconoció que todavía se encuentra casi al doble del precio al que se comercializaba años atrás en la Argentina y del valor actual en Uruguay.

En ese sentido, señaló que la mayor competencia —y el eventual ingreso de otros jugadores como Vecol o Lauda— podría acelerar la convergencia de precios, reduciendo la carga sobre los productores.

Para la ganadería argentina, que viene enfrentando márgenes ajustados y costos crecientes, cualquier reducción en un insumo obligatorio como la vacuna antiaftosa puede tener un efecto directo en la rentabilidad, especialmente en sistemas de cría extensiva donde el costo sanitario pesa más en la estructura.

Competencia sin confrontación

En su mensaje, el ministro aclaró que la medida “no es contra nadie” y mencionó expresamente a Biogénesis Bagó, uno de los principales productores de vacunas animales a nivel global. “Es el décimo productor del mundo”, destacó, y señaló que el objetivo no es perjudicar a ninguna empresa sino terminar con un sistema que, a su juicio, restringía la competencia local.

El Gobierno sostiene que la apertura busca transformar a la industria farmacéutica veterinaria en una ventaja competitiva para la producción ganadera y para las exportaciones, en lugar de que el mercado interno funcione con barreras que encarezcan los insumos.

Una señal para el agro

La autorización de esta vacuna se inscribe en una agenda más amplia de desregulación y apertura económica. Para el sector agropecuario, el mensaje es doble: por un lado, se amplía la oferta de un insumo crítico; por el otro, el Gobierno deja en claro que buscará revisar esquemas regulatorios que, según su visión, limitaron la competencia.

En un contexto donde la competitividad del agro depende tanto de variables macroeconómicas como de costos internos, la decisión del Senasa y el respaldo político explícito a la competencia en el mercado de vacunas antiaftosa marcan un punto de inflexión. El impacto real se medirá en el precio final que paguen los productores y en la capacidad del sistema sanitario de sostener los estándares que le permiten a la Argentina vender carne al mundo.