Las falacias del "monocultivo" de soja, exclusivo Agrositio S.A.

Por : Daniel Hoyos, Ph.D. en Economía Candidate - ESEADE

a. Introducción

Recientemente, se han alzado numerosas voces - incluyendo la del mismo Ministro de Economía - advirtiendo sobre los riesgos que supondría, para la Argentina, consolidar la aparente tendencia hacia el "monocultivo" de soja.

Nuevamente, como en tantas otras oportunidades, se trata de arrojar una sombra de duda sobre la racionalidad del comportamiento empresario, en particular, y de los agentes económicos privados, en general. Resulta obvio que no puede negarse las decisiones adoptadas pueden estar sujetas a error dadas las limitaciones informativas correspondientes. Sin embargo, también es cierto que un eventual "planificador" o "corrector" de las decisiones privadas enfrentará dichas limitaciones. En realidad, las restricciones que debe asumir son mayores y, consecuentemente, las probabilidades de error son más importantes.

Paralelamente, también debe reconocerse que existen efectos "globales" (como la sustitución de actividades económicas con procesos de producción de más largo aliento) que aparentemente no son computados por los empresarios. Pero este es un fenómeno común denominador de todas las actividades, desarrollar una implica una elección. Lo relevante es si esto fue evaluado. En general, debiera suponerse que los agentes económicos tienen claro cual es su costo de oportunidad relevante. Por tanto, es posible pensar que la decisión adoptada consiste en una alternativa sustentable.

Cabe marcar que el gran miedo de quienes se preocupan por la cuestión del "monocultivo" es que el país tienda a "tropicalizarse". Esto es, a depender en forma significativa de un único cultivo. De esta forma, las bruscas oscilaciones climáticas o en el precio internacional de la producción en cuestión incrementarían la vulnerabilidad macroeconómica de Argentina. Sin embargo, pareciera - de acuerdo a la experiencia histórica - que esta vulnerabilidad está más asociada a las "externalidades negativas" generadas por los vaivenes del sistema político - institucional argentino.

En consecuencia, los mayores esfuerzos deberían estar orientados a corregir esta última realidad que a "discutir" o "reorientar" las decisiones privadas supuestamente erróneas.

b. La falacia del fin del mundo

Si por un momento se pretendiera realizar el ejercicio mental de evaluar la racionalidad de ciertas decisiones deberían considerarse dos aspectos:

(a) El modelo mental de quién toma las decisiones; y
(b) Las condiciones del entorno que este último considera son relevantes.

El primer aspecto podría inferirse más fácilmente, pues quien evalúa se comporta bajo los mismos principios. En efecto, procura pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio, perseguirá una serie de fines asignando los medios disponibles a aquellas necesidades más prioritarias, valorará más los bienes presentes que los futuros, etc.
En tanto, el segundo punto es más complejo. Así, el agente seleccionará aquellas variables (información) que para él sean más relevantes al momento de tomar una decisión y, por supuesto, valorará subjetivamente las alternativas disponibles, seleccionando aquella que resulte más idónea para alcanzar sus fines. En este contexto, la decisión será racional.

Sin embargo, de acuerdo con las críticas vertidas sobre el comportamiento de los productores agrícolas, pareciera que cada uno de ellos enfrentara el fin del mundo. De esta forma, cada productor procuraría extraer el máximo nivel de renta posible en el menor tiempo posible, depredando la tierra y acabando con importantes producciones alternativas, olvidándose de las contingencias de cualquier futuro.

Este argumento luce inconsistente pues se apoya en supuestos erróneos. Podría sostenerse una posición de este tipo si la propiedad de la tierra fuera comunal. Pero no es este el caso. Bajo el supuesto de propiedad privada no comunal, quien decide toma en cuenta no sólo la renta presente sino su mejor estimación de la renta futura. De tal forma, que un comportamiento "depredatorio" solo podría justificarse a partir del hecho que la renta presente fuera lo suficientemente importante como para compensar el valor nulo de los períodos futuros. Lo cual no parecería lógico. Luego, debería esperarse un comportamiento sustentable.

La evidencia empírica estaría indicando que, desde el surgimiento de los "cercamientos" o parcelamiento territorial, la frontera agrícola argentina se ha extendido y, a la par, se ha incrementado su productividad.

Pero, ¿es posible que se adopten prácticas no sustentables? Tal como se señaló anteriormente el error siempre es posible aunque, difícilmente, este puede adquirir un carácter sistemático. Si este fuera el caso, tanto el valor de la producción como el de la propiedad inmueble irá decayendo hasta convertirse en una empresa económicamente no sustentable. Finalmente, la explotación será desplazada del mercado, y tales recursos podrían ser "recuperados" por otro empresario que advierta las potencialidades del negocio.

Recapitulando, es difícil imaginar que los productores se comporten como si tuvieran la convicción de estar "frente al fin del mundo". Dado la propiedad privada no comunal, cabe esperar que tomen en cuenta un horizonte temporal que trascienda el presente. Consecuentemente, su comportamiento será - a la vez - racional y sustentable. Por supuesto, es necesario admitir la posibilidad de errores, pero no se puede obviar que el mercado corregirá el error sistemático.

c. El otro problema: las externalidades

Al mismo tiempo de la discusión sobre la racionalidad se plantea el fenómeno de los resultados no deseados. En efecto, la decisión que toma cada productor constituye un dato para el mercado. Pero esta decisión podría no tomar en cuenta el comportamiento colectivo. Así, cuando un empresario se decide por un tipo de producción "le quita lugar" a otra. Lo cual, en términos agregados, puede ser interpretado como una externalidad negativa. En el caso bajo análisis una ampliación del área de la soja podría implicar "quitar" espacio, por ejemplo, a la producción ganadera, la cual sería difícil de recomponer rápidamente frente a un cambio del contexto internacional.

Ahora bien, esta circunstancia de cambios de dotación relativa se refleja en el mercado y, es un dato, que toman en cuenta los empresarios. Es claro que éstos se encuentaran atentos frente a la aparición de oportunidades de negocios, lo cual se puede transmitir a través del mecanismo de precios. Este es el típico caso de las denominadas externalidades pecuniarias.

La historia luce diferente para las llamadas externalidades tecnológicas. Aquí, hacen su aparición los bienes públicos (por ejemplo, atmósfera y las napas subterráneas). Estos bienes se encuentran caracterizados por la ausencia de derechos de propiedad individual. La preocupación reside en el hecho que el eventual daño que sobre ellos se produzca no sea computado por cada empresario. Ante esta situación, una de las respuestas habituales sería que el estado "regule", apelando a mecanismos compatibles con el mercado o mediante normas concretas. En ambos casos, procurará modificar el comportamiento de los agentes privados. Cualquiera que sea el caso, quienes decidirán - otras personas ejerciendo una función administrativa - lo realizará siempre en condiciones de incertidumbre y, por lo tanto, siempre existirá la posibilidad de error y de una corrección ineficiente en la asignación de recursos. Tampoco cabría descartar que la típica alerta o perspicacia empresarial podría conducir a los empresarios a corregir las prácticas no sustentables con la finalidad de que el negocio recupere su atractivo a largo plazo. La pregunta es ¿por qué sustituir la tecnología? Precisamente, la mayor rentabilidad. En efecto, la adopción de nuevas técnicas, en el peor de los casos, no alterará significativamente la rentabilidad empresaria a largo plazo. Pero ésta, podría crecer si este proceso de sustitución no es aislado. En definitiva, un empresario tiene por función la búsqueda de oportunidades de ganancias y una estrategia sustentable, entonces, podría resultar en una mayor atractividad del negocio.

d. La "tropicalización" de la Argentina

Un último aspecto está vinculado con la vulnerabilidad macroeconómica argentina. La preocupación está centrada en la alta volatilidad que presentan los precios de las "commodities", particularmente la soja. La "soja - dependencia" podría acrecentar la fragilidad económica a corto plazo. En efecto, una significativa baja del precio internacional de este cultivo podría derivar en importantes efectos depresivos sobre la economía local. Sin embargo, la pregunta sería ¿existe una "soja - dependencia"? Una primera idea a considerar sería identificar el peso del sector en términos del producto bruto interno. Así, el sector "agricultura, ganadería, caza y silvicultura" representó, en el 2002, sólo el 6.1% del PBI medido en términos reales. Al mismo tiempo, si bien los productos primarios representaron, para el mismo período, el 20.8% del total de exportaciones argentinas, las "semillas y frutos oleaginosos" ascendieron al 24.4% de este concepto (5.1% del total exportado). Por tanto, si bien se observa cierta relevancia de la producción en cuestión podría pensar que los efectos macroeconómicos de una baja del precio pueden tener alcances limitados.

Donde los efectos parecieran no ser tan limitados en las cuentas públicas. En efecto, los derechos de exportación o retenciones han adquirido un peso cada vez más relevante. Así, en el 2002 tales ingresos representaron 9.9% de la recaudación tributaria nacional mientras que en los 10 primeros meses del corriente año crecieron al 13.1%. Como se puede observar el verdadero problema reside en las cuentas fiscales, un fenómeno muy común en la historia argentina del último siglo. La fragilidad fiscal es un indicador más de la notable inestabilidad institucional. Para ser más gráfico respecto a este punto cabe mencionar que la moneda local sufrió una quita de 11 ceros desde principios del siglo XX, una señal inequívoca de la pérdida de poder adquisitivo, proceso que se aceleró desde la década de los 70.

Este fenómeno de la inestabilidad institucional no es otra cosa que una imagen del sistemático cambio de reglas de juego que relativiza la vigencia del derecho de propiedad y los alcances de los contratos voluntariamente pactados. Un esquema tal atenta contra la acumulación de capital, la mejora de los procesos de producción, la diversificación productiva y, finalmente, el crecimiento sustentable a largo plazo.

Concluyendo, las menciones de "irracionalidad" en el comportamiento está en el sendero equivocado. En efecto, el proceder de los empresarios agrícolas puede interpretarse como una respuesta a los incentivos del mercado. Por el contrario, el cambio permanente de las reglas de juego desde el ámbito público constituyen un inequívoco signo de "tropicalización" que exhibe permanentemente resultados totalmente contradictorios con los objetivos planificados.