El sector agropecuario europeo se ha visto atrapado en una tormenta perfecta y necesita a Europa para salir de ella, tanto como Europa necesita una agricultura y un mundo rural viables económica y socialmente y sostenibles desde el punto de vista medioambiental. La superación de la difícil coyuntura agrícola actual debe hacerse con la ayuda y el acuerdo de Bruselas y no con ataques indiscriminados a la Política Agrícola Común (PAC) como han planteado los elementos más exaltados de las recientes protestas y secundado, de manera irresponsable, gobiernos como los de Francia, Bélgica o Hungría.
La cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo (9 de junio) ha llevado a algunas de las organizaciones convocantes de las tractoradas a incluir demandas ultranacionalistas y proteccionistas que nada tienen que ver con las reivindicaciones de los agricultores de a pie y que, de aplicarse, solo servirían para agravar la difícil situación que atraviesa una parte del sector. Los agricultores españoles, en particular, deberían ser conscientes de que los habituales compañeros de viaje de Vox —como la francesa Marine Le Pen— no buscan incrementar los subsidios agrícolas, sino abolirlos para que cada país se apañe por su cuenta. Un escenario que sería devastador para el campo español.
Las protestas merecen, por tanto, una respuesta adecuada, tanto por parte de la Comisión Europea como de las autoridades nacionales, pero sin poner en cuestión los cimientos de la solidaridad y la apertura de los mercados europeos. El arsenal para socorrer al sector debe mantener las ayudas para momentos de emergencia (que desde el inicio de la pandemia en 2020 superan los 1.000 millones de euros de apoyo adicional), la adaptación y, en ciertos casos, la entrada en vigor de nuevas medidas medioambientales o, incluso, la limitación temporal de ciertas importaciones si se constata una avalancha de productos a un precio que ponga en peligro la estabilidad de los mercados.
Pero en ningún caso se debería aceptar que una crisis coyuntural ponga en duda los objetivos prioritarios que se ha marcado la UE en cuanto a la necesidad de una agricultura compatible con la lucha contra el cambio climático y adaptada a las demandas de un consumo cada día más responsable y consciente del impacto que tienen unas cadenas de producción sin apenas control. Tampoco es asumible que la UE sacrifique su política comercial, basada en acuerdos con terceros países, para abrir mercados a las empresas europeas en aras de proteger a un sector primario que supone el 1,9% del PIB europeo y el 5% del empleo total.
En cambio, sí que sería necesario replantear la PAC para garantizar el efecto redistributivo de sus 378.000 millones de euros (2021-2027). Hasta ahora, un 20% de los propietarios acaparan hasta el 80% de los pagos directos, según reconoce la Comisión Europea. Y la reforma recién estrenada (en vigor desde 2023) solo exige que al menos el 10% de las ayudas se destinen a las pequeñas y medianas explotaciones y reserva un ínfimo 3% para los agricultores jóvenes.
La política agrícola de la Unión carece, además, de una verdadera dimensión rural y se conforma con atender las demandas de organizaciones agrícolas que no representan los intereses de toda la población de los pueblos y las ciudades pequeñas. En total, son más de 137 millones los habitantes de los entornos rurales, según la Comisión, dedicados en su mayoría al sector servicios y a la industria, mientras que el sector agropecuario solo representa el 12% de su empleo. Otra cosa es, lo hemos visto esta semana, su capacidad de movilización.
Fuente: El País
