La decisión presidencial de desacatarlo fue acompañada por 14 gobernadores oficialistas. Se escucharon manifestaciones verbales inaceptables por parte de algunos de ellos y de miembros del poder ejecutivo.
Se trata de un hecho gravísimo contra las instituciones de la República y la división de poderes establecida por la Constitución Nacional. A nuestro juicio, se dan claramente las circunstancias que justifican la iniciación de un juicio político al Presidente de la Nación. Esperamos que el gobierno corrija su inconstitucional actitud y no agrave el conflicto institucional que ha generado.
