Tomando como punto de comparación el gasto mensual de la Administración Pública Nacional correspondiente al mes de julio, según lo estimado por la Oficina Nacional de Presupuesto, nos encontramos con que el pago de intereses de la deuda remunerada del Central equivale a: 130% de lo ejecutado para el pago de Jubilaciones y Retiros; 280% lo destinado al pago de Pensiones; casi 6 veces lo ejecutado para el pago de Asignaciones Familiares; 5,2 veces lo destinado al pago de Subsidios a la Energía; casi 11 veces lo pagado en Subsidios al Transporte; más de 11 lo destinado a Universidades Nacionales; y 7,5 veces lo asignado a Provincias.

Al 11 de agosto, el Central contabilizaba en su balance $7,0 billones en pasivos remunerados (Leliq, pases y Notaliq). En tanto que la tasa de referencia de política monetaria, la de las Leliqs a 28 días, aumentó en las últimas semanas en 1.750 puntos básicos, pasando de 52,0% a 69,5%. Mientras que la tasa de pases pasivos tuvo un incremento similar, pasando de 46,5% a 64,5%.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explica que "la suba en el monto de intereses de la deuda del Central responde a que la entidad se ha dedicado en gran medida a financiar el déficit del Tesoro. En otras palabras, el Banco Central comprometió su propio balance para auxiliar al fisco. Luego, para esterilizar parte de la emisión monetaria, el BCRA emite deuda que paga intereses, como las Leliq. El problema es que hoy el BCRA ya tiene serios problemas en su propio balance, por lo que seguir emitiendo deuda es contraproducente".

"El problema de fondo es pretender financiar el gasto con emisión espuria" agregó Marí. "Es necesario avanzar, como mínimo, en una reforma de la Carta Orgánica que de independencia real al Banco Central y permita focalizar los esfuerzos de la autoridad monetaria en la lucha contra la inflación. Pero también en una reforma fiscal que reduzca el déficit y de haga creíble la promesa de que se dejará de depender de la emisión monetaria para financiar el gasto".

Fuente: Fundación Libertad y Progreso